Así es el frente autonómico contra la pandemia: 17 consejeros frente a la covid

En el frente autonómico que gestiona la mayor crisis sanitaria que ha afrontado España los sanitarios son mayoría. Un total de 12 de los 17 consejeros de Sanidad son médicos y una es enfermera, pero también ocupan el puesto abogados, una graduada social y una economista. De los nueve hombres y ocho mujeres designados para estos cargos son más los que presentan un perfil técnico, pero tampoco faltan políticos de larga carrera y fuertemente vinculados al partido que los nombró. Han ganado mucho protagonismo y se han metido en algún charco, pero también los hay que se han refugiado en el mutismo ...

En el frente autonómico que gestiona la mayor crisis sanitaria que ha afrontado España los sanitarios son mayoría. Un total de 12 de los 17 consejeros de Sanidad son médicos y una es enfermera, pero también ocupan el puesto abogados, una graduada social y una economista. De los nueve hombres y ocho mujeres designados para estos cargos son más los que presentan un perfil técnico, pero tampoco faltan políticos de larga carrera y fuertemente vinculados al partido que los nombró. Han ganado mucho protagonismo y se han metido en algún charco, pero también los hay que se han refugiado en el mutismo o han sido relegados. Dos han tenido que tomar las riendas en plena crisis tras la salida abrupta de sus predecesoras.

Comunidad de Madrid

Enrique Ruiz Escudero (Madrid, 53 años) es un médico de dilatada carrera política que partió de la derecha del PP en los noventa, pasó por la ultraderecha del Partido Demócrata Español (Pade) y regresó a las filas populares de la mano de Esperanza Aguirre. Se licenció como cirujano, se colegió como pediatra y se graduó en un máster en Gestión Económica en el Instituto de Empresa Business School. Es hijo del ginecólogo y cofundador del Pade Carlos Ruiz, fue protegido de Aguirre y el único consejero que Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad, salvó de su predecesora, Cristina Cifuentes, en agosto del pasado año.

Venía de ocupar el mismo cargo que ostenta ahora desde septiembre de 2017, pero antes se movió en la Asamblea como presidente de varias comisiones, viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y viceconsejero de Presidencia y Justicia. A esta crisis llegó en medio de una especie de guerra fría con la plantilla sanitaria, que arrastra recortes y privatizaciones desde 2007. Cuando estalló la pandemia, desapareció de las comparecencias públicas bajo el escudo del cierre de la Asamblea por el estado de alarma. No hubo ni una sola reunión telemática hasta el 14 de abril, tras mes y medio que dejó a Madrid como el territorio más azotado por el virus. Después, su partido y su socio de Gobierno, Ciudadanos, se negaron a que compareciese semanalmente por la crisis. Lo ha hecho en un par de ocasiones desde entonces.

El consejero decidió tener un perfil bajo en medio del tsunami que provocó la covid-19. Lo rompió en pocas ocasiones, entre ellas por la titularidad de las residencias de mayores, que Díaz Ayuso acabó retirando a la consejería de Políticas Sociales y entregando a la de Sanidad. Pero mientras miles de profesionales se contagiaban, las urgencias rozaban el colapso, se montaban unidades de críticos en gimnasios, los hospitales sudaban para aguantar y los ancianos morían en residencias, la Consejería de Sanidad callaba, sobre todo ante la oposición.

Un mutismo que se atenuó con el comienzo de la desescalada. Ahí, Ruiz Escudero hizo una defensa cerrada y pública de la preparación de Madrid para pasar de fase, el pasado viernes 8, a la vez que dimitía su directora general de Salud Pública, Yolanda Fuentes, y también a la vez que Díaz Ayuso colocaba a Antonio Zapatero, el que había sido director médico de Ifema, como viceconsejero de Salud Pública. Habló de nuevo este miércoles para anunciar que habían vuelto a pedir la desescalada. Para casi todo lo demás, el silencio. / ISABEL VALDÉS

Cataluña

Alba Vergés (Igualada, Barcelona, 41 años) entró al Govern de JxCat y ERC en 2018 de carambola, para cuadrar las cuentas de un Ejecutivo que aspiraba a ser paritario. Pero ha terminado salvando los muebles a la Generalitat ante la peor crisis sanitaria de la historia reciente. Frente a la rauxa (arrebato) del desbocado president Quim Torra, que anunciaba pasaportes sanitarios sin consenso científico y mascarillas para todos sin stock disponible, Vergés ha sido el seny (sentido). Dominada por la prudencia, la consejera ha aparcado las proclamas independentistas y ha asumido la gestión técnica de la crisis con solvencia.

