El PP y Ciudadanos ensayan en Murcia la supresión de los aforamientos en España
La Asamblea aprueba la reforma que Rivera intentará impulsar ahora en el Congreso
La Asamblea de Murcia se ha convertido este martes en el primer Parlamento Autónomo que aprueba modificar su estatuto para eliminar el aforamiento de sus diputados. La desaparición de esa protección jurídica era una condición “irrenunciable” para que Ciudadanos facilite la investidura como presidente de Fernando López Miras, que sustituirá a Pedro Antonio Sánchez, ambos del PP. Aunque la eliminación de los aforamientos murcianos tardará meses (depende del Congreso y del Senado), la votación supone el pistoletazo de salida para que estos partidos negocien la aplicación en toda España de una reforma recogida en todos sus pactos. Ante las dudas del PP, Ciudadanos presionará por una doble vía: nacional (en el Congreso) y autonómica (Cámaras regionales).
La votación de Murcia reaviva las negociaciones que Ciudadanos ha mantenido en el Congreso con el PP, el PSOE y Podemos. Aunque la eliminación de los aforamientos está recogida en el pacto de investidura que firmaron Mariano Rajoy y Albert Rivera, el partido del Gobierno no ha impulsado la medida y ha hecho públicas sus dudas, advirtiendo sobre la necesidad de pedir informes legales que aclaren las consecuencias de que los diputados, los senadores y los miembros del Gobierno puedan ser juzgados en tribunales ordinarios. Ciudadanos aprovechará la decisión de Murcia para impulsar el proceso en toda España.
"Mantuvimos una ronda de contactos con el PP, el PSOE y Podemos y ahora vamos a reactivarlos", explica José Manuel Villegas, secretario general de Ciudadanos. “El problema es que las exigencias de máximos de Podemos pueden servir de excusa a los viejos partidos para no encarar esta reforma”.
¿Cuál es el conflicto? Eliminar los aforamientos exige que los partidos pacten una reforma de la Constitución. Ciudadanos quiere hacer una modificación puntual y dejar para más adelante el debate sobre el resto de cambios que quieren hacer los partidos en el texto. Sin embargo, Podemos aboga por afrontar directamente una reforma global y por someter cualquier cambio a un referéndum, a lo que se opone el PP.
No es el único problema que le ve el partido mayoritario al proceso. ¿La eliminación de los aforamientos que protegen a los políticos debe ir acompañada de una limitación de la acusación popular? ¿Deben eliminarse los aforamientos para todos los delitos, o solo para los que no tienen que ver directamente con el desempeño del cargo? ¿Se debe limitar el fin de esa protección a las causas relacionadas con la corrupción? ¿Y se aplicaría a todos los representantes, o podría eximirse a los miembros de los distintos gobiernos? Esas son algunas de las preguntas que plantean los dirigentes del PP consultados por este diario.
Sin embargo, mientras se reactiva la negociación en la Cámara, una decena de autonomías ya estudian el cambio con la complicidad de Ciudadanos y Podemos. En España hay unos 2.000 políticos aforados. La mayoría son diputados autonómicos. El PP se ha comprometido a que no tengan protección jurídica especial en Madrid, La Rioja y Castilla y León, donde firmó pactos de investidura con Ciudadanos. El PSOE se encuentra en la misma situación en Andalucía. Mes ya lo ha planteado en las Islas Baleares. Aragón o La Rioja también han dado los primeros pasos para estudiar el fin de los aforamientos. Finalmente, Ciudadanos asegura que próximamente presentará una propuesta en ese sentido en Asturias y que defenderá la supresión de esta figura en las negociaciones para reformar los estatutos de Extremadura y la Comunidad Valenciana.
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