PSOE y Más Madrid acusan al PP de Ayuso de “perseguir al adversario” por investigar a Begoña Gómez

El PSOE y Más Madrid han acusado este miércoles al PP de Isabel Díaz Ayuso de “perseguir al adversario” político tras anunciar la creación de una comisión de investigación en la Asamblea regional para poner el foco en la relación entre Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la Universidad Complutense (UCM), que viene acogiendo dos másteres codirigidos por la esposa del líder de los socialistas. Aunque el objeto de la iniciativa no menciona a Gómez, ni al rector, Joaquín Goyache, los conservadores quieren poner la diana en este directivo, y en “esclarecer” si la profesional recibió un trato de favor por su parte al ser nombrada para dirigir la cátedra extraordinaria en uno de los estudios que codirige. El anuncio del registro de la comisión llega a cinco días de las elecciones europeas y solo unas horas después de que se haya conocido que la mujer de Sánchez ha sido citada a declarar como investigada por la presunta comisión de los delitos de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias.

“A cinco días de las elecciones, Ayuso nos anuncia una comisión de investigación para octubre”, ha criticado este miércoles Juan Lobato, el líder de los socialistas madrileños. “De esto va la mayoría absoluta de Ayuso: de tener transparencia para perseguir al adversario, incluso con bulos y ataques, pero a la vez tener absoluta opacidad para ella misma”, ha argumentado. Y ha ejemplificado: “Prohibido investigar qué pasó en las residencias, la deuda, los contratos... la coherencia en el PP de Ayuso está en vías de extinción”.

En la página web de la UCM, Gómez figura como codirectora de un Máster de Formación Permanente en Dirección de Fundraising Público y Privado en Organizaciones sin Ánimo de Lucro y de un Máster en Transformación Social Competitiva. En este último también aparece como directora de la cátedra. Los populares están especialmente interesados en poner bajo los focos la relación de Gómez con Goyache, y en que el rector explique la decisión adoptada durante su mandato de impulsar ese segundo título, qué criterio se aplicó para que Gómez dirija la cátedra de este, y la relación con las empresas que los financian.

Los trabajos de la comisión deberían arrancar en octubre, y se extenderían hasta 2025. Entre las personas llamadas a declarar es previsible que estén Gómez y Goyache, además de Juan Carlos Barrabés. Este empresario aragonés había sido profesor en los cursos que dirigía Gómez antes de que la mujer del presidente del gobierno firmara a favor de Innvoa Next, una firma propiedad de Barrabés, cartas de recomendación. Estas misivas rubricadas por Gómez como directora de la cátedra de uno de los másters de la Complutense fueron incluidas, junto a otras 31 similares de distintas empresas y entidades públicas, en las ofertas que Innova Next presentó a tres concursos convocados por Red.es, organismo público dependiente del Ministerio de Economía cuando ocurrieron los hechos.

La firma de Barrabés, una UTE con la compañía The Valley, consiguió ganar los tres concursos gracias a la puntuación obtenida en la valoración subjetiva de las ofertas, donde las cartas de recomendación sumaban ocho puntos sobre 100.

Sin embargo, que el PP haya querido centrarse en el caso Gómez ha soliviantado a la izquierda madrileña, que recuerda que los conservadores han bloqueado con su mayoría absoluta más de 8.000 iniciativas suyas en la Asamblea. Entre ellas se incluyen las destinadas a debatir la continuidad de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidencia, tras amenazar a una periodista y distribuir bulos sobre informadores de este diario; las que debían esclarecer los vínculos del grupo sanitario Quirón con la Administración y la pareja de la presidenta, Alberta González Amador, que está siendo investigado por la presunta comisión de dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad en documento mercantil; o las que hubieran permitido que se escuchara la opinión de los expertos que creen que se podrían haber salvado hasta 4.000 de las 7.291 vidas que se perdieron en las residencias durante lo peor de la pandemia.

“Es una tomadura de pelo”, ha dicho Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid, sobre la comisión impulsada por el PP. “Es una falta de respeto que el mismo PP que ha impedido que el Parlamento madrileño investigue sobre los protocolos de la vergüenza en las residencias, o los chanchullos de la presidenta con la compra de material sanitario, ahora quiera someter a la Asamblea a su interés partidista”, ha seguido. “Si la Mesa de la Asamblea da luz verde a este despropósito, estará tomando una decisión injusta a sabiendas, sentando un peligroso precedente, y evidenciando que está dispuesto a vulnerar cualquier principio político para ejecutar los caprichos de la señora Ayuso”.

Una indignación que no comparte Vox, que se ha mostrado a favor de la investigación impulsada por el PP. “Nos parece bien investigar todo lo que ha pasado ahí y controlar el tráfico de influencias, porque parece que se dan muchos más casos”, ha sostenido Rocío Monasterio, portavoz del partido ultra. “Esto a veces no es ilegal, pero es poco ético”, ha seguido. “Lo que no puede ser es que familiares de políticos utilicen su cargo para conseguir contratos, mejores condiciones, o favorecer a determinadas empresas, o a las suyas propias”, ha añadido. Y ha rematado: “Esto es un escándalo, y hay que poner medios para que acabe”.

El apoyo de Vox, en todo caso, es innecesario, ya que el PP goza de mayoría absoluta en el Parlamento de Madrid. Con ese contexto en mente, así ha defendido el portavoz del gobierno de Ayuso, Miguel Ángel García Martín, la procedencia de la comisión de investigación en la Asamblea.

“El reglamento prevé que se puedan crear estas comisiones cuando haya un asunto de interés para la Comunidad de Madrid y tiene mucho interés depurar las responsabilidades políticas en sede parlamentaria y ver el funcionamiento de este tipo de programas de cátedra y de postrgrado”, ha dicho; “saber si ha habido trato de favor a alguna persona o empresa en particular, en este caso a Begoña Gómez; si ha habido quebranto económico, por las informaciones de que se ha podido registrar un software financiado por empresas y por la propia Complutense a nombre de la mujer del presidente del Gobierno; y si se está cumpliendo la normativa cuando se entregan este tipo de cátedras a personas como Begoña Gómez”.

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