Un estudio cifra en 1.900 las hectáreas de regadío en Doñana que legalizaría la ley de PP y Vox

La nueva ley para aumentar los regadíos junto a Doñana que promueve la derecha andaluza aumentará en 1.903 hectáreas los invernaderos de fresas, más del doble de la superficie que estima la Junta andaluza (PP), según un informe técnico presentado este miércoles por la ONG ecologista WWF. Esto significa que los regadíos que han minado el acuífero de la reserva se incrementarán un 20%, al pasar de las 9.418 hectáreas actuales a 11.321 si la polémica norma se aprueba. El Gobierno andaluz fija los nuevos regadíos en solo 750 hectáreas, pero carece de un estudio técnico que avale el cálculo.

Las 1.903 hectáreas, equivalentes a 2.718 campos de fútbol, elevan de manera exponencial el efecto perjudicial que la nueva ley andaluza, en trámite parlamentario y censurada por la Comisión Europea, el Gobierno, la comunidad científica y los ecologistas, tendrá sobre la corona forestal de Doñana. La comarca de El Condado está ya muy tensionada por la sequía extrema y el robo masivo de agua durante décadas. Estas 1.903 hectáreas son fincas de secano y forestales que pasarían a suelos regables junto a la reserva. La Junta alega que se regarían con aguas superficiales, un argumento que no convence a los científicos porque la escasez actual afecta a las aguas subterráneas y superficiales.

El estudio técnico ha combinado las ortofotos aéreas con imágenes de Sentinel, una constelación de satélites que opera la Agencia Espacial Europea, para ofrecer un mapa fiel de las fincas de fresas que se verían beneficiadas con la nueva ley prevista por PP y Vox. “Este es un trabajo técnico, no es la opinión de los ecologistas. Es la labor que deberían haber hecho los proponentes de la ley o la Junta si hubiera habido trámite administrativo”, ha aclarado Juan José Carmona, responsable para Doñana de WWF. “Las herramientas utilizadas son públicas y son las que se admiten como pruebas en los tribunales. Hemos cruzados los datos para ver qué fincas entre 2004 y 2014 se han puesto en regadío con lo que dice el artículo de la proposición”, ha ilustrado.

El consejero de Sostenibilidad y portavoz de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco, ha repetido estas semanas que la estimación oficial de hectáreas que pasarán a ser de regadío es 750 hectáreas. Este diario ha solicitado a la Junta el estudio previo que soporta ese cálculo oficial, pero no ha obtenido respuesta. “Esas 750 hectáreas son una estimación según los primeros cálculos, pero será una comisión técnica quien finalmente evalúe qué fincas pueden regularizarse y cuáles no. Para ello tendrá que demostrar derechos históricos (…) No consideramos que el número final [de hectáreas] diste mucho de esa estimación inicial de 750 hectáreas”, afirma una portavoz de la Consejería de Sostenibilidad. En el último Consejo de Participación de Doñana, Carmona preguntó al consejero por el trabajo técnico en el que se basa su cálculo de 750 hectáreas y este guardó silencio.

La nueva ley no especifica el número de hectáreas que se verán beneficiadas y pasarán de secano a regadío, sino que establece una comisión técnica que analizará finca a finca para determinar si esos agricultores tienen “derechos históricos” de riego, que no es una figura jurídica reconocida. Es decir, si llevan décadas con los invernaderos alimentados por pozos ilegales y sin derechos de agua, a pesar de ser de secano.

“¿Derechos históricos? El 70% de estas 1.900 hectáreas no se han regado jamás antes de 2004, así que carece de sentido mencionar los derechos históricos como hace la ley. Hablamos de gente que a sabiendas de que eran terrenos de secano, pusieron estas tierras como regadío ilegalmente”, ha criticado Carmona. En 2004 la Junta aprobó el Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (POTAD) para poner orden en la cartografía tras décadas de desmanes.

La única condición que establece la nueva ley para calificar como suelos regables a esas fincas es que hayan sido regadas entre 2004 y 2014, sin más matices. “Esperamos que Juan Manuel Moreno, máximo responsable de todo esto, retire la norma. Puede hacerlo y hay fórmulas”, ha estimado Carmona.

La parte más sangrante de la regularización prevista, según la investigación de WWF, son las 470 hectáreas que eran terrenos forestales y pasaron a regadíos entre 2004 y 2014, y serán regularizadas como agrícolas con la nueva norma. “Los agricultores que cortaron los árboles en 2007 por ejemplo, ahora les declaran sus tierras agrícolas. Son dos pasos: de forestal a agrícola y de agrícola a regadío”, ha añadido Carmona.

WWF fue la organización que inició la denuncia por la desprotección de Doñana que derivó en la interpuesta por la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de la UE, que condenó a España en 2021. Ahora trasladará este cálculo técnico a Bruselas, que analiza con lupa la norma, a la Unesco, inquieta por la deriva del parque, Patrimonio de la Humanidad, y a todos los grupos políticos andaluces del Parlamento, donde se tramita la norma.

Sobre la fórmula escogida por el PP y Vox, los conservacionistas critican que la proposición de ley eluda los informes técnicos y científicos para poder salir adelante: “El procedimiento elegido es el del miedo. En vez de pasar informes técnicos de Consejería, Ayuntamientos, evaluación ambiental, exposición pública con alegaciones de vecinos y otros agricultores, como no habría pasado ni el primer trámite, han tomado un camino alternativo, soberano, pero poco justificable”, ha censurado el responsable de WWF para Doñana.

La organización ecologista defiende que lo necesario para salvar Doñana de su declive es retirar la ley de la derecha andaluza y retomar el plan de la fresa de 2014, muchas de cuyas medidas han sido ignoradas por la Junta casi una década después, entre otras razones por carecer de una oficina técnica que siga su implementación y por falta de la inversión necesaria.

El secretario general de WWF, Juan Carlos del Olmo, ha definido la norma como “la ley anti Doñana”: “Es inaceptable, supone una burla para los agricultores honrados y un premio para los ilegales que vulneran las leyes deliberadamente y a los que se les reconoce un derecho inexistente que no han probado ante tribunal alguno, y supondrá un enorme negocio especulativo, ya que se multiplicará el valor de sus tierras de secano”.