Rusia aumenta la presión para someter a la población en los territorios ocupados de Ucrania

Hay dos tipos de ocupación rusa en Ucrania, y las dos se basan en el miedo. La primera es la que afronta la población en la línea del frente, donde la amenaza física está a la orden del día; la otra se produce en la retaguardia, en los municipios bajo dominio ruso, donde se pone en marcha un proceso de asimilación que convierta a los ucranios en futuros ciudadanos rusos. Así lo relatan testimonios de algunas zonas que han vuelto a ser liberadas por el ejército de Kiev.

Járkov, la segunda mayor ciudad del país, es donde las Fuerzas Armadas ucranias han recuperado más terreno, un radio de 33 kilómetros hacia el norte, hacia la frontera rusa, pese a los constantes intercambios de artillería que impiden recuperar la normalidad. En Jersón, al sur, también se ha forzado la retirada de las tropas invasoras en un terreno de 24 kilómetros de longitud desde Mikolaiv hacia la capital provincial. También aquí, como en Járkov, la destrucción y el estruendo de los misiles es la banda sonora día y noche. Ucrania tiene prisa por reconquistar territorio perdido porque, cuanto más tiempo pasa, más se consolida la posición defensiva del enemigo. Y con ella, la capacidad de Moscú de cambiar la estructura social y política.

Yuri, militar retirado que prefiere no dar su nombre completo, coordina desde Járkov una red de voluntarios que ayudan clandestinamente a ciudadanos de pueblos ocupados a huir hacia el territorio en manos de Ucrania. A los vecinos de las zonas bajo su control, las autoridades rusas solo les permiten el desplazamiento a Rusia. A las familias que pierden sus casas se les insta a trasladarse a provincias cercanas del país vecino, según este exmilitar. En las últimas semanas, dice, se han intensificado los registros casa por casa, por el temor a que la proximidad de las Fuerzas Armadas ucranias active a las milicias en la retaguardia. Las viviendas seguras son marcadas por las tropas rusas con señales y las que están vacías pueden ser confiscadas, según el testimonio de Yuri.

Las cintas blancas de plástico alrededor del brazo son la identificación de los militares rusos en la invasión y es la identificación que estaban obligados a llevar los habitantes de Mala Rohan (provincia de Járkov) durante los dos meses que las tropas de Vladímir Putin estuvieron allí estacionadas, hasta finales de abril. El cuartel del regimiento fue establecido en la escuela del pueblo, y fue allí donde varias mujeres fueron violadas, según asegura Alona Klushko. Tiene 33 años y se quedó en su casa junto a su marido, hijo y madre. La única orden que recibieron, explica mientras espera ahora con otros vecinos el reparto de ayuda humanitaria en el Ayuntamiento, era no salir de la vivienda porque, de lo contrario, podían ser abatidos. La liberación de la localidad tras la ocupación rusa también ha revelado las ansias de revancha del otro bando: según un informe de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) del 14 de julio sobre crímenes de guerra en Ucrania, tres soldados rusos capturados recibieron tiros en las rodillas por parte de componentes del batallón paramilitar ucranio Slobozhanschina.

En la localidad no había agua, ni gas, ni electricidad. Las tropas invasoras interrumpieron los suministros. El corte de estos servicios básicos se produjo en varias aldeas de la zona de Járkov visitadas por este periódico tras la retirada rusa. Staryi Saltiv fue liberada el 30 de abril, aunque aún no se puede acceder a la población porque los bombardeos son intensos. Mijaíl y Elena Boinov dejaron el pueblo, a la orilla del río Donets, a principios de junio: su casa ya no existe. Mijaíl es electricista de profesión y sabe bien cómo cortaron los ocupantes el suministro eléctrico: destruyeron la subestación de la zona. Según cuenta en Járkov, donde vive ahora, los rusos también derribaron las antenas de telefonía móvil. De repente, los repetidores al otro lado del Donets, zona sólidamente controlada por Rusia, empezaron a ofrecer señal de teleoperadoras rusas.

El exmilitar Yuri corrobora que el objetivo ruso es evitar la comunicación entre las zonas ocupadas y las de la Ucrania libre. En Donbás (en las provincias de Donetsk y Lugansk) y al sur, en la ciudad de Jersón, el invasor ha cerrado el acceso a redes sociales como YouTube, Facebook o Instagram. Algunas personas, como los Boinov, se arriesgan a desplazarse hacia los límites de sus municipios, donde pueden conseguir algo de cobertura ucrania. El riesgo es ser detenido.

