La auditoría de los abusos encargada por la Iglesia investigará el encubrimiento y propondrá indemnizaciones

La investigación que la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha encargado al despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo para indagar de forma independiente en los casos de pederastia en la Iglesia de las últimas décadas abordará también el posible encubrimiento de estos delitos por la jerarquía eclesiástica y el pago de indemnizaciones, según aseguran a EL PAÍS fuentes cercanas al proceso. Del mismo modo, sostienen que el equipo...

La investigación que la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha encargado al despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo para indagar de forma independiente en los casos de pederastia en la Iglesia de las últimas décadas abordará también el posible encubrimiento de estos delitos por la jerarquía eclesiástica y el pago de indemnizaciones, según aseguran a EL PAÍS fuentes cercanas al proceso. Del mismo modo, sostienen que el equipo de trabajo colaborará con cualquier investigación que se ponga en marcha desde las instituciones y le facilitará toda la información de que disponga. El objetivo de los obispos, aseguran las mismas fuentes, es que la investigación sea auxiliar y complementaria a la promovida desde el Estado.

El trabajo previsto seguirá el modelo aplicado por la Iglesia de Alemania y, de hecho, el bufete madrileño contará con el asesoramiento del despacho Westpfahl Spilker Wastl (WSW), el mismo que contrató la archidiócesis de Múnich. El resultado fue un informe, publicado a comienzos de este año, que cifraba en 497 las víctimas de abusos sexuales cometidos por 235 religiosos entre 1945 y 2019 solo en ese obispado. El punto más relevante fue que señalaba el presunto encubrimiento de algunos casos por parte de Benedicto XVI, en su paso por la diócesis. Los responsables del despacho también se han asesorado con los autores del informe Sauvé, de la Iglesia francesa.

El presidente de la firma legal Cremades & Calvo Sotelo, Javier Cremades, comparecerá este martes ante la prensa para explicar los detalles de esta investigación, junto al presidente de la CEE, el cardenal Juan José Omella. Los obispos españoles ya informaron este lunes en un comunicado que habían encargado a este bufete una auditoría para que abra un “cauce independiente” para recibir denuncias y revise los procedimientos jurídicos “tendentes a sancionar las prácticas delictivas”, pero no especificaron estas líneas de investigación. Contactada por este periódico para ampliar la información, la CEE ha respondido que esperará a la convocatoria para dar más datos. El despacho Cremades & Calvo Sotelo tampoco ha querido hacer declaraciones y se remite a la rueda de prensa convocada para este martes. Pero sí formula un planteamiento general: “Tenemos el encargo de ir hasta el fondo para que aflore toda la verdad”, aseguran sus portavoces.

El despacho es uno de los líderes en España en demandas colectivas, con una larga experiencia en casos complejos con un enorme número de afectados, como el caso Madoff, con 3.000 demandantes; Bankia, con 3.500; el de los daños de la huelga de controladores, con 15.000 afectados; o el del cartel de coches, con 19.000. En ese sentido, indican que se juegan su prestigio.

Según fuentes conocedoras del acuerdo, los obispos contactaron con el bufete de abogados a principios de enero en busca de un asesoramiento sobre cómo afrontar el problema y, a mediados de febrero, un responsable del despacho compareció ante los obispos en la comisión ejecutiva de la entidad. El objetivo que se encomendó al despacho fue tanto de elaborar un mapa histórico de lo que ha pasado en la Iglesia española respecto a la pederastia, como de abrir un canal para poder hacer una fotografía del problema en este momento y que el mayor número posible de víctimas pueda aportar su testimonio. El bufete ya ha abierto un correo electrónico: denunciaabusos@cremadescalvosotelo.com.

Para este cometido, el bufete creará un equipo interdisciplinar de 18 personas que contará con abogados del despacho y con personalidades externas, como magistrados de reconocido prestigio y expertos en psicología y otras disciplinas. La finalidad es que el equipo de trabajo, aseguran las mismas fuentes, trabaje con total independencia y dé un protagonismo central a las víctimas y a las asociaciones de afectados.

El plazo inicial que se plantea en el proyecto es de al menos entre 12 y 18 meses de trabajo. Además de escuchar el testimonio de las víctimas que se pongan en contacto con el bufete, se pretende también incorporar la información de investigaciones internas que hayan realizado ya órdenes religiosas y diócesis. El trabajo se plantea como una auditoría externa y el objetivo es presentar un informe final con las conclusiones del trabajo que incluya recomendaciones, también sobre indemnizaciones siguiendo los baremos de los tribunales españoles y las compañías aseguradoras. No obstante, al contrario que el informe de la comisión independiente de Francia, no se contempla que incluya estimaciones y extrapolaciones estadísticas, y tampoco valoraciones sobre las causas del problema de los abusos y el funcionamiento interno de la Iglesia.

El paso de la jerarquía eclesial, similar a la que hace dos años puso en marcha la archidiócesis de Munich, supone un giro total en la postura de la CEE, que hasta ahora se negaba a cualquier investigación independiente. No obstante, los acontecimientos se han precipitado a raíz del informe con 251 casos de abusos entregado por EL PAÍS al Papa y al cardenal Omella el pasado mes de diciembre. En enero, Unidas Podemos, ERC y EH Bildu dieron el primer paso desde la política para abordar la cuestión, con la propuesta de una comisión de investigación parlamentaria. Después, el PSOE ha planteado una comisión dirigida por el Defensor del Pueblo. De este modo, de momento hay tres propuestas de otros tantos canales de investigación que, de hecho, podrían ponerse en marcha simultáneamente, mientras los partidos políticos negocian una fórmula de consenso. Y serían cuatro junto a la investigación ya en marcha en la propia Iglesia. Por su parte, la CEE tildó la posible comisión parlamentaria como una “trampa saducea”, y aún sigue sin aclarar su posición sobre la comisión independiente sugerida por el Ejecutivo, ni tampoco si colaborará con esa investigación oficial.

Una iniciativa “indignante” para las víctimas

Para la mayoría de las asociaciones de víctimas, la contratación de un bufete de abogados es una maniobra de la Iglesia para lavar su imagen, “un movimiento de ajedrez para que no salgan adelante otras comisiones”, matiza Fernando García Salmones, miembro de Infancia Robada y víctima de la pederastia en la Iglesia. Cree “indignante” encargar esta tarea a un despacho privado. Infancia Robada publicó este lunes un comunicado en el que dudaba de la credibilidad e imparcialidad de dicho despacho al aseverar que algunos de sus miembros tienen vínculos con el Opus Dei. “Es hora de poner al frente de una auditoría externa a personas con experiencia probada en estos temas”, decía la nota de prensa.

Miguel Ángel Hurtado, víctima de abusos en el monasterio de Montserrat cree que la investigación del despacho de abogados solo será positiva si “llega hasta el fondo del asunto”. “La credibilidad de Cremades & Calvo Sotelo está en juego. Si el objetivo no es esclarecer la verdad, sino colaborar en un lavado de imagen, el daño reputacional será significativo”, añade Hurtado.

Si conoce algún caso de abusos sexuales que no haya visto la luz, escríbanos con su denuncia a abusos@elpais.es