Armengol alega que las mascarillas las eligieron los técnicos y dice que es “víctima, no cómplice”

Tras una semana bajo el fuego incesante de la oposición, la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, ha comparecido este martes para hacer una cerrada defensa de su actuación como jefa del Gobierno de Baleares que en 2020 compró una partida de mascarillas a la empresa del caso Koldo. Dolida por los durísimos ataques del PP —“han traspasado todas las líneas rojas”, ha dicho—, Armengol no solo no ...

Tras una semana bajo el fuego incesante de la oposición, la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, ha comparecido este martes para hacer una cerrada defensa de su actuación como jefa del Gobierno de Baleares que en 2020 compró una partida de mascarillas a la empresa del caso Koldo. Dolida por los durísimos ataques del PP —“han traspasado todas las líneas rojas”, ha dicho—, Armengol no solo no piensa dimitir, como le exigen los populares, sino que ha anunciado con tono desafiante: “No voy a consentir que mancillen mi nombre”. “Yo no estoy investigada ni nadie de mi Gobierno aparece citado en el sumario. En todo caso podría ser víctima, no cómplice ni colaborador necesario”, ha insistido la tercera autoridad del Estado.

La dirigente socialista ha alegado que fueron los técnicos del Servicio de Salud del Gobierno balear quienes aceptaron, al inicio de la pandemia, la oferta de la empresa Soluciones de Gestión SL, investigada ahora por presunta corrupción en el caso Koldo. Según ha asegurado, en abril de 2020, con todas las administraciones necesitadas de material sanitario, llegaban multitud de propuestas, también a sugerencia de “ministerios y otras instituciones”. Pero Armengol, pese a las reiteradas preguntas de los periodistas, no ha querido revelar quién recomendó al Gobierno de Baleares que contratara las mascarillas con esa empresa. Y mucho menos aclarar si fue Koldo García, que en ese momento era asesor del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y a quien la Fiscalía Anticorrupción y el juez Ismael Moreno señalan por cobrar presuntamente comisiones ilegales de esa empresa a cambio de conseguirle los contratos. En tono enérgico, la presidenta del Congreso se ha limitado a responder: “Jamás en mi vida he dado una instrucción para que se contrate a una empresa o a otra”.

Armengol ha comenzado su esperada comparecencia justificando el silencio que mantenía desde que en la última semana empezasen a arreciar las informaciones sobre los tratos del Gobierno balear con la empresa de la trama y los consiguientes ataques del PP, que el lunes presentó un escrito en la Cámara reclamando formalmente su dimisión. Según ha explicado la presidenta, su deseo de evitar el cuerpo a cuerpo con el PP se debía a un intento de “preservar el buen nombre de la institución, que es la cuna de la democracia”, y a la idea de que los ciudadanos “no se merecen según qué espectáculos”. “No todo vale en política, no todos los políticos son iguales”, ha añadido. “La corrupción me repugna y la detesto profundamente. Hay que decir la verdad y no embarrarlo todo”.

Armengol ha dejado claro que “lo volvería a hacer igual”, que actuaría hoy como actuó en la primavera de 2020. Ha recordado aquellos momentos “absolutamente tremendos”, con la gente confinada en sus casas, los servicios sanitarios colapsados y sin que las administraciones dispusiesen de material de protección. “Todos competían con todos” por conseguir mascarillas, ha relatado. En ese contexto, “prácticamente todos los miembros” de su Gobierno recibían propuestas de empresas que se declaraban en condiciones de traer tapabocas de China. Y esas ofertas, ha abundado, se pasaban a los técnicos del Servicio de Salud, quienes, según Armengol, eran los que elegían.

En el caso de Soluciones de Gestión, la empresa de la trama, la dirigente socialista ha señalado que ofrecía las mascarillas a mitad del precio que estaban pagando otras administraciones. No ha desmentido que la recomendación de esa compañía proviniese del ministerio que dirigía su entonces compañero de partido José Luis Ábalos, pero ha dejado sin contestar hasta tres preguntas de la prensa sobre la identidad de la persona que les aconsejó contratar con esa firma concreta. Eso sí, ha insistido en que “jamás” la “presionaron o coaccionaron” para elegir a esta compañía ni posteriormente para que no reclamase la devolución del dinero, una vez que se comprobó que las mascarillas vendidas eran de una calidad inferior a la comprometida.

La reclamación

En los primeros tres meses de pandemia, el entonces Gobierno balear —una coalición de socialistas con Unidas Podemos y grupos nacionalistas— se gastó 40 millones de euros en la adquisición de mascarillas. Todos los contratos, ha subrayado la entonces presidenta, fueron validados por la Intervención General de la comunidad autónoma. El material era, además, enviado para su comprobación al Instituto de Higiene del Ministerio de Trabajo y allí se certificó que la partida suministrada por Soluciones de Gestión a Baleares no se correspondía con lo apalabrado: la empresa se había comprometido a traer tapabocas FFP2, imprescindibles para el personal sanitario, y en realidad eran quirúrgicas, es decir, con un grado de protección mucho menor; “aunque no inservibles ni fake como se ha dicho”, ha precisado Armengol.

Fue entonces, ha proseguido, cuando se decidió no usar las mascarillas y dejarlas almacenadas con el objeto de reclamar a la empresa, “porque la devolución se tenía que hacer una a una”. Armengol ha abordado entonces uno de los puntos aparentemente oscuros que más la han perseguido en los últimos días: ¿por qué tardó tres años en reclamar a la empresa la devolución de 2,6 millones de euros? El Instituto de Higiene informó en junio de 2020 que las mascarillas no eran FFP2, pero la reclamación no se formalizó hasta el 6 de julio de 2023, con el Gobierno de Armengol ya en funciones tras perder las elecciones autonómicas de mayo.

La presidenta lo ha justificado por el retraso que la pandemia provocó en todos los trámites administrativos y el tiempo que los funcionarios estuvieron teletrabajando. Ha asegurado que pasó lo mismo con otros expedientes. “La Administración es infinitamente más lenta de lo que nos gustaría”, se ha excusado. Ha precisado también que el primer apercibimiento a la empresa, previo a la reclamación formal, se produjo en marzo de 2023, antes de las elecciones autonómicas, aunque el trámite final se concretase justo antes de abandonar el poder tras ser derrotada por el PP.

“Si estuviésemos implicados en alguna trama, ¿por qué íbamos a mandar las mascarillas a analizar?”, ha remarcado la presidenta del Congreso. Y al final, cuando le han preguntado si piensa dimitir, Armengol ha arremetido contra el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, su más empecinado crítico, aunque sin citarlo por su nombre. Tellado aparece citado en el sumario cuando Koldo García comenta su intención de entrevistarse con él para intentar que el nuevo Gobierno del PP en Baleares paralice la reclamación. “Es curioso”, ha rematado Armengol, “que quien pida mi dimisión sea el único que aparece citado en el sumario”.