El Gobierno confía todavía en que la euroorden surta efecto

El Gobierno no ve resquicio para intervenir en la situación de Carles Puigdemont ni en la de los ex consejeros fugados de España pero siente como propio el revés que ha sufrido el juez Pablo Llarena. En manos del magistrado mantiene el devenir de los políticos fugados y confía en que la situación se revierta a lo largo del proceso judicial. El Gobierno invoca la intención del juez del Tribunal Supremo de recurrir a la justicia europea, además de que "el procedimiento no ha hecho más que empezar", apunta el portavoz, Íñigo Méndez de Vigo.

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El Gobierno aún confía en que la euroorden surta los efectos que llevaron al juez Pablo Llarena a activarla para conseguir la entrega por la justicia alemana del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. "No hay todavía una decisión final; el procedimiento no ha hecho más que empezar". Estas expresiones del ministro portavoz Íñigo Méndez de Vigo obedecen a la expectativa del Gobierno de que los hechos por los que el Tribunal Supremo quiere juzgar a Puigdemont puedan tener equivalencia en Alemania, lo que los jueces de aquel país ahora no ven. La decisión del tribunal alemán es un revés para el Gobierno, aunque se ampare en que no comenta decisiones judiciales, y quiere mitigarlo con la expectativa de que el devenir judicial puede cambiar.

Esos cambios, si se producen, no tendrán nada que ver con el Ejecutivo, ya que no ve el menor resquicio para intervenir en la tramitación de una euroorden. Tanto Puigdemont como el resto de los exconsejeros fugados están dentro del ámbito judicial, recalcan en el Gobierno, que sí está pendiente de los movimientos que pueden darse en el Parlamento de Cataluña para intervenir si fuera necesario. Ese sí es su campo de acción, recalcan fuentes gubernamentales.

Todo está por hacer, según quiere creer el Gobierno, porque, a pesar de la decisión de los jueces de Escocia, Bélgica y Alemania de dejar en libertad a los exconsejeros reclamados por el juez español, "ningún tribunal de esos países se ha pronunciado aún sobre el fondo y se ha limitado a tomar medidas provisionales", señaló el ministro portavoz de Gobierno. "El tribunal de Schleswig-Holstein no se ha pronunciado aún definitivamente", recalcó Méndez de Vigo. Sin posibilidad de conocer los pasos que darán los tribunales respecto a los políticos fugados, el Gobierno analiza desde ayer las vías que se abren y cómo minimizar el impacto político de las decisiones favorables a Puigdemont y a su equipo, que tanta satisfacción han producido en el mundo independentista.

No hay muchas razones para que el Gobierno encuentre aspectos positivos, pero uno de ellos es que el tribunal alemán considera que Puigdemont ha cometido un delito de malversación y, por tanto, no ha dado la razón a los independentistas respecto a que se sigue contra ellos una persecución política.

Apoyo de la fiscalía

No hay base fundada para señalar que "España ha recibido una bofetada de Alemania", señala un ministro, ya que la fiscalía que actúa en la causa de Puigdemont ha atendido los criterios de la justicia española respecto a los delitos de los que se podía acusar al expresident y ha sido un juez alemán quien no lo ha visto así.

La nueva situación de los políticos fugados, junto al empantanamiento en Cataluña donde sigue sin haber un acuerdo para gobernar, sitúa al Ejecutivo de Mariano Rajoy en la necesidad de replantarse sus intenciones iniciales. Si no hay Gobierno en Cataluña, no se puede levantar la intervención de esa comunidad por el artículo 155 y, como consecuencia, el PNV no apoyará los Presupuestos.

Todas las opciones previstas decaen y nuevas amenazas se despiertan, reconocen interlocutores gubernamentales respecto a quién puede ser propuesto para la presidencia de la Generalitat. Si de nuevo se despierta la candidatura de Jordi Sànchez, que está en prisión preventiva, el Gobierno se verá en la necesidad de recurrir esa candidatura ante el Tribunal Constitucional. Pero se temen que incluso pueda ponerse en pie de nuevo la opción a la presidencia de Carles Puigdemont, que simboliza el máximo desafío al Estado, señalan estas fuentes. El Ejecutivo seguirá gobernando, a su pesar, en Cataluña cuando el presidente del Gobierno previó terminar con esa situación el pasado mes de marzo.