La Audiencia Nacional rechaza investigar al asesino de Arturo Ruiz

La Audiencia Nacional no investigará al autor material de uno de los atentados más emblemáticos de la Transición española: la muerte en enero de 1977 en Madrid del estudiante de 19 años Arturo Ruiz a manos del pistolero ultra José Ignacio Fernández Guaza. El tribunal denegó este viernes el último intento de la familia de la víctima para reabrir las pesquisas, bajo el argumento de la prescripción del delito, después de que EL PAÍS localizara el pasado noviembre en Buenos Aires al asesino.

Fernández Guaza reconoció en una entrevista haber matado al joven durante una manifestación a favor de los presos políticos convocada en el corazón de la capital española en la que los fascistas irrumpieron al grito de “¡Viva Cristo Rey!”

La Sección 1 de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional manifestó su negativa a reabrir las pesquisas en una resolución que no admite recurso y cuya ponente es la magistrada Carolina Ruis Alarcó. Un incidente de nulidad de actuaciones presentado por la familia de Arturo Ruiz que ha sido rechazado por este órgano judicial. La iniciativa buscaba reactivar las indagaciones y detener al criminal.

El parón en España contrasta con la efervescencia de las pesquisas en Argentina. La jueza de este país María Romilda Servini ordenó, tras la publicación del reportaje, la busca y captura del fugitivo, que reside el municipio bonaerense de clase media de Ingeniero Maschwitz, de 15.000 habitantes. Y solicitó a España información sobre las medidas que se adoptaron durante la Transición para combatir a grupos de ultra que maniobraban para cortocircuitar la democracia.

En su último intento de mantener viva la causa contra Fernández Guaza, que fue archivada en 2000 por la Audiencia Nacional por prescripción del delito al desconocerse el paradero del prófugo (la Sala de lo Penal estima ahora que los autos de prescripción acordados antes son firmes), los familiares de Arturo Ruiz aportaban como novedad al tribunal su domicilio en Argentina descubierto por este diario y el vídeo de la noticia en el que el ultra, que nunca fue juzgado y ha vivido 46 años con impunidad gracias a una identidad falsa, reconocía el crimen a los periodistas. “Se niegan a perseguir un delito y a juzgar al terrorista ultraderechista que confesó el asesinato de Arturo Ruiz”, criticaban los familiares.

Asimismo, se apelaba a la aplicación de la Ley de Memoria Democrática para reabrir las diligencias, una norma a la que se refirió en sendos votos particulares en 2023 el magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada.

Los familiares reclamaban también que no prescribiera el delito de terrorismo y recordaban que el coautor del crimen de Arturo Ruiz, Jorge Cesarsky, un argentino vinculado a la tenebrosa Triple A, fue condenado a seis años de prisión por este ilícito, aunque solo permaneció uno en la cárcel.

En el documento inadmitido por la Audiencia Nacional, la familia, representada por Miguel Ángel Ruiz, hermano de la víctima, aseguraba: “El asesinato [de Arturo Ruiz] no fue un hecho aislado y debe explicarse con los hechos que conformaron la Semana Negra de Madrid y en un contexto internacional”.

Miguel Ángel Ruiz se refiere así a los días de plomo que marcaron la semana trágica de la Transición al coincidir, en enero de 1977, el asesinato de Arturo Ruiz con la matanza de los abogados laboralistas de Atocha —donde murieron cuatro letrados y un trabajador de un bufete de Madrid vinculado a Comisiones Obreras— con la muerte por el impacto de un bote de humo de la estudiante María Luz Nájera en una manifestación de protesta por el fallecimiento de Ruiz.

Tras el revés de la Audiencia Nacional, la familia presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, según confirma Miguel Ángel Ruiz. “Los criminales de todos estos sucesos estaban respaldados por el Estado”, precisa el familiar, que cifra en 318 los muertos entre 1976 y 1983 a manos de fuerzas policiales y parapoliciales e insiste en explorar la vía de los delitos de lesa humanidad para evitar la prescripción de las causas.

Fernández Guaza, que hoy tiene 76 años, se fugó de España tras el crimen para eludir una condena segura y ha vivido en la sombra como un hombre invisible bajo el manto protector de una identidad falsa. Tras ser localizado por este diario, aseguró que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de la España de los 70 le facilitaron su nombre ficticio. Y que el trato de favor obedeció a que formó parte de la guerra sucia contra ETA. El suyo, dijo, era un comando de 15 civiles que mató a terroristas en el sur de Francia a mediados de los setenta.