Aunque se había ganado el recelo del sector por la falta de experiencia (es economista), la pandemia la ha redimido. Aceptó delegar parte de la gestión en los clínicos y los hospitales salieron a flote, aunque también fue muy criticada la decisión de cerrar centros de salud para reorganizar la actividad. No lo tuvo fácil Vergés. La pandemia le tocó en lo personal: vive en Igualada, foco de un brote que obligó a confinar el municipio. La consejera se emocionó al anunciar el cierre de su ciudad, que la obligó a separarse de su familia durante varias semanas.

El baile de cifras de casos y fallecidos continúa, pero Cataluña fue la primera en incorporar los datos de las funerarias para contar los muertos con covid-19 fuera de los hospitales. La consejera también tuvo que tomar el mando de las residencias —en manos de otro consejero de ERC— tras el goteo de fallecidos y salvar la cara de ERC en el Govern.

Vergés también ha tenido que batallar dentro del Govern. Si bien ha criticado el mando único y ha reclamado más autonomía, la consejera ha sorteado proclamas políticas —como que una Cataluña independiente habría menos fallecidos, que dijo otra consejera de JxCat—y ha mantenido buena sintonía con el ministro Salvador Illa. También mantuvo el tipo cuando Torra pasó por encima de su equipo de salud pública e incorporó, como asesor personal, al infectólogo Oriol Mitjà para planear el desconfinamiento. La prudencia en la desescalada, más conservadora que Madrid, al no querer desconfinar Barcelona, ha fortalecido la imagen de Vergés ante la comunidad científica, aunque también se ha ganado las críticas de los sectores económicos y las figuras más liberales del propio Govern. / JESSICA MOUZO

Castilla y León

Verónica Casado (Reims-Francia, 61 años) pasó hace menos de uno de ser la médica de un centro de salud de Valladolid a dirigir el sistema sanitario de una de las comunidades que más ha sufrido la covid-19. Sin embargo, esta no es su primera experiencia en la gestión. Había dejado la actividad pública en 1997, después de haber ocupado diversos puestos técnicos en los Gobiernos del PP -directora médica, gerente de Atención Primaria y subdirectora de Planificación Sanitaria del Ministerio de Sanidad-. En 2018, fue nombrada la mejor médica de atención primaria del mundo en el Congreso de la Organización Mundial de Médicos de Familia que se celebró en Seúl (Corea del Sur). Al año siguiente le llegó la propuesta del Gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos de asumir la cartera.

Casado no se ha quitado de la cabeza su papel como médica de familia. Habla a toda velocidad y defiende con convicción la ruta lenta de transición a la normalidad —todavía no ha pedido que ninguna de las capitales de provincia pase de fase— para desesperación de los sectores empresariales de su región. “Ya recuperaremos el tiempo después”, es su respuesta. “Como médica de familia lo que me interesa es que cuando alguien llegue a un centro de salud se mire si tiene síntomas y se le haga la prueba lo más rápido posible. La economía es importante, pero sin salud el sistema quiebra”. / EMILIO DE BENITO

Castilla-La Mancha

Jesús Fernández Sanz (Pedro Muñoz, Ciudad Real, 60 años) lleva al frente de la sanidad castellanomanchega desde julio de 2015. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Córdoba en 1984, empezó como médico de urgencias en el hospital Nuestra Señora de Alarcos de Ciudad Real y ejerció de inspector médico. Su primer cargo de gestión fue el de director gerente del hospital de Valdepeñas, puesto que ejercería después en el hospital de Ciudad Real y en el de San Juan de Dios de Córdoba. Estando allí le llamó el presidente castellanomanchego para que volviera a su tierra y se incorporara al Ejecutivo tras las elecciones de 2015. Lleva a gala ser de un pueblo de La Mancha, dice un colaborador cercano, que le define como “líder nato, siempre con una sonrisa y haciendo equipo”.

Fernández ha sido muy crítico con la gestión anterior, del Gobierno del PP. Destaca entre sus logros haber convocado la primera oferta de empleo público después de siete años, haber renovado tecnología (TAC, mamógrafos…) y asegura que su comunidad es la segunda que más inversión destina a la atención primaria. Castilla-La Mancha fue la primera que empezó a hacer test rápidos de coronavirus a sus profesionales sanitarios. La marca que compró fue la que después ha usado el Gobierno para el estudio de seroprevalencia. / ELENA SEVILLANO

Comunidad Valenciana

Ana Barceló (Sax, Alicante, 51 años) es una mujer de partido. Abogada de profesión y militante del PSPV-PSOE, llegó al departamento autonómico de Sanidad en 2018 para sustituir a Carmen Montón, que dejó la cartera para ser ministra de Sanidad en el Gobierno de Pedro Sánchez. Entró en el Ejecutivo que preside Ximo Puig después de curtirse como alcaldesa, diputada autonómica y secretaria provincial del partido.

