Bruselas se pliega a Sarkozy en la polémica sobre la expulsión de los gitanos

La Comisión Europea ha optado por el apaciguamiento ante la Francia de Nicolas Sarkzoy al condicionar la apertura de un expediente sancionador por las expulsiones de gitanos rumanos y búlgaros a que París presente antes del 15 de octubre un borrador legislativo de rectificación. Para llegar a una decisión que satisface al Elíseo, el Ejecutivo comunitario ha necesitado dos horas de intensos debates sobre las presuntas infracciones de Francia a la legislación comunitaria. No sólo la Comisión concede a París dos semanas más de plazo para ponerse a bien con la ley, sino que renuncia a abrir el otro procedimiento por discriminación, políticamente muy grave, que Viviane Reding, la comisaria de Justicia y Derecho Fundamentales, creía inevitable.

Enfurecida hace un par de semanas la comisaria por cómo Francia le había hurtado información sobre las expulsiones de los gitanos rumanos y búlgaros, Reding aireó su frustración con la polémica evocación de los hechos ocurridos en la II Guerra Mundial antes de concluir: "Estoy personalmente convencida de que la Comisión no tendrá otra salida que abrir procedimientos de infracción contra Francia: por una aplicación discriminatoria de la directiva de Libertad de Movimiento y por no haber traspuesto las garantías procesales y sustantivas de la directiva de Libertad de Movimiento". Se refieren esas garantías, entre otras, a que la decisión de expulsión pueda ser recurrida ante la justicia o que la orden de repatriación quede sin efecto mientas delibera el juez.

Trifulca política mediante en el Consejo Europeo, cuando Sarkzoy y el presidente de la Comisión se enzarzaron en una discusión subidísima de tono, el Ejecutivo comunitario bajó definitivamente los humos a la vicepresidenta Reding. José Manuel Durao Barroso se plegó ante Sarkozy, que le había hecho saber que la apertura de un procedimiento de infracción a Francia por discriminación sería considerada como una declaración de guerra porque él personalmente está dispuesto a hacer lo necesario para acomodarse a las exigencias del derecho comunitario sin ser públicamente dejado en evidencia.

Así que nada de procedimiento de infracción por discriminación -el de más calado político, por atentar contra los valores de la Unión Europea- y sólo advertencia de que se le abrirá otro a Francia por la pura cuestión técnica de no haber convertido todavía en derecho positivo francés las garantías definidas a grandes rasgos en una directiva de 2004.

"Francia no ha incorporado a la legislación nacional la directiva de Libre Circulación", explicó luego Reding en una comparecencia vespertina ante dos comisiones del Parlamento Europeo. "La Comisión ha decidido hoy que enviará a Francia una carta de emplazamiento [primer paso de un proceso sancionador] solicitando la plena trasposición de la directiva a menos que antes del 15 de octubre proporcione un borrador de la trasposición y un detallado calendario de trasposición". Un borrador legislativo y un calendario de aplicación. A eso se reduce el contencioso con Francia. "Si lo hace, no necesitaremos actuar", agregó Reding.

A los eurodiputados les interesaba más el aspecto discriminatorio de la legislación francesa, puesto en evidencia por la circular de agosto que marcaba como objetivo principal de las repatriaciones a los gitanos rumanos. "Era un caso claro de discriminación", enfatizó la comisaria ante sus euroseñorías. Pero Francia retiró la prueba incriminatorias y la sustituyó por otra a mediados de septiembre que ha creado una nueva situación. "No tenemos pruebas de discriminación para ir al Tribunal de Justicia", reconoció Reding.

De ahí la decisión de profundizar en los hechos, para actuar con absoluta solvencia jurídica. Recordó la comisaria cómo las autoridades francesas "al más alto nivel político" han mantenido que las medidas de este verano no iban dirigidas contra ninguna minoría étnica en particular, que se han comprometido a aplicar sin discriminación de ningún tipo la legislación comunitaria y a trabajar con la Comisión para resolver los problemas que puedan existir.

"Las declaraciones políticas genéricas sobre garantías no son suficientes", apostilló Reding. "Tenemos que comprobar los hechos y por eso hemos enviado hoy una carta a las autoridades francesas pidiendo detalles muy concretos de cómo se aplica la nueva circular, por ejemplo con copias de las órdenes de expulsión y como se han aplicado a cada personas de forma individual".

Siempre política y peleona, Reding salió al paso de quienes consideran que la Comisión ha sacado bandera blanca ante Francia y se agarró a lo puramente formal como a un clavo ardiendo. "Hoy se han tomado dos decisiones: abrir un caso [supeditado a lo que ocurra de aquí al 15 de octubre] y continuar las investigaciones en el otro", resumió la vicepresidenta en la Eurocámara. "Es la primera vez que se ha abierto un procedimiento sobre principios fundamentales. No infravaloren las decisiones de hoy".

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