Zoya Mekotina, vecina de la aldea de Vilkhivka (también cerca de Járkov), afirma que mantiene contacto telefónico con un hombre que fue trasladado a un centro de acogida en la provincia de Kursk, en Rusia. Este hombre fue descubierto intentando abandonar Vilkhivka en dirección a Járkov. Fue arrestado y trasladado a Rusia contra su voluntad, según narra Mekotina frente a la verja y la fachada de su casa, tiroteadas. La mujer, de 75 años, vivió dos meses y medio en un sótano y en su calle quedan pocas viviendas intactas.

La BBC informó esta semana de que Naciones Unidas ha contabilizado por lo menos 271 casos de ucranios detenidos por las fuerzas rusas y en algunos casos, torturados. EL PAÍS dio cuenta el pasado junio de las torturas que sufrió una hispano-ucrania en una prisión de Donetsk bajo la custodia del Gobierno prorruso de la provincia. El Ejecutivo de Lugansk firmó el pasado 1 de julio un memorando con la Administración rusa por el que el sistema penitenciario del país invasor sea aplicado en ese territorio.

Rusia también ha empezado a incorporar los territorios ucranios bajo su yugo a su sistema económico. Las exportaciones de cereales ya han empezado y el Ministerio de Defensa ruso ha anunciado que desde Zaporiyia pretende que salgan 150.000 toneladas hacia Arabia Saudí, Irak e Irán. Mientras, Kiev denuncia el robo del grano cosechado en su territorio y presiones a los agricultores de áreas ocupadas. El Gobierno ruso informó el pasado 30 de junio que 7.000 toneladas de grano habían sido transportadas al exterior desde Berdiansk, en la costa del mar de Azov, aunque Turquía impidió la descarga del cereal en el puerto de Karasu ante las denuncias ucranias.

La administración militar rusa ha informado, además, que tiene previsto conectar el próximo 1 de septiembre la central nuclear de Zaporiyia, la mayor de Ucrania, a su red eléctrica. En Melitopol y en Mariupol, en el mar de Azov, se está incentivando la llegada de técnicos rusos para la reconstrucción y puesta en marcha de plantas industriales. El cambio más significativo, sin embargo, es la progresiva incorporación del rublo como moneda de uso corriente.

Denis es un empresario de Kupiansk, en el extremo oriental de la provincia de Járkov, cerca de los límites con Donetsk y Lugansk, en la región de Donbás. Los rusos ocuparon Kupiansk en los primeros compases de la guerra, a finales de febrero, sin resistencia local y con el apoyo del Ayuntamiento. Allí, explica Denis (no da su apellido por temor a represalias), solo hay posibilidad de contratar la telefonía móvil e internet de la empresa rusa Tele2. Todos los productos pueden ser adquiridos en grivnas, la moneda ucrania, o en rublos. Los subsidios que ofrece el Estado ruso solo se pagan en rublos. Otro gran cambio, explica este empresario, es que a partir del próximo curso escolar se introducirá el programa lectivo de Belgorod, la provincia rusa fronteriza. La lengua ucrania se ha suprimido de las señales municipales y del sistema escolar. La administración local, dice, todavía trabaja en los dos idiomas, aunque se prioriza el ruso.

Pasaporte a cambio de subsidios

Rusia prepara la imposición en Jersón del programa lectivo de la anexionada Crimea, aunque los servicios de inteligencia ucranios aseguran que solo el 20% de los centros escolares han aceptado someterse al cambio. En Jersón, como en Zaporiyia, en Donbás o Járkov, las autoridades militares trabajan para convencer a la población de que acepte el pasaporte ruso emitido para estas regiones, o incluso la ciudadanía rusa. Putin firmó el 11 de julio un decreto para facilitar los trámites para que los ucranios obtengan la ciudadanía rusa. El Centro Nacional de Resistencia, un órgano del Gobierno de Ucrania para incentivar la oposición a Rusia en las regiones ocupadas, afirma que el pasaporte servirá para organizar los futuros referéndums unilaterales de separación de Ucrania.

El matrimonio Boinov estima que un 50% de la población de Staryi Saltiv es prorrusa y que muchos aceptaron el pasaporte. Solo con él se tenía acceso a ayuda humanitaria de Moscú. Denis añade otro beneficio que se consigue con el pasaporte ruso: a los jubilados que lo tramiten, se les garantiza una pensión, eso sí, pagada en rublos.

Elena Boinov corrobora que junto a la solicitud del pasaporte se incluye una base de datos para un futuro referéndum de separación de la provincia de Járkov. Ella no lo tramitó. “Los primeros soldados rusos con los que hablamos, nos dijeron que nuestro estilo de vida no es el correcto y que nos lo cambiarían”. Mijaíl, su marido, concluye que el fin de Rusia es intentar destruir la historia de Ucrania.

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