Reino Unido desvela el mayor ajuste del gasto público desde la II Guerra Mundial

El canciller del Exchequer y responsable del Tesoro británico, el conservador George Osborne, ha desvelado hoy el mayor ajuste del gasto público en Reino Unido desde la II Guerra Mundial con el objetivo de ahorrar 83.000 millones de libras (95.000 millones de euros) y reducir el actual déficit público del 11% hasta el 3% a lo largo de la legislatura que empezó en mayo pasado.

La enorme dimensión del ajuste -que la oposición considera que se debe más a las pulsiones ideológicas de los conservadores, siempre defensores de reducir el peso del Estado, que a una necesidad inevitable de acabar con el déficit a esa velocidad- se va a traducir en la pérdida de casi medio millón de empleos públicos, una reducción media del 19% en cuatro años en el gasto de los departamentos ministeriales, unos recortes adicionales de 7.000 millones de libras (8.000 millones de euros) de ayudas sociales y un adelanto en cuatro años sobre el calendario previsto en el retraso de la edad de jubilación de los varones, que pasará a ser los 66 años en lugar de los actuales 65 a partir de 2020.

La coalición de conservadores y liberales-demócratas que gobierna Reino Unido desde las pasadas elecciones acordó ya un recorte de cerca de 7.000 millones del gasto público en el actual ejercicio fiscal. Los anuncios de hoy tienen por objetivo reducir el llamado "déficit estructural" del Estado, que se ha disparado como consecuencia de la crisis económica. Mientras los laboristas acudieron a las elecciones de mayo con el compromiso de reducir ese déficit a la mitad en cuatro años, los conservadores se escudaron en la crisis de Grecia para legitimar su posición de que era necesario reducir el déficit por completo para evitar una crisis de credibilidad como la padecida por Grecia, con consecuencias en Irlanda, Portugal y, en menor medida, España.

Pero el ajuste no es gratuito. El canciller Osborne se ha esforzado hoy por subrayar que el paquete de ajuste se sustenta en tres vértices: reformas, justicia distributiva y crecimiento económico. Osborne aseguró que los ricos pagarán más que los pobres tanto en términos brutos como proporcionales, pero lo mismo dijo al presentar el primer ajuste para encontrarse 48 horas después con un análisis independiente que demostraba lo contrario.

De entrada, el recorte en ayudas sociales y en servicios públicos hace pensar que serán de las clases medias para abajo las que paguen el ajuste, aunque el Gobierno ha garantizado que se mantendrán sin tocar algunas de las ayudas más tradicionales y populares, como el transporte gratuito y las ayudas para pagar la factura de la calefacción que reciben los jubilados.

El Gobierno ha cumplido su compromiso de mantener el gasto en la atención sanitaria pública y en la educación primaria y secundaria, aunque las matrículas universitarias se van a liberalizar y se espera que el precio de esas tasas se dispare. Tanto el Ministerio de Justicia como el Home Office van a ver recortado su presupuesto en un 6% y la policía más concretamente en un 4% anual, lo que puede acabar afectando directamente a la presencia de policías en la calle, un tema de gran sensibilidad política.

También son políticamente muy sensibles los recortes en el Estado de bienestar, como las reducciones de las ayudas a las familias anunciados ya días atrás o la imposición de límites al total de ayudas que pueden recibir las familias en las que nadie trabaja.

De los grandes departamentos ministeriales, los más afectados serán el de Negocios e Innovación (del que dependen las universidades) y el de Comunidades y Gobierno Local (que gestiona las ayudas a la vivienda a través de los gobiernos municipales), que perderán un 7,1% anual cada uno de ellos.