El PP extiende al Gobierno central el caso de los intrusos en los ERE

El Partido Popular lanzó ayer una ofensiva para posicionar en la batalla política nacional el escándalo de las falsas prejubilaciones en expedientes de regulación de empleo (ERE) en Andalucía, y que contaron con subvenciones públicas, investigación derivada del caso Mercasevilla. La portavoz del PP en la Cámara baja, Soraya Sáenz de Santamaría, avanzó que pedirá la comparecencia parlamentaria de los vicepresidentes Elena Salgado y Manuel Chaves, el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, así como los directores de las sociedades estatales SEPI y Mercasa, presentes en algunas de las grandes empresas beneficiadas por el fondo de ayudas que la Junta de Andalucía ha dotado desde 2001 con 647 millones.

Santamaría tilda el caso como el "mayor fraude de los últimos tiempos"

Javier Arenas también critica a la fiscalía, a la que acusa de inacción

El Ejecutivo andaluz ha descubierto 39 personas que figuran en los expedientes y que nunca trabajaron en las empresas beneficiadas, mientras que la policía ha destapado una red de al menos 12 personas que obtuvo beneficios ilícitos a través de intermediarios con estas falsas prejubilaciones.

Sáenz de Santamaría tildó el fondo público de subvenciones como "el mayor fraude de los últimos tiempos, tanto por el montante como por el destino", y pidió al Gobierno central que esclarezca lo ocurrido con los ERE, a pesar de que la investigación está dirigida por la policía judicial, dependiente del Ministerio de Interior, junto al Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla.

Además, un argumentario interno de los populares critica que el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, no investigue el caso Mercasevilla. El PP cifra la supuesta estafa en el total de las ayudas públicas (647 millones) aunque la investigación aún no ha cifrado el dinero ilícito obtenido.

Mientras, el presidente del PP andaluz, Javier Arenas, echó más leña al fuego tras las críticas a la fiscalía de la secretaria general del partido, Dolores de Cospedal. "Nadie sabe dónde está la Fiscalía Anticorrupción, quizá Conde-Pumpido", ironizó Arenas, para después añadir que los fondos de la Consejería andaluza de Empleo "no tienen apariencia de buena práctica y no lleva camino de ser reconocida así por la ONU". La fiscalía inició la investigación del caso Mercasevilla hace dos años, pero tras tomar declaración a los principales imputados trasladó las diligencias a la juez instructora, que retomó el caso porque el PP denunció los hechos en el juzgado. Mientras, el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, volverá a pedir esta semana una comisión de investigación en el Parlamento andaluz, petición que ya fue rechazada.

La consejera de la Presidencia, Mar Moreno, aclaró que la investigación interna prosigue su curso y la cifra de 39 intrusos en los ERE puede aumentar. "Revisaremos hasta el último expediente y remitiremos al juzgado cualquier irregularidad", dijo. "Estamos dando la cara y no echándole cara a este asunto, porque ningún Gobierno puede evitar que alguien se aproveche de lo público", añadió Moreno, que acusó al PP de facilitar "información confusa y engañosa" sobre el caso.

Por otra parte, el abogado del ex director de Mercasevilla, Fernando Mellet, ha planteado un incidente extraordinario de nulidad que podría reactivar la recusación que ya superó la magistrada del caso, Mercedes Alaya. El letrado José Manuel Carrión solicita a la Audiencia de Sevilla que anule los autos dictados por la magistrada Auxiliadora Echavarri por la denegación de unas pruebas solicitadas.