El pleno del Ayuntamiento de Barcelona se alía para gestionar los excesos del turismo
El control del número de visitantes centra el último pleno antes de las vacaciones donde se ha aprobado aumentar la tasa turística y la creación de una alianza internacional para promover el turismo responsable
El último pleno, antes de vacaciones, del Ayuntamiento de Barcelona se ha centrado, este viernes, en aprobar iniciativas —la mayoría con los votos en contra del PP y Vox— para intentar gestionar el turismo en la capital catalana. Estas medidas se aprueban la misma semana en que se ha hecho público el último barómetro municipal en el que el turismo se ha convertido el tercer problema que más preocupa a los barceloneses. De hecho, los anuncios coinciden con el malestar que genera el elevado número de visitantes —este año serán más de 28 millones— ya ha provocado manifestaciones en contra.
Por un lado, el pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado provisionalmente —con los votos en contra del PP y Vox— aumentar la tasa turística 75 céntimos, hasta cuatro euros por persona y noche. De esta forma, los turistas que se hospeden en la capital catalana, a partir de octubre, deberán abonar este importe independientemente de si duermen en una pensión, un crucero o un hotel de cinco estrellas. A esa tasa se le sumará el impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos (IEET) de la Generalitat, que oscila entre un euro por persona y noche para las estancias en hoteles de menos de cuatro estrellas y hasta 3,50 euros la noche para los establecimientos de cuatro estrellas. Si se suman ambos impuestos los turistas tendrán que abonar cada noche entre 5 y 7,50 euros.
La aprobación es provisional y en septiembre se votará definitivamente. Con esta medida, el Ayuntamiento pasará de recaudar 95 millones de euros —75 del recargo y 20 del IEET— a 115 millones. “Este no es un impuesto a la ciudadanía, al tejido empresarial, ni a la actividad turística, sino a los turistas que disfrutan de la ciudad”, ha afirmado el cuarto teniente de alcalde y concejal de Economía, Hacienda, Promoción Económica y Turismo del Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Valls. En octubre de 2023, el Ayuntamiento anunció su intención de subir la tasa, que entonces era de 3,25 euros, a cuatro para los cruceristas de corta estancia —aquellos que están la ciudad menos de 12 horas— y los pisos turísticos. La medida, entonces, no contó con el apoyo de la mayoría del pleno. En la sesión de este viernes sí que ha habido mayoría y se ha ampliado la tasa a todos los establecimientos. Pero Valls ha admitido que la intención del gobierno local no es quedarse aquí. “Queremos llegar más lejos del límite legal de cuatro euros por persona y noche. Vamos a pedirle al Govern de la Generalitat eliminar el tope legal que limita el recargo municipal”. De hecho, ya lo avanzó a EL PAÍS el alcalde Jaume Collboni en una entrevista: “Queremos subir la tasa turística al crucerista que pasa menos de 12 horas en Barcelona”. El alcalde socialista se mostró convencido de que puede “combatir las consecuencias de la masificación turística”.
El incremento de la recaudación servirá para financiar el uso intensivo de servicios públicos como la limpieza, la seguridad o el transporte, además de fomentar los espacios de gran afluencia e instalar aire acondicionado en todas las escuelas. La concejal del PP, Àngels Esteller, ha criticado que la medida tiene “un fin puramente recaudatorio y sigue las políticas de Ada Colau de criminalizar y penalizar el turismo”. Por su parte, el representante de Vox, Gonzalo de Oro Pulido, ha pedido “eximir de este pago” a los turistas procedentes de otros puntos de España.
