Las tres derrotas de la Cooperación Española

En mayo de este año Mariano Rajoy visitó en Bamako (Mali) al contingente de 120 soldados españoles que participan en la Misión de Entrenamiento de la UE. En las horas que duró el viaje, y del brazo de su Ministro de Defensa, el Presidente declaró la guerra al terrorismo, advirtió del riesgo de la emigración irregular, brindó por el Rey y aprovechó para explicar, en una nación con dos golpes castrenses solo en 2012 y una presencia militar asfixiante, porqué "sin un ejército la libertad es imposible".

De lo que no hubo tiempo, lamentablemente, es de referirse a las dos décadas de solidaridad española —pública y privada— en este país cuya esperanza de vida es de 55 años y en el que la pobreza, los conflictos y el cambio climático se conjuran en una tormenta perfecta de indicadores sociales medievales. Una solidaridad que había situado a España en el mapa de los malienses mucho antes de la llegada de nuestros militares.

En materia de cooperación, esta anécdota encapsula una legislatura que nos gustaría olvidar cuanto antes. Por mantener el lenguaje marcial del Presidente, a lo largo de estos años la Cooperación Española (CE) ha sido derrotada en tres frentes: presupuestario, político e institucional.

Entre los años 2009 y 2014 el presupuesto de la CE cayó en dos tercios hasta situarse en el 0,14% del PIB, su nivel más bajo desde 1989. Tres de cada cuatro receptores no gubernamentales han visto disminuir o desaparecer su financiación pública y dos de cada tres padecen los impagos de la Administración. La Agencia Española de Cooperación Internacional y para el Desarrollo (AECID) se limita a gestionar hoy un 12% del total de los recursos de la ayuda, que en su mayor parte se destina a las contribuciones obligatorias a los organismos europeos y multilaterales. El margen de maniobra de las oficinas centrales y territoriales de la CE se ha reducido hasta un punto alarmante, cerrando programas, recalibrando prioridades y poniendo en riesgo la influencia acumulada durante años en iniciativas público-privadas de ámbito global.

El descalabro presupuestario de la Cooperación Española responde en parte a las estrecheces fiscales impuestas por la recesión. Pero solo en parte, porque el recorte de la ayuda multiplica el descenso medio del gasto público y constituye toda una declaración política: salvo en alguna ocasión puntual —como la campaña del Gobierno español para acceder a un puesto no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU— la cooperación ha desaparecido de las prioridades de la acción exterior de España. Esta decisión ha erosionado la imagen de nuestro país y debilitado su posición en regiones del planeta como África subsahariana, donde los intereses económicos y geoestratégicos de Europa son cada vez más amplios.

Aunque tampoco ayudan, ninguno de los factores anteriores es una excusa para no haber abordado los graves retos institucionales a los que se enfrenta la Cooperación Española desde sus inicios. Estos años han sido una oportunidad perdida para garantizar la independencia de la AECID, evaluar adecuadamente el impacto de sus programas y garantizar la profesionalización directiva sobre la base de la especialización y los méritos. Con excepción de un esfuerzo reseñable por reducir la dispersión geográfica de la ayuda y mejorar su orientación sectorial, ordenar el diálogo con nuestros socios a través de los Marcos de Asociación País e incrementar con un nuevo portal online la transparencia de los programas, la legislatura concluye en buena medida donde empezó.

Las razones para dar un volantazo son tan prácticas como éticas

Es justo reconocer que algunos de estos problemas comenzaron mucho antes de la llegada del actual Gobierno. Me entristece pensar, por ejemplo, que lo primero que escribí cuando comencé en esta profesión en 1995 fue una propuesta de reforma de la entonces AECI cuya justificación no ha cambiado esencialmente. Por esta misma razón, la hoja de ruta a seguir está bastante clara y solo necesitamos un gobierno dispuesto a llevarla a cabo con un programa corto y relevante que incluya un escenario realista de reconstrucción presupuestaria (alcanzar la media de la UE al final de la legislatura parece razonable) y medidas para garantizar el impacto, la transparencia y la rendición de cuentas de la cooperación, lo que supone inevitablemente reconsiderar sus mimbres institucionales y tomar decisiones de concentración estratégica basadas en nuestro valor añadido.

La buena noticia es que mucho de lo que hagamos para fortalecer la Cooperación Española constituye un ejercicio de interés propio, además de una herramienta de solidaridad ineludible. Como saben bien países de un peso económico y militar similar al nuestro, la cooperación es una vía digna, eficaz y rentable de posicionarse en el mundo. Incluso de apuntalar sectores estratégicos de nuestra economía, como la I+D+i en los campos de las energías renovables, la seguridad alimentaria o la salud.

Si esto es cierto, las razones para dar un volantazo son tan prácticas como éticas. España debe aprovechar el margen de maniobra político y presupuestario que ofrezca la próxima legislatura para reconstruir su estrategia de cooperación e incorporarla al corazón de la acción exterior. Los programas electorales de los principales partidos muestran compromisos variables en este sentido —aprueban PSOE y Podemos, y suspenden Ciudadanos y Partido Popular—, por lo que mucho va a depender del juego de mayorías y del liderazgo visionario de algunos individuos dentro de esos partidos. Y en eso estamos trabajando.

Gonzalo Fanjul

Cofundador de la Fundación PorCausa de periodismo e investigación.