Reservada y poco mediática, la consejera ha comparecido prácticamente a diario —fines de semana incluidos— desde que estalló la pandemia para informar de la evolución de la enfermedad, incluso en momentos personales difíciles como fue el fallecimiento de su madre en plena emergencia sanitaria. Cometió su desliz más desafortunado cuando, en pleno debate sobre la escasez de medios de protección y la alta tasa de sanitarios infectados, mencionó como posible fuente de contagio sus viajes y su contacto con familiares. “Mis palabras no han sido afortunadas”, se disculpó luego.

Es una trabajadora infatigable y tiene carácter, pero es muy conservadora en la gestión de la información sobre la pandemia. Le gusta centralizar todo lo que sucede en su departamento y aunque siempre tiene su puerta abierta no es muy dada a reuniones diarias. Su semblante cuando el ministro Salvador Illa anunció el 8 de mayo que la autonomía no pasaba entera a la fase 1 era todo un poema. / CRISTINA VÁZQUEZ

Andalucía

Jesús Aguirre (Córdoba, 65 años) es una de las caras más conocidas de la Junta, pero también una de las más cuestionadas. Médico de familia y senador por el PP durante una década, tuvo su primer examen serio el pasado verano con el mayor brote de listeriosis en España que dejó cuatro muertos, siete abortos y 222 casos. El coronavirus ha tenido una incidencia menor en Andalucía a pesar de cobrarse 1.336 vidas, pero el fiasco de seis lotes con miles de mascarillas defectuosas retiradas de los hospitales, ha disparado el número de sanitarios contagiados y ha minado la imagen de su gestión.

Con un tono que en alguna ocasión ha rozado lo soez y que él llama “coloquial”, Aguirre es adicto a las polémicas. Sobre el aborto en la sanidad pública, dijo el verano pasado que “lo fácil es llegar y el chupetón”, en alusión al método empleado para la interrupción del embarazo. “¿Quién defiende a los no nacidos?”, añadió entonces. Años atrás, como presidente del Colegio de Médicos de Córdoba, impulsó el nombramiento del arcángel Rafael como miembro de honor y afirmó: “¿Por qué el médico tiene que acogerse solo a lo científico y rehuir de lo esotérico?”.

La oposición ha pedido repetidamente su dimisión y las voces críticas desde la sanidad andaluza han crecido contra Aguirre a medida que se frustraban las expectativas para un vuelco de la gestión socialista tras 36 años. Andalucía permanece como la comunidad que menos dedica a la sanidad, con 1.164 euros por persona; la temporalidad de la plantilla ronda el 45%; y el propio Aguirre reconoce que necesita con urgencia 1.800 médicos, pero que le faltan fondos. / JAVIER MARTÍN-ARROYO

Galicia

Jesús Vázquez Almuiña (Baiona, Pontevedra, 58 años) es médico y un hombre del PP. Trabajó en la sanidad pública y privada, ocupó cargos de gestión ya en la Xunta de Manuel Fraga y en 2015, tras 11 años de alcalde de su localidad natal, tomó las riendas del área más conflictiva del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo con varios incendios en activo. Miembro de una familia de armadores, le pasó el bastón de mando municipal a su primo y, con un perfil poco dado a las polémicas a diferencia de su antecesora en la consejería, intentó apaciguar las protestas en el área sanitaria de Vigo, el distrito donde él ejerció como sanitario y en el que se han celebrado las más multitudinarias manifestaciones ciudadanas contra los recortes en la sanidad pública. No le fue bien en la misión.