No ha sido la única iniciativa relacionada con el turismo. El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado impulsar una alianza internacional para promover un turismo responsable y sostenible para controlar la carga turística, la ocupación del espacio público y la gestión de los espacios de gran afluencia (EGA). Esta iniciativa, propuesta por ERC, ha recibido el apoyo de todos los grupos municipales, a excepción de PP y Vox, para evitar que el turismo aumente su impacto en el precio y acceso a la vivienda y en el medio ambiente. “Sabemos que el turismo es importante para nuestra ciudad y el país por lo que representa para el PIB y la ocupación que genera, pero no podemos olvidar los impactos negativos que genera: el incremento de los pisos turísticos, la masificación del espacio público o la sustitución del comercio tradicional”, ha afirmado la líder de ERC, Elisenda Alamany. La republicana lamenta que la ciudad se está convirtiendo en un “escaparate” por lo que ha propuesto una alianza para “intercambiar experiencias, conocimientos y políticas públicas”. “Tenemos que encontrar el equilibrio entre ser una ciudad atractiva o una ciudad donde se pueda vivir bien. Hay que ser referentes en eso y no ser la Barcelona de las pistolas de agua, servir de ejemplo del turismo para el resto de ciudades”, ha subrayado Alamany.
El concejal de Junts Ramon Tremosa ha defendido gestionar el tipo de turismo que quiere Barcelona, “no tan concentrado en verano y que no tenga efectos negativos sobre el comercio y la vida propia de la ciudad” y ha acusado al alcalde, Jaume Collboni, de realizar una mala gestión del turismo.
Por otro lado, el pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado también la creación de un plan especial urbanístico para regular los alquileres de temporada —los que son de menos de 11 meses— para que no supongan un obstáculo a los alquileres de uso residencial y combatir la problemática del acceso a la vivienda. La iniciativa es una proposición de BComú y ha contado con el apoyo de todos los grupos menos PP y Vox.
La exalcaldesa Ada Colau es la que ha defendido el plan: “Cuando se aprobó la ley por el derecho a la vivienda, advertimos de que no se podían quedar fuera los alquileres de temporadas porque abría la puerta a la especulación”. Barcelona en Comú exige limitar los alquileres de temporada y aplicar las sanciones de la ley por el derecho a la vivienda que permite multas de entre 90.000 y 900.000 euros. La concejal del PP ha denunciado que la ley de vivienda “debilita al propietario” y ha pedido eliminar Barcelona de la zona de áreas tensionadas.
Barcelona prorroga cuatro años las restricciones de los grupos turísticos guiados en Ciutat Vella.
El Ayuntamiento de Barcelona prorrogará cuatro años más el decreto que limita los grupos guiados con finalidad turística a un máximo de 20 personas en Ciutat Vella, según ha informado el alcalde Jaume Collboni durante el pleno municipal de este viernes.
Lo ha hecho a petición de ERC, que ha solicitado que se garantice el cumplimiento del decreto y se haga extensible al conjunto de la ciudad dado que, en palabras del concejal Jordi Coronas, "vamos camino de un nuevo récord de turistas y cruceristas", que se ve traducido en una ocupación intensiva del espacio público.
Collboni ha defendido la importancia del sector turístico en la economía de la ciudad, pero ha reconocido que es necesaria una "desmasificación", por lo que ya en julio de 2023 el Consistorio decidió ampliar en un año este decreto.
El alcalde ha expuesto que de los 3.828 grupos de turistas registrados en el primer trimestre, sólo 114 habían realizado un incumplimiento, lo que representa un 3% del total, aunque ha reconocido que hace falta "seguir trabajando" para minimizar los efectos negativos.
Sobre la propuesta de ampliarlo a toda la ciudad, Collboni ha asegurado que se adoptarán estas medidas en espacios de gran afluencia, aunque sin especificar zonas concretas.
La normativa establece aforos máximos en los espacios y monumentos que requieren una explicación 'in situ' y prohíbe el uso de los altavoces para las explicaciones para "fomentar el uso de radioguías en todos los barrios" y minimizar el impacto acústico.
Las actividades que no se ajusten a la normativa podrán ser sancionadas con hasta 1.500 euros, llegando a 3.000 euros por reincidencia.
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