Crissthian Olivera, el activista peruano que ganó un fallo en la Corte IDH por homofobia: “Sigo teniendo miedo de expresar afecto en público”

En agosto de 2004, Crissthian Olivera (Lima, 47 años) estaba leyendo unos versos en voz alta junto a su pareja de aquel entonces en un café de un supermercado que hoy ya no existe, en Lima. Era un poema que su novio había escrito para él. Crissthian cuenta que no se habían dado ni un beso, pero estaban “amelcochados” como el momento lo exigía. Un comensal no soportó la escena y se quejó con los trabajadores, quienes llamaron a seguridad. ...

En agosto de 2004, Crissthian Olivera (Lima, 47 años) estaba leyendo unos versos en voz alta junto a su pareja de aquel entonces en un café de un supermercado que hoy ya no existe, en Lima. Era un poema que su novio había escrito para él. Crissthian cuenta que no se habían dado ni un beso, pero estaban “amelcochados” como el momento lo exigía. Un comensal no soportó la escena y se quejó con los trabajadores, quienes llamaron a seguridad. De pronto, la pareja estaba rodeada por tres agentes dispuestos a echarlos. La administradora del local se les acercó para decirles que al lado del café había un área de juegos para niños y que lo que hacían era inmoral. Luego les dijo cómo debían sentarse y qué tan juntos podían estar. A pesar del amedrentamiento, ellos continuaron allí, pero ya les habían arruinado la cita.

Tras enterarse de que dos compañeros habían pasado el mismo mal rato en el mismo café, en el distrito de San Miguel, Crissthian, un activista por los derechos LGTBI, quien por entonces era vocero del Movimiento Homosexual de Lima (MHOL), decidió denunciar. Primero ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), luego ante el Poder Judicial y, finalmente, ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En las dos primeras instancias su testimonio siempre se puso en tela de juicio, pues “no tenía pruebas fehacientes” de haber sido discriminado.

A mediados de abril, 19 años después, su lucha por fin obtuvo justicia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó que el Estado peruano es responsable por la violación de los derechos a la libertad personal, garantías judiciales, vida privada, igualdad ante la ley y protección judicial en perjuicio de Crissthian Olivera y su expareja, quien falleció hace años. El fallo es un hito: es la segunda sentencia que emite la Corte por un caso de discriminación por orientación sexual en el Perú. Son días de reivindicación para la comunidad LGTBI y de alivio para Crissthian, quien recibe a EL PAÍS en la azotea de un hotel en Miraflores.

Pregunta. ¿Qué siente al lograr justicia después de tanto tiempo?

Respuesta. Una mezcla de emociones. Cierro un ciclo bastante largo de litigio. Jamás imaginé que fuera a durar tanto, pero así son las cosas. Estoy muy agradecido, porque con la noticia de la sentencia he recibido innumerables muestras de cariño y solidaridad. Si lo comparo a como inicié el caso hace 19 años, siento que el odio no es tanto a como lo era antes.

P. ¿Antes del incidente en el café había sufrido discriminación en otro lugar público por estar con su pareja?

R. No por estar con mi pareja, pero hubo un incidente en un gimnasio en el que yo asistía. Por esos días, un Ministro del Interior dijo que los homosexuales éramos incompatibles con las Fuerzas Armadas. Yo, como vocero del Movimiento Homosexual de Lima, demostré mi rotundo rechazo, dando declaraciones a diferentes medios de comunicación. Al día siguiente, cuando fui al gimnasio, el dueño me dijo que las personas me habían visto en la televisión, que se habían quejado y que ya no podía ir más, porque tenían miedo de que por mi sudor les transmitiera el VIH. Me devolvieron mi dinero. Fue muy degradante.

P. ¿Por qué decidió denunciar lo que ocurrió en el café?

R. Porque era un activista y no podía permitir que me discriminaran una vez más. Tenía que predicar con el ejemplo. Yo trabajaba como comunicador para la ONG feminista Demus. Recuerdo que le comenté a mis compañeras lo que me había sucedido y ellas me contaron que dos muchachos habían sufrido lo mismo en el mismo local. Entonces yo dije: esto es una práctica de la empresa. Organizamos un plantón frente al supermercado Santa Isabel y luego me aconsejaron que denunciara el caso legalmente. Quiero resaltar que en todo este tiempo tuve el apoyo de Demus.