Con Vázquez Almuiña como consejero dimitieron en bloque una veintena de jefes de servicio de atención primaria del área de Vigo por el deterioro de los centros de salud tras una década de restricciones presupuestarias y se sucedieron huelgas en las urgencias de primaria y en ambulatorios de toda Galicia. La crisis del coronavirus estalló en la sanidad gallega justo después de que una sonora protesta contra el cierre del paritorio de Verín (Ourense) obligara a la Xunta a reabrir el servicio. Durante la pandemia su papel ha sido discreto, como ocurre con la inmensa mayoría de los consejeros de Feijóo. Los anuncios importantes y los posicionamientos frente al Gobierno central han corrido siempre a cargo del presidente, que ha sido el que ha encabezado las reuniones con el comité de expertos sanitarios. Vázquez Almuiña no se ha metido en charcos. / SONIA VIZOSO

País Vasco

El día que se decretó el estado de alarma Nekane Murga (Bilbao, 57 años) cumplía justo un año como consejera de Salud. Su experiencia en la primera línea de la política había sido nula hasta entonces. Doctora en Cardiología muy bien valorada, se puso al frente de la sanidad pública vasca en el peor momento de su historia. En marzo de 2019 aceptó sustituir al consejero Jon Darpón cuando este dimitió a causa del escándalo de las filtraciones en las oposiciones de Osakidetza. Murga iba a ser una solución temporal hasta las elecciones vascas en ciernes, pero su papel en la gestión de la crisis del coronavirus le sitúan ahora como un valor seguro para un futuro Gobierno si Iñigo Urkullu (PNV) repite como lehendakari.

A Murga la había fichado precisamente Darpón en 2017 para dirigir el área de Planificación del Servicio Vasco de Salud. “Sobresalía por su dedicación como jefa de Cardiología del hospital de Basurto (Bilbao), tenía los mejores indicadores profesionales y destacaba por su buena relación con los pacientes y el gremio médico”, afirma su antecesor. Impulsora de la primera unidad de rehabilitación cardiaca de Euskadi, tiene una “paciencia infinita”, aseguran en su entorno profesional.

Nunca había imaginado verse expuesta tanto mediáticamente ni pensaba que iba a tener que afrontar una de las épocas más difíciles para el sistema de salud. En sus apariciones opta casi siempre por leer las intervenciones y evita el euskera, una lengua que no domina. Ella se encuentra más cómoda en una planta de hemodinámica que moviéndose por las alfombras ministeriales. Suele contar “con orgullo” a sus amigos que en una ocasión, cuando viajaba en avión con su marido, le tocó asistir a una persona que había sufrido una parada cardiorrespiratoria y que consiguió salvarle la vida. / MIKEL ORMAZABAL

Navarra

Santos Indurain Orduna (Uztárroz, 61 años) asumió la cartera de Sanidad en agosto pasado como cima de una carrera profesional desarrollada siempre en la sanidad pública navarra. Desde que en 1988 logró su la plaza como médico de familia en Castejón, una localidad del sur de Navarra, su carrera ha estado ligada a la atención primaria durante más de tres décadas. Fue presidenta de la Sociedad Navarra de Medicina de Familia durante siete años y su representante en la junta nacional del colectivo.

Indurain ha ocupado puestos de responsabilidad intermedia en Administraciones navarras de distinto signo político, tanto con el Partido Socialista de Navarra (PSN) como con Unión del Pueblo Navarro (UPN), y llegó a la gerencia de Atención Primaria con el Gobierno de Uxue Barkos (Geroa Bai). No está afiliada políticamente y la actual presidenta, María Chivite (PSN), la propuso para el cargo como independiente. / JAVIER DORIA

Baleares

Patricia Gómez (Toulouse-Francia, 55 años) es diplomada en Enfermería y ha desarrollado buena parte de su carrera como enfermera de atención primaria en Mallorca. Fue nombrada en la primera legislatura de la socialista Francina Armengol en 2015 y se convirtió en la primera enfermera de España en acceder a este cargo político.

La polémica no tardó en desatarse cuando formalizó el nombramiento de su pareja, el médico Juli Fuster, como director general del Servicio Balear de Salud. Fuster fue director general de Planificación y Financiación de la Consejería de Salud entre 2007 y 2011 durante la legislatura del socialista Francesc Antich, periodo en el que conoció a Gómez que entonces ostentaba el cargo de directora de Cuidados y Coordinación Sociosanitaria del Servicio de Salud. Los partidos de la oposición la acusaron de “nepotismo” y el PSOE la defendió esgrimiendo que por su currículum y preparación ambos habrían ocupado los mismos puestos aunque no hubieran sido pareja.

