Las claves del 'caso Faisán'

El 20 de junio de 2006, las policías española y francesa, bajo la coordinación de los jueces Fernando Grande-Marlaska y Laurence Levert, asestan un duro golpe a la red de extorsión de ETA al detener a 12 personas implicadas en el cobro y gestión del llamado impuesto revolucionario a empresarios vascos y navarros.

Sin embargo, la operación estuvo a punto de irse al traste ya que el 4 de mayo anterior un policía avisó a uno de los responsables de la trama de extorsión de ETA de que les estaban investigando y de que podían ser detenidos en cualquier momento. El chivatazo se lo dio presuntamente un policía al dueño del bar Faisán, Joseba Elosua, uno de los jefes del aparato recaudador de los terroristas.

El juez Ruz procesó el miércoles a tres mandos policiales. En un auto de 75 folios, el magistrado hace un recorrido por todo el proceso, los indicios que existen e imputa al que fuera director general de la Policía, Víctor García Hidalgo; al jefe superior de la Policía del País Vasco, Enrique Pamies, y al inspector de la Brigada de Información de Vitoria José María Ballesteros. El juez les considera presuntos autores de tres delitos: colaboración con banda armada, revelación de secretos y, alternativamente, encubrimiento. Estas son algunas de las claves del caso:

¿Cómo empieza?

Según el auto del juez Ruz, a raíz de una documentación incautada a varios miembros de ETA en Francia, las autoridades tuvieron constancia de diversos pagos que empresarios del País Vasco extorsionados por la banda entregaron a una estructura de la organización terrorista denominada Gezi, que daba cuenta a Juan Antonio Olarra Guridi, jefe del aparato militar. También se descubrió que la red de extorsión, que operaba en España desde hacía 20 años, tenía su centro operativo alrededor del bar Faisán, regentado por Joseba Elosua. Allí se montó un operativo para estudiar los contactos, citas y cobros. Así se constató las visitas periódicas de los presuntos etarras José Luis Cau Aldanur, El Bodeguero, José Ramón Sagarzazu, Txenpe, y Cristina Larrañaga.

¿En qué consistió el chivatazo?

Elosua, dueño del bar Faisán y colaborador de ETA, recibió el 4 de mayo de 2006 una extraña visita. Alguien entró esa mañana en su local, le pasó un teléfono móvil y a través de él una voz le comunicó que iba a producirse una gran operación contra el aparato de extorsión de ETA si, como tenía previsto, se reunía en Irún con un etarra. La operación se frustró, aunque un mes y medio después se puso en marcha de nuevo impulsada por el juez Fernando Grande-Marlaska y la magistrada francesa Laurence Le Vert. La investigación culminó con 12 detenciones.

¿Quién dio el soplo?

Según la investigación interna del comisario Carlos Germán, llevada a cabo a instancias de Grande-Marlaska, había tres implicados: el inspector de Vitoria José María Ballesteros -que entró supuestamente en el Faisán y pasó el móvil a Elosua-; el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamies -quien presuntamente hablaba al otro lado de la línea telefónica-; y el director general de la Policía, Víctor Hidalgo.

¿Cómo se descubrió el aviso?

El chivatazo fue descubierto gracias a la baliza que la policía había puesto en el coche de Elosua. Fue él quien en una conversación con su cuñado dentro del vehículo reveló el aviso.

¿Cuáles son las pruebas?

El registro de los teléfonos móviles de los imputados muestra que se intercambiaron llamadas en los momentos previos y posteriores al chivatazo. Ballesteros llamó a la hora del soplo desde el bar a Pamies, quien a su vez cruzó varias llamadas con García Hidalgo. Alfredo Pérez Rubalcaba, titular de Interior desde el 11 de abril de 2006, destituyó a García Hidalgo el 8 de septiembre, cuatro días después de que lo implicaran en el soplo.

¿Quién instruye la causa?

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska inició la investigación ya que sustituía al frente del Juzgado de instrucción número 5 a Baltasar Garzón, de año sabático. Cuando el magistrado regresó y retomó su plaza se hizo cargo del sumario. Después fue suspendido por el Consejo General del Poder Judicial tras ser imputado por el Tribunal Supremo por investigar los crímenes del franquismo. Entonces se hizo cargo Pablo Ruz, que sustituyó a Garzón.

Por parte de la policía, es el inspector Carlos Germán quien investigó el chivatazo. Este agente fue el jefe policial responsable de la propia operación contra la red de extorsión de ETA. En su informe, Germán apunta a los tres imputados.

Sin embargo, su superior, José C., declaró ante el juez Ruz que su subordinado le pidió que se borrara la cinta en la que el dueño del bar cuenta a su cuñado cómo se produjo el chivatazo. José C. apuntaría a Germán como responsable del aviso a los etarras.