Bruselas impulsará los contratos eléctricos a largo plazo en su propuesta de reforma del mercado europeo

La Comisión Europea ultima su ansiada reforma del sector eléctrico europeo, y en ella se marca un objetivo prioritario: impulsar los contratos de suministro a largo plazo de energía procedente de fuentes renovables. “Hacer crecer” este mercado es la aspiración que recorre de cabo a rabo el borrador que ha preparado el brazo Ejecutivo de la UE. Bruselas llega a prever que los Estados hagan evaluaciones cada tres años de los mecanismos de apoyo a la electricidad producida por renovables para “incentivar el uso de los PPA...

La Comisión Europea ultima su ansiada reforma del sector eléctrico europeo, y en ella se marca un objetivo prioritario: impulsar los contratos de suministro a largo plazo de energía procedente de fuentes renovables. “Hacer crecer” este mercado es la aspiración que recorre de cabo a rabo el borrador que ha preparado el brazo Ejecutivo de la UE. Bruselas llega a prever que los Estados hagan evaluaciones cada tres años de los mecanismos de apoyo a la electricidad producida por renovables para “incentivar el uso de los PPA [las siglas anglosajonas con las que se conoce a los contratos de suministro a largo plazo entre una empresa eléctrica y un comprador igualmente privado]”, según el texto, al que ha tenido acceso EL PAÍS.

La segunda idea fuerza de la propuesta del Ejecutivo comunitario abre la puerta, además, a que en episodios de crisis energéticas como el que sacude al Viejo Continente en el último año y medio los Gobiernos puedan subvencionar a las pymes con hasta un 80% del precio para amortiguar el impacto. Un modelo calcado al aplicado por Alemania en estos meses de altos precios, en los que la primera economía europea ha roto la baraja y ha sacado el bazuca fiscal con subsidios millonarios para la industria y los hogares.

En la reforma del mercado eléctrico que plantea la Comisión, y que llega tras varias tomas de posición de los Estados miembro —entre ellos, España y Alemania— se trata de orillar al máximo la generación de energía mediante combustibles fósiles. Se les deja fuera del impulso de los contratos a largo plazo y también en los llamados contratos por diferencia (CFD, por sus siglas en inglés), en los que se acuerda un precio entre comprador y vendedor, que se liquida por diferencias respecto del precio del mercado: si el precio del mercado es superior, el vendedor paga la diferencia al comprador y si es inferior es al contrario. En ese tipo de figuras, vendedor y comprador saben a qué precio venden y compran, solo que esa energía va al mercado y se liquida respecto del precio de referencia de ese momento.

En su propuesta, Bruselas sí respalda, en cambio, la energía nuclear, una demanda constante de Francia —por mucho, el país más dependiente de las centrales atómicas— cada vez que se aborda una nueva regulación en la Unión Europea.

Aprendizajes de la crisis

El borrador, que el Ejecutivo de Ursula von der Leyen hará público la semana que viene, trata de aprovechar las enseñanzas de lo aprendido durante estos últimos meses de crisis energética. La norma regula una intervención parcial en los mercados cuando los precios estén “significativamente” por encima de la media de los últimos cinco años, prevea que ese “fuerte aumento” se va a mantener “durante al menos seis meses” y va a tener un impacto “amplio” en la economía. Llegado este momento, se permitirá que los Gobiernos puedan ayudar a las pymes subvencionando hasta el 80% de los precios.

Este medida supone prácticamente copiar lo que ha hecho Berlín durante estos meses y, lógicamente, favorece a países que, como Alemania, tienen una desahogada posición fiscal y pueden socorrer a sus empresas y ciudadanos cuando vienen mal dadas. Otros Estados con menos margen presupuestario (España, Italia o Portugal) prefieren que la intervención pública del mercado se produzca en la formación de precios, para así descargar al erario público del esfuerzo.

Durante los últimos meses, casi todos los choques entre capitales por las medidas de urgencia aprobadas —como la excepción ibérica o la aplicación de un tope sobre el precio del gas en el mercado TTF holandés, el de referencia para los Veintisiete—, han tenido un debate de fondo entre precios y seguridad de suministro. Por un lado, están los países que pueden permitirse pagar más en los mercados mayoristas de la luz o el gas natural no tienen inconveniente en hacerlo para asegurarse el flujo de energía; por otro, los que prefieren la intervención para tener bajo control el coste de la electricidad o el gas, aunque eso implique cierto riesgo de suministro (algo que no se da en España gracias a la enorme capacidad de generación renovable y a la gran disponibilidad de plantas de regasificación —seis en total— y ciclos combinados, las centrales en las que se quema gas para obtener electricidad).

Similitudes y diferencias con la propuesta española

La reforma del mercado eléctrico para desvincular al máximo los precios de la luz de los mercados de combustibles fósiles —el motivo que ha estado detrás de la escalada de precios energéticos en el último año— ha sido una de las grandes reivindicaciones españolas en la arena comunitaria en durante los últimos meses. De hecho, Madrid fue la primera capital que presentó una propuesta de modificación cuando se abrió la consulta pública; un documento con el que el borrador de Bruselas exhibe cierta sintonía en algunos aspectos (como los CFD) pero no en otros: la propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez pasa por que las subastas orquestadas por el Estado canalicen un volumen cada vez mayor de renovables en detrimento de los PPA, que no dejan de ser acuerdos entre dos empresas privadas sin participación alguna de los poderes públicas.

Como prácticamente todos los debates económicos en la esfera comunitaria, al final la pugna tiene todos los visos de acabar en un tira y afloja entre las capitales del sur y las del norte de la Unión. En su ofensiva, España cuenta con el respaldo, más o menos explícito, de Portugal, Francia y otros países meridionales. Alemania, por su parte, tiene el apoyo de Países Bajos y varios nórdicos y bálticos. Hace apenas tres semanas, este último bloque envió una carta a la comisaria de Energía, Kadri Simson, en la que defendía la actual regulación eléctrica comunitaria —que se ha mantenido impertérrita desde hace décadas— y abogaba por hacer los menores cambios posibles: “La integración del mercado eléctrico ha traído beneficios enormes a la Unión Europea en la última década, incluyendo bajos precios, gran seguridad de suministro y fortalecimiento de la integración a gran escala de las energías renovables”, se leía en aquel texto.

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