Martí Batres y la falsa polémica sobre la eliminación de la propiedad privada en Ciudad de México

El jefe de Gobierno de Ciudad de México, Martí Batres, ha presentado a la ciudadanía esta semana una reforma a la Constitución local sobre propiedad privada, pública y social. La modificación, que ya había sido aprobada por unanimidad en el Congreso capitalino el 22 de agosto y salió el lunes publicada en la gaceta oficial, ha alimentado la polémica de que la propiedad privada desaparece en la ciudad, una falsedad. Los bulos crecen sin parar frente a una reforma que solo adecúa el texto local a la Carta Magna federal. Exactamente, el artículo tercero, que trata sobre los principios rectores de la capital, dice ahora: “La Ciudad de México asume como principios el respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y social (...) el respeto a la propiedad en los mismos términos del artículo 27 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos”. Sin embargo, el texto no importaba, la desinformación ya se había propagado.

“Última hora: la propiedad privada ya no es de los ciudadanos, es de los políticos”. “Díganle adiós a la propiedad privada, ahora todos los bienes que han comprado con tanto sacrificio, negocios, casas, automóviles, etcétera, son propiedad del Estado por decreto de Martí Batres”. “Hoy los chilangos ya no tienen casa, pertenece al Estado”. “Estoy ahorrando para mi primer hogar, pero con esta reforma, ¿para qué sirve?”. El mensaje, repetido en decenas de cuentas en redes sociales, se ha convertido este martes en una de las principales tendencias en el país.

La idea también fue amplificada desde videos en medios de comunicación: “Y pueden expropiar, le quitan garantías a la propiedad privada: una casa, un departamento, una colonia... Porque puede decir el Gobierno, ¿qué crees? Ahora es de utilidad pública”, decía el columnista David Páramo en el noticiero de Ciro Gómez Leyva, en horario de máxima audiencia. “Pero siempre han podido expropiar”, contestaba el conductor. “Sí, pero ahora pueden decir que la propiedad ya no es privada, sino que es comunitaria o social. Ese es el problema”. “Ahora va a tener menos seguridad la inversión privada en Ciudad de México”, terminaba Páramo. El video acumula solo en X más de 430.000 visitas.

El 22 de agosto, el Congreso de Ciudad de México tenía que votar en sesión extraordinaria un paquete de iniciativas enviadas por Martí Batres. La larga jornada en la cámara transcurría con normalidad. Cuando llegó el turno de la reforma sobre la propiedad fue el diputado panista Diego Orlando Garrido quien enunció la propuesta. El proyecto ya había sido aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, formada por políticos de Morena, PAN y PRI. “La intención de la iniciativa es la de señalar que existe como principio rector de nuestra ciudad la protección de la propiedad en la dimensión privada, pero también en la dimensión pública y en la dimensión social”, explicaba Garrido, presidente de esta comisión, “en donde para el caso de conflicto, lo social tenga prioridad sobre lo privado, teniendo como principal fundamento a la propia Constitución federal, siendo así la armonización normativa el objetivo central de esta iniciativa en estudio”.

En sus principios rectores, el artículo tercero de la Constitución de Ciudad de México solo incluía el respeto a la propiedad privada. En su propuesta, Batres pidió que el texto dijera “respeto a la propiedad privada, pública y social”. La comisión del Congreso decidió decantarse por “el respeto a la propiedad en los mismos términos del artículo 27 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos”. En el texto federal se señala que “la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada”. El texto establece también que “las expropiaciones solo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización”.

La propuesta de homologar la Constitución local a la federal obtuvo 57 votos a favor, sin abstenciones ni votos en contra. Ese mismo día se aprobó el límite a las rentas en Ciudad de México, también unas reformas sobre mejoramiento barrial y función judicial. En los periódicos del día siguiente no hubo prácticamente mención al cambio sobre la propiedad. Hasta este lunes.

El decreto salió publicado en la Gaceta oficial y el jefe de Gobierno hizo una presentación en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento de casi una hora sobre la modificación. Le acompañaba Martha Ávila, presidenta de la mesa directiva del Congreso de Ciudad de México, y Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que fue quien señaló en primer lugar “la contradicción” del artículo tercero del texto local. “Debemos ser muy enfáticos y claros en que la propiedad privada se mantiene debidamente protegida por el orden jurídico”, señalaba la legisladora, “la referencia expresa al artículo 27 brinda certeza jurídica a toda la ciudadanía”. Ávila también deslizaba sin dar más detalles: “Esta armonización puede convertirse en una piedra de toque para la construcción de algunos capítulos del Programa General de Ordenamiento Territorial para el desarrollo integral de la ciudad durante los próximos años”.

Batres apuntó que la Constitución mexicana, en 2017, al colocar como principio rector solo la propiedad privada reflejó “un retroceso neoliberal” porque “colocó el interés particular como principio supremo, superior a todo interés social”, lo que iba en contradicción con el texto federal. “Ya sé que podría parecer elemental, una obviedad, pero no es así, podría parecer que ceñirnos a lo que dice la Constitución del país es obvio, es lógico, pero en los años del neoliberalismo precisamente lo que se buscó fue demoler, socavar, neutralizar el sentido original del artículo 27”, dijo el jefe de Gobierno, que aprovechó para cargar contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación y su interpretación de la Constitución: “Se dificulta que el actual Poder Judicial pueda realizar interpretaciones de nuestras normas locales en favor de los grupos económicos más poderosos”.

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