Cataluña pide el aval de la justicia para instaurar un toque de queda en 158 municipios
Pere Aragonès solicita aplicar esta medida entre la 1.00 y las 6.00 horas en las localidades con más incidencia de coronavirus y que aglutinan cerca de 6.000.000 de habitantes
Después de que los servicios jurídicos de la Generalitat advirtieran al Govern de solo podía solicitar un toque de queda “quirúrgico” porque si afectaba a toda Cataluña era necesario activar el estado de alarma (solo puede hacerlo el presidente del gobierno), el president, Pere Aragonès, pidió este miércoles al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) permiso para imponer esta medida pero no a los 7.700.000 catalanes sino solo a 6.0000.000 de ellos.
Aragonés solicitó aplicar el toque de queda nocturno —entre la 1.00 y las 6.00 horas— para municipios de más de 5.000 habitantes donde “la incidencia acumulada sea igual o superior a 400 casos confirmados por 100.000 habitantes en los últimos siete días”. También pidió que se imponga el toque de queda a 13 pueblos más pequeños que, pese a no tener estos indicadores, están rodeados de los que sí los tienen. Aragonès advirtió que así se pretende “evitar prácticas que provoquen que estos municipios estén afectados en un futuro”. En total, la medida afecta a 158 municipios.
En la comparecencia pública, el president de la Generalitat advirtió que la intención del ejecutivo es que el toque de queda se comience a aplicar este fin de semana y se extienda durante una semana, aunque no descarta prorrogarla. Aragonès considera el toque de queda “necesario” para “evitar restricciones mayores con impacto social, emocional y económico” en la población. “Nos jugamos la capacidad de frenar la nueva ola de covid que afecta a Cataluña”, concluyó.
El Gobierno catalán ha dado este paso tres días después de que el consejero de Salud, Josep Maria Argimon junto con el consejero de Interior Joan Ignasi Elena recomendaran —el pasado lunes— a los municipios cerrar playas, plazas y calles durante la noche y provocara —con la mera recomendación— un alud de protestas de alcaldes reclamando concreciones claras, medios y recursos a la Generalitat para llevar a cabo esa petición. La administración catalana ha esperado a tener en mano un informe del gabinete jurídico de la Generalitat que destaca que al no ser un toque de queda homogéneo —afecta a los 158 municipios más habitados de los 947 que hay en Cataluña— no era necesario un decreto de estado de alarma.
El listado de municipios afectados por el toque de queda incluye la ciudad de Barcelona pero también otras como L’Hospitalet de Llobregat, Badalona y otras del área metropolitana, Terrassa, Sabadell, Tarragona y Girona, entre otras, mientras que Lleida ha quedado fuera del listado de localidades en las que se aplicará el toque de queda. En total, casi seis millones de habitantes de los 7.700.000 que viven en Cataluña.
Igual que con el toque de queda anterior, el cumplimiento del confinamiento nocturno se hará principalmente a partir de los dispositivos de los Mossos y policías locales y las sanciones seguirán oscilando entre los 300 y los 6.000 euros.
El primero en alertar este miércoles de la reinstauración del toque de queda fue el teniente de alcalde responsable del área de seguridad de Barcelona, Albert Batlle, quien aseguró por la mañana que la Generalitat decretaría “en cuestión de horas” un nuevo toque de queda que no afectaría a toda Cataluña pero sí a las zonas con más contagios. “Estamos a las puertas de que se decrete un nuevo toque de queda”, afirmó, y explicó en la Comisión de Presidencia del Ayuntamiento de Barcelona que tras reunirse el martes con la consejera de Presidencia, Laura Vilagrà, el consejero de Salud, Josep Maria Argimon, y el de Interior, Joan Ignasi Elena, acordaron que era necesaria esa medida. “Supongo que de momento afectará a los próximos 15 días y a partir de aquí veremos cómo evoluciona”, adelantó Batlle, que ve clave que la actividad en Barcelona se cierre, por lo menos, entre la 1 y las 6 de la madrugada.
Pocas horas después de que Batlle desvelara lo que estaba preparando la Generalitat, el TSJC anunciaba que acababa de avalar la solicitud que efectuó la Generalitat el lunes y que limita a un máximo de diez personas las reuniones sociales. El TSJC también avala la recomendación de restricción de acceso a espacios públicos entre las 1.00 y las 6.00 -a la espera de que el Gobierno catalán presente la solicitud de toque de queda- y la prohibición de beber y comer en el espacio público.
La decisión de solicitar el toque de queda se da en uno de los peores momentos en cuanto a cifras de contagiados. Cataluña ha registrado hasta este miércoles 800.811 casos confirmados acumulados desde el inicio de la pandemia —738.494 con una prueba PCR o test de antígenos—, 8.555 más que en el recuento efectuado el martes por la Consejería de Salud. El total de fallecidos se sitúa en 22.294 (seis más que los registrados el martes). En cuanto a los pacientes ingresados actualmente, la cifra se sitúa en 1.185 (127 más que en el recuento del martes) de los que 219 se encuentran ingresados en unidades de cuidados intensivos, 10 más que en el balance anterior. La velocidad de reproducción de la enfermedad (rt) baja a 1,40 y el porcentaje de positividad de los test de antígenos y PCR se sitúa en 18,97%, mientras que la incidencia acumulada en los últimos 14 días es de 979,20 por cada 100.000 habitantes y la media de edad de los casos confirmados es de 28,76 años. La tasa del riesgo de rebrote ha bajado: el martes alcanzaba un nivel de 1.399 y 24 horas después se sitúa en 1.338. El 58,8% de la población catalana está vacunada con al menos una dosis de la vacuna: de estos, un 48,4% ya tiene la pauta completa de la vacunación.
La solicitud de un nuevo toque de queda, más reducido que el anterior y que respeta el horario de cenas de bares y restaurantes, se realiza después de que Aragonès tuviera encima de la mesa el visto bueno de los equipos jurídicos y de que decenas de alcaldes solicitaran la medida para poder contener así, con una base legal, botellones y concentraciones nocturnas. Una de las alcaldesas que solicitó esta medida fue la de Barcelona, Ada Colau, que el martes, en una entrevista en la radio pública catalana, denunció: “Si la Generalitat lo que quiere es un toque de queda, que lo pida. Si no lo pide, que nos diga cómo tenemos que hacerlo los ayuntamientos, que no tenemos medios ni recursos suficientes para cerrar todos los kilómetros de playa”. La primera edil barcelonesa se convirtió, sin proponérselo, en la portavoz de los alcaldes —sobre todo aquellos con playas— de uno y otro partido que uno a uno fueron criticando a la Generalitat por traspasar a los municipios la responsabilidad de acabar con botellones y concentraciones sin tener suficientes efectivos policiales. Tras Barcelona, los primeros ediles de municipios con playas como Badalona, el Prat de Llobregat, Castelldefels o Viladecans comenzaron a criticar las “recomendaciones” de la Generalitat y exigir que se convirtieran en “órdenes” claras. También lo hicieron los alcaldes de municipios interiores como los del Vallès Occidental.
El Govern se limitó el martes a garantizar la “ayuda institucional” a los consistorios y a anunciar dispositivos conjuntos entre Mossos y policías locales. Ahora la Administración catalana tendrá que esperar a que el TSJC apruebe el toque de queda exclusivo por zonas antes del fin de semana para, de ese modo, tener una herramienta jurídica —más allá de las recomendaciones criticadas por los alcaldes— para poder impedir concentraciones y botellones y denunciar a quienes participen en ellos.