Gómez no había tenido cargos orgánicos de peso dentro del partido hasta su nombramiento. De formas pausadas, sus colaboradores destacan su “sensibilidad y empatía” a la hora de trabajar. Gómez ha mantenido una relación muy cercana en los últimos años con el personal de hospitales y centros de atención primaria, sobre todo con el sector de la enfermería, y durante la pandemia se ha rodeado de un equipo de expertos para apoyarse a la hora de tomar decisiones. / LUCÍA BOHÓRQUEZ

Asturias

El cirujano Pablo Ignacio Fernández Muñiz (Avilés, 54 años) ha desarrollado toda su carrera en esa comunidad. Hasta que el año pasado fue nombrado consejero, ocupaba el cargo de director del área IV del Servicio de Salud del Principado (Sespa), que incluye la gestión del hospital Monte Naranco y el Hospital Universitario Central de Asturias. Aparte de su faceta como médico y gestor, Fernández Muñiz fue nombrado en 2012 miembro del Comité Español de Bioética a propuesta de las comunidades gobernadas por el PSOE. Su incorporación se entendió como un intento de equilibrar un organismo que en aquel momento, cuando acababa de llegar al Gobierno el PP, giraba hacia una mayoría más conservadora.

Durante la crisis del coronavirus, que en Asturias ha sido menos grave que en otras comunidades, Fernández Muñiz ha mantenido un perfil discreto y más técnico. Tiene fama de ser sólido, pero poco dado a florituras de cualquier tipo. “Es poco empático, mal comunicador”, afirma un periodista especializado en temas sanitarios de la comunidad. Quizá por eso el papel más público tanto dentro como fuera de la comunidad lo han asumido el presidente autonómico. / EMILIO DE BENITO

Cantabria

Miguel Rodríguez (Reinosa, 55 años) tiene una amplia trayectoria de gestión sanitaria en Administraciones socialistas: ya ocupó cargos de responsabilidad en el antiguo Insalud y fue subdirector general de Ordenación Profesional (2007-2010) con Elena Salgado de ministra. Desde 2015 dirigía el área sanitaria de Gijón y el Hospital Universitario Cabueñes, hasta que el año pasado fue llamado a sustituir a una polémica consejera de Sanidad en Cantabria.

En un Gobierno de coalición liderado por el partido de Miguel Ángel Revilla, la crisis sanitaria ha provocado algunos roces. Esta misma semana ha tenido que pedir disculpas por unas declaraciones que hizo en el Parlamento regional, en las que dijo que las residencias de ancianos no habían estado a la altura de las circunstancias. El sector pidió su cabeza y su presidente le exigió unas disculpas, que pidió “a los que pudieran sentirse ofendidos”. El presidente cántabro descartó su cese alegando estar “orgulloso” de su gestión hasta el momento.

En el Parlamento cántabro, Rodríguez, más allá de defender su propia gestión de la crisis, ha tenido que erigirse en ocasiones en valedor de algunas medidas del Gobierno central, que también recibe críticas interpuestas desde los escaños autonómicos. / PABLO LINDE

Aragón

Sira Ripollés (Zaragoza, 57 años) lleva apenas cuatro días como consejera de Sanidad de Aragón tras la abrupta salida su predecesora, Pilar Ventura, quien presentó la dimisión tras unas polémicas declaraciones: “En los inicios de la crisis, los profesionales se pusieron a fabricar o adaptar material por sí mismos, algo que en principio incluso se les permitió porque se vio que incluso era un estímulo”. El rechazo y la presión de los profesionales acabaron con quien había comandado la gestión de la crisis sanitaria hasta el momento.

A Ripollés le tocará gestionar la vuelta a la normalidad y el refuerzo de la capacidad de la región para la vigilancia epidemiológica y un posible nuevo rebrote de la mano de un amigo de la infancia. Ripollés y Fernando Simón no solo son de la misma promoción de Medicina, sino que también compartieron veraneo durante su niñez, según publica El Heraldo de Aragón. Ginecóloga, con carné socialista, está especializada e anticoncepción y salud sexual y reproductiva. Para tomar posesión ha dejado su trabajo en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza y las clases que impartía en la Universidad de la misma ciudad. / PABLO LINDE

La Rioja

Su bautismo en la política se dio en 2007 cuando se convirtió en la primera mujer en presidir el pleno del Ayuntamiento de Logroño. Sara Alba (Logroño, 52 años), de convicciones cristianas, destacaba por “su valía en los movimientos sociales”, dice el entonces alcalde, Tomás Santos. Este consiguió que aceptase ir como independiente en las listas del PSOE, partido al que se afilió después. Estuvo ocho años en el Consistorio.

