El acuerdo en pensiones da paso a un gran pacto social
Los sindicatos y el Gobierno ceden para lograr un texto que recorta la renta de los futuros jubilados y retrasa la edad de retiro a 67 años
Las pensiones, el elemento más sensible de todos los sometidos a reformas, han dado pie al primer gran pacto social de la legislatura. Una cena del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con los líderes sindicales ha desbloqueado la reforma de mayor calado que ha experimentado nunca el sistema de pensiones. El principio de acuerdo sobre la jubilación logrado en la madrugada (la última reunión finalizó pasadas las cuatro) supone retrasar la edad de jubilación, endurecer el acceso a la prestación máxima y recortar la renta media de los futuros jubilados. El acuerdo, en cualquier caso, refuerza al Ejecutivo -particularmente a Zapatero- y legitima la labor negociadora de UGT y Comisiones Obreras.
Quienes coticen 38,5 años podrán salir del mercado laboral a los 65
"En la madrugada de hoy las organizaciones empresariales CEOE Y Cepyme, las confederaciones sindicales CC OO y UGT y el Gobierno han concretado los contenidos de un principio de Acuerdo sobre la reforma del Sistema de Pensiones, determinadas Políticas Activas de Empleo y los criterios básicos para la reforma de la Negociación Colectiva", ha señalado esta madrugada el Ministerio en un comunicado. "Dicho acuerdo", añade, "deberá ser aprobado por las direcciones correspondientes de cada una de las organizaciones".
Alcanzar un acuerdo tan complejo -además de las pensiones comprende negociación colectiva, políticas de empleo, industriales y energéticas, que se irán concretando- ha obligado a ambas partes a ceder en sus pretensiones casi a partes iguales. El Gobierno pretendía reformar el sistema para frenar el creciente gasto que comporta. Y los sindicatos rechazaban cualquier recorte de derechos. Finalmente, el recorte se produce, aunque con los suficientes matices como para que las dos partes puedan divulgarlo como un éxito propio: el Ejecutivo logra el enunciado básico que había comprometido en mayo ante Bruselas de elevar a 67 años la edad legal de jubilación y los sindicatos introducen muchas excepciones a esa regla, con especial protección a los jóvenes y las mujeres como colectivos más vulnerables del sistema.
El principio de acuerdo se ha fraguado con un mínimo margen de tiempo para que pueda ser incorporado a la reforma de pensiones que aprobará hoy el Consejo de Ministros y que entrará en vigor en 2013, con un periodo transitorio hasta 2027. Y, sobre todo, permite al PSOE reconciliarse con los sindicatos y que los barones del partido puedan capitalizarlo a menos de cuatro meses de las elecciones autonómicas y municipales. El acercamiento en pensiones permite restañar en buena parte las heridas abiertas desde el fracaso de la negociación de la reforma laboral, que desembocó en una huelga general el 29 de septiembre.
El punto de equilibrio de ese complicado engranaje reside en los 38,5 años de cotización que se exigirán para conservar el derecho a jubilarse a los 65 años. Los sindicatos exigían mantener los 35 años que ahora permiten acceder a la pensión máxima a la que se tenga derecho. Y el Gobierno arrancó la negociación con una propuesta de 41 años. No bajó su oferta hasta el final. La horquilla se cerró en los dos últimos días, hasta quedar en un año de diferencia (entre 38 y 39) apenas unas horas antes del acuerdo. La solución final ha sido salomónica y poco ortodoxa (38 años y medio).
La principal renuncia sindical se centra en la edad de jubilación. UGT y Comisiones Obreras se opusieron con uñas y dientes a aceptar esta nueva referencia legal, convocaron repetidas manifestaciones -la última, el pasado diciembre- y amagaron con otra huelga general si la cifra prosperaba. Para dar marcha atrás en un asunto tan crucial han sido clave las excepciones introducidas para mujeres y jóvenes: la consideración como cotizados de dos años máximo para cualquier trabajador (mayoritariamente mujeres) que dejen temporalmente su trabajo para cuidar a sus hijos y para los becarios, una vez han acabado los estudios universitarios.
Lo que el Ejecutivo se deja en el camino es la pretensión de ampliar más el colectivo que necesariamente tendrá que jubilarse a los 67 años si quiere cobrar el máximo de pensión. Porque dejar en 38 años y seis meses el periodo que se salva de trabajar hasta los 67 reduce la incidencia de esta medida. En la actualidad, algo menos de la mitad de los trabajadores que acceden al retiro tienen acreditados esos años cotizados, pero la proporción irá bajando mucho en los próximos años. Los cotizantes más jóvenes se han incorporado más tarde al mercado laboral, y sufren especialmente la temporalidad, por lo que tendrán que trabajar más años para poder acceder a la pensión máxima.
Existe otro elemento ajeno a las pensiones que ha determinado el sí final de los sindicatos al acuerdo. Se trata de la alternativa que ofrece el Gobierno a la ayuda de 426 euros para parados sin rentas que expira el próximo mes. El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, presentó un modelo de 350 euros que gestionarían las comunidades autónomas y que estaría condicionado a la disponibilidad presupuestaria. La fase final de la negociación ha elevado esta ayuda estatal vinculada a la formación a una cifra que rondará los 400 euros. Y será un derecho del trabajador sin tope presupuestario.
El acuerdo permite a Zapatero recuperar la iniciativa política por primera vez en mucho tiempo. A la vez, fuerza a la oposición, en especial al Partido Popular, a sumarse al acuerdo. Un pacto social tan amplio y con el respaldo de la patronal CEOE deja al PP sin argumentos para oponerse. Izquierda Unida, en cambio, no se siente vinculada a ese acuerdo a pesar de la presencia sindical. Esa ausencia pone en aprietos a los sindicatos, que hasta ahora habían mantenido un discurso muy próximo a esa formación política en el rechazo frontal a los recortes en el sistema de pensiones.
La reforma del sistema público constituye uno de los elementos que más demandaban a España los mercados y los organismos internacionales. La caja de las pensiones aún no ha entrado en números rojos, pero las proyecciones demográficas y de gasto sembraron las dudas sobre la fortaleza del sistema y aceleraron las reformas. Hoy, un año después de que el Gobierno lanzara la idea inicial de elevar a 67 años la edad legal de jubilación, se ha logrado lo que en aquel momento parecía imposible: que los sindicatos aceptasen esa referencia, aunque con paliativos. Y los llamamientos a la responsabilidad que desde diversos ámbitos han recibido los sindicatos durante estos meses, especialmente tras la huelga general del pasado 29 de septiembre, han influido en ese viraje.
Decálogo de la reforma
Estas son las principales novedades de la reforma:
- Edad legal de jubilación. Como norma general, será a los 67 años. Retirarse a los 65 años requerirá tener cotizados al menos 38 años y seis meses. Es decir, el trabajador habrá tenido que empezar a cotizar, como muy tarde, a los 26 años y medio. También se mantendrán los 65 para profesiones penosas, pendientes de concretar.
- Pensión máxima. Para las jubilaciones a los 67 años habrá que tener cotizados 37 si se aspira al 100% de la pensión. Es decir, habrá que incorporarse como muy tarde a los 30 años.
- Periodo de cómputo. La prestación se calculará sobre la base de los últimos 25 años cotizados (una vez se implante del todo la reforma), lo que reducirá la pensión media. Ahora se hace sobre los últimos 15 años, que suelen ser los mejor pagados. La ampliación del periodo de cómputo será en dos tramos: hasta los 20 años en 2016 (opción del Gobierno) o 2018 (opción de los sindicatos). Después se irá elevando hasta los 25 (como máximo en 2024). El peso de cada año sobre el porcentaje de pensión será idéntico (ahora pesan más los 15 primeros).
- Cuidado de hijos. Quienes soliciten excedencias para cuidar a los hijos (mujeres en su mayoría) podrán sumar nueve meses de cotización por cada uno de ellos, hasta un máximo de dos años.
- Becarios. Las prácticas como becarios de quienes hayan acabado los estudios universitarios contarán como periodo cotizado hasta un máximo de dos años. Las empresas tendrán que cotizar por ello. Y se prevé establecer un plazo retroactivo de cuatro años.
- Jubilación anticipada. Se endurece el retiro prematuro a los 61 años al dejarlo solo para quienes procedan de crisis empresariales, un concepto por definir. Como ahora, tendrán que estar al menos seis meses en paro. Más allá de esa figura, la jubilación anticipada común se podrá solicitar voluntariamente a partir de los 63.
- Jubilación parcial. Se endurecerá el acceso a este tipo de retiro de forma que perderá atractivo para las empresas, que pagarán la cotización íntegra del relevista y del relevado. Habrá un periodo transitorio de cinco años.
- Esperanza de vida. Como novedad, se revisará el sistema cada cinco años en función de la esperanza de vida a partir de los 67, lo que abre la puerta a ajustes automáticos en la pensión.
- Incentivos al trabajo. Habrá mejoras por concretar en los actuales incentivos al retraso en la edad de jubilación.
- Financiación. Se tendrán en cuenta formas alternativas de sufragar las pensiones.
98 días de negociaciones
- 20 de octubre de 2010. Cambio de Gobierno. El protagonismo del nuevo Gabinete recae en dos de los artífices del pacto. Alfredo Pérez Rubalcaba asume la vicepresidencia primera. Valeriano Gómez se hace cargo del Ministerio de Trabajo con el objeto de rehacer el diálogo social.
- 12 de noviembre. El nuevo ministro de Trabajo se reúne con los sindicatos para retomar las conversaciones tras la huelga general. UGT y CC OO exigen una rectificación, pero el diálogo se reinicia.
- 19 de diciembre. Los líderes sindicales, Cándido Méndez (UGT) e Ignacio Fernández Toxo (CC OO), se reúnen en La Moncloa con el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, y Gómez. Se dan 15 días para saber si hay posibilidades de llegar a un pacto en pensiones, reforma laboral y negociación colectiva.
- 22 de diciembre. La CEOE elige a Juan Rosell presidente en sustitución de Gerardo Díaz Ferrán. Su llegada propicia un cambio de actitud de la patronal, más abierta al diálogo y más implicada en la consecución de un pacto.
- 8 de enero. Rubalcaba y la vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, se implican en la negociación con los sindicatos para tratar de convencerlos de que acepten sus propuestas para reformar las pensiones.
- 11 de enero. Toxo lanza la propuesta de firmar un gran pacto social en el que se impliquen también los empresarios y el resto de grupos políticos. El acuerdo debe abarcar la reforma de pensiones, la de la negociación colectiva, las políticas activas de empleo y aspectos de política industrial y energética.
- 25 de enero. El Congreso de los Diputados aprueba las recomendaciones del Pacto de Toledo con un voto particular de CiU, apoyado por PSOE, PNV y CC, que avala el retraso flexible y progresivo de la edad legal de jubilación, primando la voluntariedad.
- 26 de enero. Zapatero, Toxo y Méndez sientan las bases del acuerdo en pensiones. Los sindicatos aceptan retrasar la edad legal de jubilación a los 67 años a cambio de que se puedan retirar a los 65 quienes hayan cotizado 38 años y seis meses.
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