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El fiscal niega que el exdirector de la policía y dos cargos del cuerpo colaboraran con ETA en el chivatazo del bar Faisán

El ministerio público asegura que ese delito exige una "adhesión ideológica" con la actividad de la organización terrorista

Cuando el juez Pablo Ruz imputó colaboración con organización terrorista al ex director general de la policía Víctor García Hidalgo y a otros dos cargos del cuerpo, la Fiscalía no recurrió. Hoy, sin embargo, sí se ha adherido a las tesis de García Hidalgo y ha mantenido que, en la investigación del chivatazo del bar Faisán de Irún, no existen indicios de colaboración con banda armada al no existir "adhesión ideológica" de los imputados con los fines de ETA.

El fiscal, durante su intervención en la vista del recurso del ex director general contra su imputación, ha recordado "las graves dudas" del propio Ruz sobre la existencia de esa infracción y ha asegurado que implica "la participación en actividades y finalidades de la organización terrorista por quien no es miembro de la misma", algo difícilmente reprochable a miembros de la policía. También ha asegurado, citando sentencias del Tribunal Supremo, que, según el ministerio público, exige "compartir la estrategia y métodos" de la organización o su "patógena ideología".

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Si la sección segunda -formada hoy por los magistrados José Ricardo de Prada, Fernando García Nicolás y Julio de Diego- acepta ese argumento y no aprecia colaboración, el caso quedaría reducido a una revelación de secretos penada con hasta tres años de cárcel para cuya investigación no es competente la Audiencia al no tratarse de un delito de terrorismo. Ruz, por tanto, tendría que inhibirse a favor de los juzgados de Irún (Guipúzcoa), donde se produjeron los hechos, aunque también podría seguir practicando diligencias hasta encontrar indicios suficientes. El delito de colaboración está castigado con una pena de entre cinco y diez años de prisión.

En caso contrario, si el tribunal confirma la cooperación con ETA, dejaría expedito el camino hacia el procesamiento del ex director general y de los dos cargos policiales imputados (el jefe superior de policía del País Vasco, Enrique Pamiés y el inspector de Vitoria José María Ballesteros). Fuentes de la Audiencia aseguran que el sumario está casi concluido, a la espera del informe final del equipo policial que investiga la delación.

En una resolución anterior, de febrero de 2010, la Sala sí apreció ese delito, aunque el objeto del recurso entonces era la práctica de varias pruebas y no la existencia de la infracción.

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