Es graduada social, técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales y titulada como directora de centros de servicios sociales. “Una mujer con mucho carácter, vital”, la define Santos. Fue secretaria federal de los Scouts de España y en 2006 obtuvo la Cruz de la Orden Civil de Alfonso X El Sabio. Antes de volver en 2019 a la política como consejera, Alba dirigió la residencia de personas mayores Santa Justa y presidió la institución Lares que agrupa a estos centros geriátricos. Su primer gran logro al frente del departamento fue resolver un problema que se había enquistado durante la etapa de Gobierno del PP. Los médicos de atención primaria se concentraba todas las semanas para reivindicar mejoras laborales. “A nosotros nos consiguió lo que llevábamos mucho tiempo pidiendo”, comenta una pediatra. / MIKEL ORMAZABAL

Canarias

Julio Pérez Hernández (Santa Cruz de Tenerife, 70 años) es abogado y periodista. Pertenece a la vieja guardia del socialismo canario de los años ochenta. Presidente de las Junta de Obras del Puerto de Santa Cruz de Tenerife (1984- 1987), gobernador civil en Tenerife (1987- 1991), ya fue consejero de Sanidad en los noventa y secretario de Estado de Justicia en el Gobierno de Zapatero en 2007, además de teniente de alcalde de Santa Cruz de Tenerife, institución que abandonó para dedicarse a la abogacía.

Tomó las riendas del departamento en pleno pico de la pandemia en sustitución de Teresa Cruz Oval, que fue destituida. Se afanó en establecer un “mando único” a la hora de afrontar la crisis sanitaria y de mejorar los recursos y coordinación del Servicio Canario de Salud con los hospitales de referencia de las dos provincias y puso en marcha un servicio telefónico permanente para la atención psicológica tanto para los sanitarios como para los ciudadanos en general. Las medidas de confinamiento parecen haber funcionado hasta el momento. Canarias ha mantenido la pandemia a raya, tanto en las primeras fases del confinamiento como en la actualidad con el inicio de la fase I. / PEDRO MURILLO

Extremadura

Médico de familia por vocación, José María Vergeles (Fuente del Maestre, Badajoz, 51 años) también acumula una larga experiencia en puestos de responsabilidad en la Junta de Extremadura con el PSOE. Hijo de un mecánico de coches y un ama de casa, estudió becado la carrera de Medicina en Badajoz. Esta es su segunda legislatura como consejero de Sanidad, con la particularidad de que este mandato ha sumado a su cartera la vicepresidencia segunda del Gobierno autonómico. Encara por tanto la crisis del coronavirus desde un mayor peso político en el Ejecutivo y situado en el foco mediático ya desde la confirmación en su puesto tras las últimas elecciones, en mayo de 2019.

Su bagaje en gestión sanitaria —fue ocho años director general en la consejería— le ha ayudado a enfrentarse a la pandemia, pero asegura que está siendo duro por los fallecidos y que lo está viviendo con mucha intensidad: “Nadie está preparado para esto, no viene con manual de instrucciones”, afirma. Vergeles conoce de primera mano el papel clave que va a tener la atención primaria en la desescalada. Su puesto de funcionario como médico de familia está en el equipo de primaria de Mérida-Norte (Badajoz), donde ejerció cinco años hasta que pasó a puestos de gestión. También ha sido presidente de la Sociedad Extremeña de Medicina Familiar y Comunitaria. / ELENA SEVILLANO

Murcia

Manuel Villegas (Murcia, 60 años), cardiólogo de profesión, entró en política por primera vez en mayo de 2017, cuando fue nombrado consejero de Salud. Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Murcia, Villegas es médico especialista del Servicio Murciano de Salud desde 1990 y era el director médico del hospital Morales Meseguer de Murcia cuando accedió al cargo. Antes había ocupado la dirección médica del hospital más grande de la comunidad autónoma y había sido el jefe de los servicios de Cardiología de ese centro y del hospital Santa Lucía de Cartagena.

Por su perfil técnico y muy poco político, muchos dudaban de su continuidad al frente de la consejería tras las elecciones de 2019. Sin embargo, Miras fue uno de los dos únicos consejeros que siguieron en el Ejecutivo. En algunas ocasiones ha mantenido una postura alejada de la del PP. A comienzos de este año, con respecto al veto parental. Tras hacer algunas críticas a la medida en rueda de prensa, dejó de responder a cualquier cuestión relacionada con el polémico tema. Ha ofrecido ruedas de prensa prácticamente a diario y un 48,7% de los murcianos cree que ha hecho una buena o muy buena gestión de la información durante la crisis sanitaria, según una encuesta del Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública. / VIRGINIA VADILLO

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