Detenidos en España los hermanos Rebeca y Francisco García, acusados de acoso y pornografía infantil en Venezuela

La Policía Nacional española ha detenido este martes en Alcobendas (una localidad a 23 kilómetros al norte de Madrid) a los hermanos venezolanos Rebeca y Francisco García Álvarez, a los que la Fiscalía de su país acusa, respectivamente, de haber acosado supuestamente durante años a mujeres y de pornografía infantil, según ha informado el Ministerio del Interior español en un comunicado. Las autoridades de Caracas les imputan por ello la presunta comisión de delitos de exhibición de pornografía de niños y adolescentes, asociación ilícita, acoso y promoción o incitación al odio, por los que ella puede ser condenada hasta a 30 años de cárcel y él, a 15.

La Fiscalía venezolana ordenó su búsqueda después de que decenas de mujeres denunciaran la semana pasada en la red social X (antes Twitter) que Rebeca García, de 33 años, las había perseguido, acosado y hostigado, a veces con violencia, al menos desde 2017 a través de aplicaciones de mensajería instantánea, redes sociales y llamadas telefónicas. En algunos casos llegó a acceder al interior de sus domicilios y lugares de trabajo, y las amenazó de muerte. Las investigaciones se ampliaron posteriormente a su hermano, al ser considerado sospechoso de sacarse fotos y vídeos de connotación sexual con menores de edad que luego supuestamente difundía en múltiples cuentas que posee a su nombre en redes sociales. Como prueba también se utiliza un mensaje de la dirección de La Lagunita Country Club, una urbanización al oeste de Caracas, en el que se acusa a Francisco de “tomar fotos y realizar otras acciones sin su consentimiento, tomando fotos a niños en el baño”.

La madre de ambos, en un comunicado en Instagram, ha asegurado que ha intentado sin éxito que su hija se someta a terapia para tratar el supuesto trastorno psicológico que le lleva a actuar así. A la vez, ha rechazado de plano las acusaciones contra su hijo, que considera una campaña de difamación. La Sección de Localización de Fugitivos de la Policía Nacional detectó la presencia de ambos en Madrid el pasado sábado 11 de mayo ―aún no saben cuando llegaron a España―, pero al no existir entonces una orden de detención en vigor de las autoridades de Caracas no pudo actuar. Dos días después, varias personas de origen venezolano identificaron a los hermanos junto a su madre cuando se encontraban en un centro comercial de la ciudad de Madrid y alertó a la policía de su presencia. Hasta el lugar se desplazaron dos coches patrullas de la Policía Nacional que, ante la imposibilidad de los tres de identificarse en ese momento, acordó su traslado a una comisaría para proceder a esta diligencia, como recoge la legislación española. Tras ello, y al comprobarse que seguía sin existir una reclamación en vigor para su detención en España o en el extranjero, se les dejó marchar.

Las autoridades españolas informaron entonces a las venezolanas de que se había detectado su presencia en Madrid por “si existía algún interés sobre ellos”, señala la nota de Interior. Finalmente, este martes se activó la solicitud de las autoridades de Caracas y la Policía Nacional inició su búsqueda ante el riesgo de que huyeran a un tercer país. Las primeras gestiones, realizadas tanto en el domicilio de ambos en Madrid como en el de otros familiares “resultados infructuosas”, señala la nota del Ministerio del Interior español. Finalmente fueron localizados en un hotel de Alcobendas, donde se habían alojado utilizando el nombre de sus padres, y se les detuvo. Se inicia ahora el proceso de extradición que requerirá, en primer lugar, del visto bueno de la Audiencia Nacional y, posteriormente, del Gobierno español.

El caso ha estado a punto de abrir un incidente diplomático entre los dos países. Cuando fueron identificados por una patrulla el pasado lunes, a España no le constaba ninguna orden de detención ni extradición por parte de Venezuela, ni por la vía policial ni por la diplomática. Sin embargo, Tarek William Saab, el fiscal venezolano, aseguraba a este periódico que esa información era “falsa”. Su oficina sostenía que se hizo una solicitud el 9 de mayo a Interpol y otra al Gobierno de Pedro Sánchez al día siguiente. Fuentes policiales españolas aclaran que los trámites que sigue la organización policial internacional para difundir órdenes de detención emitidas por los países miembros no son inmediatos y que, de hecho, tardan varios días. La solicitud venezolana se dirigió, como marcan los protocolos, a las oficinas centrales de Interpol, en Lyon (Francia), donde debe ser validada. Luego esta la remitió a su oficina en Madrid, donde también se debía comprobar si se ajustaba a la legislación española. Solo entonces se consideró activa.

El caso de Rebeca García adquirió la semana pasada una gran notoriedad porque una mujer contó el acoso y la violencia que sufría por parte esta la ahora detenida, nacida en 1990, desde hace años. A su historia se sumaron un buen número de mujeres que aseguraban haber vivido la misma situación. Aportaron pantallazos de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp y fotografías aterradoras. A una de las víctimas le dedicó un libro de 560 páginas. Las perseguía y se presentaba en sus casas y en sus lugares de trabajo. William Saab, al ver el revuelo generado en redes sociales, dijo que actuaría y que le dedicaría la máxima atención. Las mujeres, sin embargo, se han mostrado muy molestas porque han denunciado el acoso al menos desde 2019, pero en los juzgados les decían, según su testimonio, que no podían hacer nada, ya que era una mujer la perpetradora.

En la última semana, se han publicado decenas de relatos de mujeres jóvenes que aseguran haber sido acosadas sexualmente y amenazadas por la supuesta perpetradora. Una avalancha de mensajes, llamadas y correos que van de la amenaza al acoso sexual —según se lee en las capturas que han compartido algunas de las víctimas que crecen tras cada nuevo hilo de X— además del acecho en sus casas son algunas de las conductas con las que señalan a Rebeca García, de 33 años, en distintos casos ocurridos en Caracas al menos desde hace siete años.

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