México defiende la polémica reforma judicial ante la CIDH: “Los jueces han faltado a su deber y han liberado a narcotraficantes”

México está bajo evaluación del sistema de Estados Interamericanos por la polémica reforma judicial que somete a voto popular la selección de todos los jueces. Las agrupaciones civiles de juzgadores han llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la reforma oficialista, alegando que atenta contra los derechos laborales de los funcionarios judiciales y contra la independencia en la impartición de justicia. La primera audiencia entre las partes ha ocurrido este martes, en Washington. La última esperanza de quienes se oponen a la enmienda está depositada en los tribunales internacionales, luego de que la Suprema Corte de México desechó las impugnaciones a la reforma y confirmó su validez. Sin embargo, por mucho que el asunto escale en el futuro hasta una recomendación o una sentencia condenatoria de la Corte Interamericana, es difícil que México esté en la disposición de acatarla. Morena, el partido en el poder, ha descalificado a la CIDH y a la Organización de Estados Americanos (OEA), a los que considera instrumentos al servicio de las élites conservadoras.

El Gobierno mexicano ha enviado a la audiencia de este martes a dos representantes para defender ante los comisionados la enmienda oficialista. Antonio Montero, director general de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica presidencial, ha afirmado que la reforma es “un gran paso” para democratizar al Poder Judicial. El funcionario ha defendido que México, aun siendo Estado parte, tiene derecho a organizarse “como mejor le convenga” y de “legislar sobre sus intereses”. Ante jueces presentes en la audiencia, incluido el ministro de la Suprema Javier Laynez, Montero ha acusado a los juzgadores mexicanos de “faltar a su deber de impartir justicia”. “Esta reforma era necesaria para recobrar la confianza ciudadana en los tribunales y en general en el sistema de justicia, toda vez que en México los jueces […] han liberado a delincuentes comunes y peligrosos, a narcotraficantes, han dictado sentencias sin perspectiva de género, han legalizado el despojo de tierras de pueblos indígenas, y está ampliamente documentado el nepotismo de los poderes judiciales federal y de los Estados”, ha sostenido. Detrás de él, los asistentes levantaban las cejas ante sus acusaciones, repetidas en su momento por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, gran artífice de la enmienda judicial.

Los integrantes de la CIDH han planteado a los representantes mexicanos sus preocupaciones en torno a la implementación de la reforma. “Parece que hay un consenso en la necesidad de alguna reforma al sistema de justicia, no solo al Poder Judicial. Pero ¿ese proceso de reforma fortalece la independencia, la imparcialidad y la efectividad? ¿Esta reforma en particular nos lleva ahí?”, ha planteado Roberta Clarke, presidenta de la CIDH. “Uno de los riesgos de este nuevo diseño es la susceptibilidad de las personas que van a ser electas a la influencia de las clases de dinero, las élites y la gente en el crimen organizado. ¿Cómo se responde a esta preocupación?”, ha preguntado. La comisionada Andrea Pochak ha advertido de que existe suficiente evidencia de procesos de elección de jueces similares en otros países, con “lecciones aprendidas”. “Hay riesgos de mayor pérdida de confianza, de poca participación ciudadana en las elecciones, de que el sistema de elección popular quede paralizado por tensiones políticas partidarias”, ha apuntado.

Pochak ha referido que el ánimo de democratizar al Poder Judicial no puede contravenir el principio de la independencia de los juzgadores, y que tampoco puede basarse en la remoción colectiva de funcionarios judiciales, una de las principales críticas a la enmienda oficialista. La comisionada ha preguntado a los representantes mexicanos cuál es el diagnóstico que orientó la reforma, si el estudio es conocido y qué investigaciones especializadas se tomaron en cuenta; por qué la enmienda no incluyó a las fiscalías o las defensorías públicas; cómo garantizar que juristas honestos se animen a competir y que la campaña para ser incluidos en la boleta electoral no implique negociaciones indebidas; y cómo impactará el “enorme costo económico” que tendrá la reforma en la promoción y garantía de los derechos económicos y culturales del pueblo.

El comisionado Carlos Bernal ha sido el más duro en sus críticas a la reforma judicial. Ha afirmado que es un “ejemplo de manual de constitucionalismo abusivo”, que tiene lugar, ha explicado, cuando un gobierno intenta desmontar los controles al Ejecutivo. “Se ha visto en los autoritarismos de nuestro tiempo en el mundo entero y yo creo que el caso de México es de libro”, ha señalado. Bernal ha añadido que es “sospechoso” que una fuerza política que ha arrasado en las urnas para la presidencia y el Congreso, como Morena, quiera someter al voto popular la elección de los jueces.

El emisario de México, Montero, ha respondido a los cuestionamientos de la CIDH citando algunos aspectos de la reforma: que los nuevos jueces tendrán que capacitarse constantemente, que serán independientes porque no podrán recibir apoyo de los partidos para hacer campaña, que su permanencia en el cargo está garantizada. Al final, ha criticado las medidas de resistencia de los funcionarios judiciales, que han llamado a paro de laborales, y ha dicho que su defensa les sitúa “en un claro conflicto de interés”. Ha asegurado que hasta ahora no ha habido violaciones a los derechos humanos con la aplicación de la enmienda. “Son especulaciones”, ha afirmado. El funcionario ha hecho eco de la posición oficialista en el sentido de que la reforma judicial fue un “mandato popular” en la elección del pasado 2 de junio. “Fue apabullante, fue total”, ha resumido. La CIDH continuará con las consultas a las partes antes de emitir una resolución.