P. ¿Qué sucedió cuando contó en televisión su querella a uno de los supermercados más conocidos del país?

R. Pensaron que poco más y estuvimos teniendo sexo. Y nosotros ni siquiera nos habíamos besado, aunque eso tampoco hubiese estado mal porque las parejas heterosexuales lo hacen y nadie levanta la voz ni señala con el dedo. La homofobia y transfobia nos atraviesa a todos. Y el prejuicio te lleva a creer que por ser una persona gay eres pedófilo o alguien con una sexualidad descontrolada.

P. ¿En algún momento de todos estos años pensó en desistir?

R. No, en realidad siempre tuve confianza. Pero creí que el caso sería sencillo. La primera sentencia de Indecopi fue terrible. Poco más y nos pedían que les mostráramos un video del preciso instante en que nos humillaron.

P. ¿Cuándo decidió llevarlo a los organismos internacionales?

R. En el 2011. Tras la sentencia de la Corte Suprema decidimos llevar el caso al sistema interamericano. Primero ante la Comisión y luego ante la Corte. En la Comisión demoró como diez años. Lo entiendo, tienen cargas procesales muy grandes. Además, los casos que llegan al sistema interamericano suelen ser de personas fallecidas. Es raro que una víctima esté viva.

P. ¿Cómo hizo para acreditar la discriminación?

R. Como te decía, a nivel de Perú, tanto Indecopi como el Poder Judicial, sostenían que yo no había generado convicción con mi testimonio y las pruebas presentadas. Hubo una prueba que fue un reportaje que se hizo por ese tiempo, donde yo entré con mi pareja al mismo café con una cámara escondida y a otros locales, y nos volvieron a discriminar. Pero estos organismos nunca lo quisieron admitir, porque alegaban que lo habíamos inventado todo. Insinuaban que yo había contratado al periodista, cuando lo único que se hizo fue registrar lo que solía pasar.

P. ¿Entonces qué cambió en el sistema interamericano?

R. La sentencia señala que no se debe infravalorar el testimonio del denunciante solamente por su orientación sexual, que es lo que hicieron conmigo. Nuevamente los estereotipos: ‘es gay, ¿qué querrá? Miente’. Eso no se puede hacer. Y lo otro es algo que se llama la carga dinámica de la prueba. Establece que debes demostrar la discriminación y presentar indicios, pero no necesariamente pruebas fehacientes. Si presentas indicios de un trato diferenciado, la carga de la prueba se invierte, y es la empresa denunciada quien debe probar que ese trato diferenciado no fue discriminatorio, sino que obedecía a razones objetivas.

P. ¿Cómo se defendieron?

R. El argumento de Santa Isabel se basó en la moral y las buenas costumbres, y el resguardo de la integridad de los niños. La empresa presentó supuestas cartas de apoyo de vecinos. Cada una peor que la otra. En realidad, las autoridades peruanas tuvieron al alcance las evidencias de que hubo discriminación, porque en las actas de intervención del personal decía: “dos personas del sexo masculino cometieron actos de homosexualidad”.

P. Dos décadas después, ¿Lima ha cambiado?

R. El movimiento LGTBI ha crecido y se ha fortalecido. Hay mayor visibilidad, pero también hay una arremetida ultraconservadora. Los peligros que enfrentamos en cuanto a la garantía de nuestros derechos siguen latentes. Por eso sigo teniendo mucho miedo de expresar afecto en público. Me cuesta besarme o agarrarme de la mano con mi pareja en la calle. He demorado 19 años para ser reparado, para que reconocieran que decía la verdad. Nadie que haya pasado por lo que yo pasé quisiera volver a ser tratado como un delincuente. Por eso una de las medidas de la Corte es que debo tener asistencia psicológica gratuita.

P. ¿Qué viene ahora?

R. Que la sentencia se cumpla. Pero estos días son de celebración. El Estado debe realizar campañas de sensibilización, un razonamiento jurídico para administrar justicia en temas de discriminación, y un plan pedagógico para operadores de justicia. Pero también buscamos cambios culturales. Porque podemos tener leyes, protocolos, pero debemos modificar los paradigmas.