Francia afirma en Bruselas que la libertad de circulación no puede ser "incondicional"

El ministro francés de Inmigración, Eric Besson, ha afirmado hoy en Bruselas que la libertad de circulación dentro de la UE no puede ser "incondicional". Las comisarias europeas de Asuntos de Interior y de Justicia, Cecilia Malmström y Viviane Reding, le han recibido junto al secretario de Estado francés para Asuntos Europeos, Pierre Lellouche, para recibir explicaciones sobre la política de su Gobierno de expulsión casi sistemática de los gitanos procedentes de Rumania y de Bulgaria. Estos estados forman parte de la Unión Europea desde 2007 pero que están sometidos en algunos países, como Francia, a una moratoria, extensible hasta 2014, que restringe la entrada al mercado laboral de sus ciudadanos.

"El logro europeo de la libertad de circulación es extraordinario, pero no puede ser incondicional ni un pretexto para la realización de actividades ilícitas, y en particular, el tráfico de seres humanos", ha defendido Besson en rueda de prensa tras su reunión en la Comisión. El titular de Inmigración francés ha insistido en la compatibilidad de las deportaciones con el derecho comunitario y "los valores de la República" y ha pedido a la Comisión Europea cooperación para luchar contra las mafias de tráfico de personas y en favor de un plan de integración de la comunidad romaní en la UE.

Besson ha insistido también en la "responsabilidad propia de cada estado de la UE para la integración social y económica de sus ciudadanos", y ha dicho explícitamente que la integración de los gitanos es antes de nada un asunto que atañe a Rumania, que debe poner en marcha "un plan de urgencia" a este fin. Sobre este mismo tema había incidido poco antes el portavoz de la Dirección General de Justicia de la Comisión, Matthew Newman, que había señalado sin embargo que "los gitanos tienen los mismos derechos que todos los ciudadanos europeos y que su integración debe darse en todos sitios, y no solo en su país de origen".

El representante francés ha negado que Francia haya llevado a cabo "expulsiones colectivas", justificando las deportaciones como decisiones judiciales individuales, y ha calificado de "tonterías" las acusaciones de este tipo y de "ridículas" las críticas que consideran racistas estas medidas. Besson ha hecho hincapié en que la ley europea prevé excepciones al derecho a la libre circulación de personas, como la amenaza reiterada al orden público, ser una carga desproporcionada para la Seguridad Social o no tener recursos suficientes para mantenerse en el país de acogida.

Francia busca un "diálogo constructivo" con Bruselas

La visita de hoy se inscribe en la voluntad del Ejecutivo francés de tranquilizar a Bruselas, que durante el verano ha manifestado su "preocupación" por las condiciones en las que se producían estas expulsiones. El primer ministro, François Fillon, acordó esta reunión en una entrevista con el presidente de la Comisión, José Manuel Durão Barroso. Reding, como encargada de Justicia y Derechos Fundamentales, presentará mañana al Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia) un "análisis jurídico" de las medidas francesas en contra de los gitanos, aunque no se harán públicas, según ha anunciado su portavoz, Newman.

En la reunión de hoy, el ministro de Interior ha manifestado a las comisarias Reding y Malsmtrom su intención de entrar en un "diálogo constructivo con la Unión Europea". París les ha enviado un dossier con toda la información sobre las deportaciones para que estudien si ha existido alguna incongruencia con la directiva de libre circulación de 2004.

Francia ha expulsado ya a casi 1.000 gitanos a Rumania y Bulgaria, la gran mayoría de los cuales se ha acogido a la ayuda voluntaria al regreso de 300 euros por persona, desde que a finales de julio el Gobierno anunciara su intención de aumentar la presión sobre los campamentos ilegales de gitanos y la expulsión "casi inmediata" de los que se encontraran en el territorio de forma ilegal. Esta medida se aplica principalmente a los cerca de 15.000 de origen rumano y búlgaro, que son los que se encuentran en los pueblos chabolistas.

Nuevas voces críticas

Francia ha reiterado en numerosas ocasiones la legalidad de estas medidas, pero las asociaciones se preocupan por su carácter masivo. El Gobierno asegura, sin embargo, que cada repatriación ha sido decidida de forma individual. "Está claro que quien quiebre la ley tiene que someterse a las consecuencias", aseguraba Reding en un comunicado de prensa publicado la semana pasada. "Está igual de claro que nadie debería ser expulsado por el hecho de ser gitano", añadía.

En cualquier caso, la visita a Bruselas de hoy se produce al día siguiente de que el mismo Besson anunciara su intención de incluir la "mendicidad agresiva" y el "robo reiterado" entre los criterios para proceder a una expulsión. Un anuncio que ha hecho salir a luz nuevas voces críticas en el seno del Gobierno. Si ayer fue el ministro de Exteriores, el ex socialista Bernard Kouchner, quien reconoció haber pensado en dimitir a raíz de la "polémica" creada por la política del Gobierno, hoy ha sido Fadela Amara, secretaria de Estado para la Ciudad. Amara, ella misma de origen extranjero, ha criticado en la radio RTL la asimilación realizada por el Gobierno entre delincuencia e inmigración.

Mientras tanto en París, el ministro del Interior, Brice Hortefeux, trata de apaciguar otro frente que se ha mostrado especialmente crítico con estas medidas, el de la Iglesia, al recibir hoy al presidente de la Conferencia Episcopal Francesa, el cardenal André Vingt-Trois.