La definición de consentimiento vuelve a dividir a la UE en una ley crucial para combatir los abusos sexuales a menores

Más de media docena de Estados, entre ellos España, han lamentado este viernes la “falta de ambición” de los Veintisiete a la hora de actualizar la directiva europea contra los abusos sexuales de menores. Hay consenso en que esta ley, que data de 2011, necesita una revisión profunda para ampliar las definiciones de los delitos (y su castigo), especialmente en el ámbito tecnológico con la aparición de la...

Más de media docena de Estados, entre ellos España, han lamentado este viernes la “falta de ambición” de los Veintisiete a la hora de actualizar la directiva europea contra los abusos sexuales de menores. Hay consenso en que esta ley, que data de 2011, necesita una revisión profunda para ampliar las definiciones de los delitos (y su castigo), especialmente en el ámbito tecnológico con la aparición de la inteligencia artificial. Pero los países críticos denuncian que el nuevo texto legal (cuya versión final aún debe ser negociada con la Eurocámara) no llega lo suficientemente lejos en la definición de consentimiento. Especialmente, lamentan que no proteja mejor a los menores que ya han alcanzado la edad de consentimiento para mantener relaciones, pero que, subrayan, siguen siendo, pese a ello, “especialmente vulnerables” a depredadores sexuales.

La propuesta que surge de las negociaciones de los Estados “no es lo suficientemente ambiciosa a la hora de definir, en la parte operativa, qué se puede entender como consentimiento de los menores en edad de consentir”, ha declarado el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, al comienzo del debate de ministros europeos del ramo en Bruselas. De la cita de este viernes ha salido la orientación general, es decir, el texto acordado por los Estados a partir de la propuesta que la Comisión presentó en febrero y que, posteriormente, deberá ser negociado con el Parlamento Europeo, que todavía tiene que fijar su propia posición, para acordar un texto definitivo. Varios ministros, además de Bolaños, han manifestado su esperanza de que se “eleve” la ambición del texto en este segundo proceso negociador que se abre a partir de ahora y que “se siga avanzando en clarificar lo que es consentimiento y lo que se debe definir como tal”, ha precisado el español durante el debate inicial.

Estos países han querido dejar claro su malestar por la falta de avances en materia de la definición de consentimiento, una cuestión que también trabó mucho la aprobación, este año, de la primera gran ley europea contra la violencia machista, en la que finalmente tampoco se logró incluir una definición de la violación basada en el consentimiento.

En una declaración conjunta, Bélgica, Eslovenia, Finlandia, Irlanda, Letonia, Luxemburgo y Suecia recriminan también a sus colegas de la UE que no se haya aprovechado el momento para mostrarse “más ambiciosos” en la protección de los menores de abusos sexuales.

“Lamentamos profundamente que la mayoría de los Estados miembros hayan sido incapaces de apoyar un enfoque más ambicioso para garantizar que los niños que han alcanzado la edad de consentimiento sexual dispongan de la protección jurídica más sólida y completa posible contra los actos sexuales no deseados”, señalan Bélgica, Eslovenia, Finlandia, Irlanda, Letonia, Luxemburgo y Suecia.

Los siete recuerdan positivamente que la Comisión, en su propuesta original, presentada el pasado febrero, introducía el concepto de falta de consentimiento en la definición de violación de menores que han alcanzado la edad de consentimiento sexual y establecía penas de prisión “cuya duración máxima no sea inferior a diez años” (frente a los 12 años propuestos cuando la víctima esté por debajo de la edad de consentimiento).

Esa propuesta “dejaba claro cuándo un niño puede dar su consentimiento y cuándo no es posible que consienta, como cuando está inconsciente, dormido o inmovilidad tónica”, es decir, la parálisis por miedo como reacción del cerebro en situación de colapso, señalan los países firmantes. El texto original también constataba que “la ausencia de consentimiento no puede ser refutada invocando exclusivamente el silencio, la falta de resistencia verbal o física o la conducta sexual pasada del menor”.

Sin embargo, denuncian estos países, al llegar el texto al Consejo, es decir, los Estados, este “ha eliminado partes esenciales” de la propuesta.

Aunque entre los firmantes no está España, que sí firmó otra carta similar en octubre, fuentes del Ministerio de Justicia aseguran que se “comparten las consideraciones de fondo” de los siete signatarios. Tal como ha destacado durante la sesión Bolaños, “el mero silencio, sin más, no puede suponer, en ningún caso, consentimiento”. Además, señalan las fuentes, la directiva, al ser de mínimos, no impide que los Estados vayan más allá. Por lo tanto, aseguran, España seguirá aplicando su Código Penal y la Ley orgánica de libertad sexual, redactada bajo el principio de “solo sí es sí”.

Por su parte, Austria ha lamentado que en el proceso negociador se hayan rebajado las multas previstas para las empresas que fabrican la tecnología que permite delitos como deepfakes (imágenes falsas hiperrealistas) sexuales de menores. Mientras que en leyes medioambientales la pena máxima prevé sanciones por hasta el 5% del volumen de negocios mundial neto de la empresa infractora, los Estados han debatido rebajar en esta ley de menores el montante a las personas jurídicas al 3%.

La Comisión Europea presentó en febrero su propuesta para actualizar la directiva de 2011, considerada obsoleta sobre todo en vista del rápido desarrollo desde entonces de las nuevas tecnologías que han abierto incontables puertas a los depredadores sexuales en un continente como el europeo en el que se estima que uno de cada cinco menores sufren alguna forma de abuso o explotación sexual. Solo en 2022 hubo 1,5 millones de denuncias de abuso sexual infantil en la UE, según Bruselas.

El objetivo es, por una parte, ampliar las definiciones de los delitos de abuso sexual y explotación sexual de menores, introduciendo como tales, entre otros, las fotografías, vídeos y diverso material pornográfico de menores generados con inteligencia artificial, como las conocidas como deepfake. Además, la actualización de la directiva busca garantizar una investigación y un enjuiciamiento más eficaces de estos delitos.