"Garzón es el último exiliado del franquismo"

Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, considera que el juez Baltasar Garzón se ha convertido en "el último exiliado del franquismo", al conocer la noticia de que ha pedido su incorporación al Tribunal Penal Internacional como consejero. Para la asociación se trata de "una solución para el conflicto generado por el Tribunal Supremo, que ha perseguido al juez hasta hacerlo renunciar a la posibilidad de defenderse y convertirlo en un refugiado político en La Haya".

La asociación que asiste a los familiares de las víctimas del franquismo considera la marcha de Garzón como una "amputación a la justicia española". "Que el único juez que se ha atrevido a investigar estos crímenes se tenga que marchar de España es un estrechamiento de la democracia", opina Silva. El colectivo cree que es "un hecho de extrema gravedad como precedente para otros jueces que intenten investigar los crímenes del franquismo".

"Es probable que dentro de la Audiencia Nacional o del Tribunal Supremo se haya llegado a un acuerdo para buscar una vía que no le lleve al banquillo", asegura la asociación, que opina que "la imagen de Garzón sentado en el banquillo de los acusados por investigar 113.000 desapariciones forzadas tendría unas duras consecuencias políticas" ya que de celebrarse una vista oral, "es muy probable que pasaran como testigos en el juicio contra Garzón algunos de los principales exponentes de Derecho Penal Internacional y sus declaraciones podrían haber continuado evidenciando la persecución política que se le ha hecho al juez y denunciado la parcialidad del Poder Judicial español en su desamparo a las víctimas de la dictadura franquista.

Concentración frente al Congreso

Por otra parte, respecto al acuerdo entre PSOE y IU-ICV para que el Gobierno se comprometa a asumir la exhumación de fosas, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica espera que sea "por fin la solución a las familias de los desaparecidos" y recuerda que muchos familiares han muerto sin haber recibido "ayuda del Estado" para localizar a sus seres queridos enterrados en cunetas desde que en diciembre de 2007 se aprobó la ley de memoria. Por ello, solicitan al Gobierno que cree "con urgencia" una "oficina central de atención a los familiares de los desaparecidos y no un laberinto en el que las víctimas tengan que pelearse con una administración autonómica para ir luego en busca de la ayuda del Estado central". La asociación añade: "La vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega no puede pretender que los familiares tengan una bronca política con las comunidades del PP".

Esta tarde familiares de víctimas convocados por la Plataforma contra la impunidad del franquismo se concentrarán frente al Congreso para pedir al Estado el empujón definitivo a la ley de memoria, la búsqueda de desaparecidos y la investigación de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura.