Cuatro claves sobre la anulación de las escuchas del 'caso Gürtel'

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón verá cómo parte del caso Gürtel quedará invalidado por la anulación de las escuchas que él ordenó en la cárcel a implicados en la trama corrupta que afecta al PP. Éstas son algunas de las claves de la decisión del Tribunal Superior de Madrid de anular esas grabaciones:

¿Cómo se ha llegado a la situación con tres procesos abiertos contra el juez?

Garzón tiene tres causas penales abiertas contra él, alguna de esas causas agrupa varias querellas, como la que le acusa por prevaricación por pretender investigar los crímenes del franquismo, desde varios frentes, entre ellos el pseudosindicato ultraderechista Manos Limpias y Falange de las JONS. La admisión a trámite de esas primeras querellas ha abierto la espita y a un juez contra el que se habían presentado más de 40 sin éxito, ahora le llueven las querellas, porque en el Supremo ya son receptivos a sentarle en el banquillo.

Abierta la veda, ya vale todo, incluso asuntos archivados, como el del Banco Santander, que se resucitan, ahora ya con éxito. La clave está en la investigación de los crímenes del franquismo, audacia judicial fundamentada en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, como la persecución penal contra Pinochet y tantas otras. El magistrado del Supremo Adolfo Prego se permitió admitir lo que él mismo reconoció que era una mera "hipótesis" y su colega Luciano Varela, instructor de la causa, hizo un ejercicio de prestidigitación para tratar de avalar que pretender aplicar progresivamente el derecho era una actuación injusta por parte de Garzón.

¿Tiene total libertad un juez para ordenar escuchas?¿En qué situaciones?

Depende de con qué objeto. Si se trata de conocer las comunicaciones del preso desde la cárcel, la ley penitenciaria lo permite al juez en casos de terrorismo. Si las escuchas tienen como objeto investigar un delito, las posibilidades legales son mayores, especialmente si la comunicación del preso es con otro imputado, incluso cuando éste sea abogado.

En todo caso, el derecho fundamental a la defensa letrada y a la confidencialidad de la comunicación del abogado con su cliente está legalmente preservado, salvo que la estrategia de defensa se confunda con la perpetración de delitos, en cuyo caso el juez podrá permitir las escuchas, pero razonando muy detalladamente el motivo de esas escuchas. Yo espero que el magistrado instructor de esta causa, Alberto Jorge Barreiros, realice una instrucción que no se parezca nada -porque sea correcta- a la del magistrado Varela, en el caso del franquismo.

¿La anulación de las escuchas puede dar al traste con el caso Gürtel?

No necesariamente, porque entre la ingente información obtenida sobre este caso de corrupción en las proximidades del PP, hay datos que nada tienen que ver con las escuchas, aunque los abogados de los imputados tratarán de relacionarlas, mediante el criterio del "árbol envenenado", que contamina todo lo que se encuentre próximo a lo anulado, incluso, esperemos que no, el codiciado pen drive.

Y en cuanto a la causa abierta contra Garzón por las escuchas, al margen de lo que los abogados intenten, creo que el instructor Alberto Jorge Barreiros sabrá distinguir el grano de la paja y, por un lado, no incriminará lo que es una correcta investigación penal y, en todo caso, tratará de deslindar las posibles responsabilidades de la instrucción de Garzón -por otro lado avalada por Antonio Pedreira, el juez instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid- de la eficacia incriminadora que figura en el amplísimo sumario del caso Gürtel.

¿Cómo puede explicársele a los ciudadanos que un personaje como Correa pueda llevar al banquillo al juez que le investigó?

Muy difícilmente, porque está claro que Francisco Correa está legitimado para intentar todas las acciones jurídicas que considere pertinentes, pero son los jueces los que tienen que actuar con sensatez. A ninguno de los magistrados que han admitido a trámite querellas contra Garzón se le ocurriría aceptar una acusación de prevaricación proveniente de acusados de pertenecer a ETA, quienes también están legitimados para plantear acciones jurídicas. Pero en el Supremo tienen muy claro quienes pueden querellarse y quienes no, aunque todos sean ciudadanos.

En el anterior caso más llamativo sobre corrupción en el PP, el llamado caso Naseiro, también costaba explicar a la ciudadanía que el asunto terminara archivado, por una cuestión de garantías procesales, después de haber escuchado cómo un importante dirigente del PP, Eduardo Zaplana, decía con su voz "estoy en la política para forrarme". Pero es cierto que, en aquel caso lo más que se atrevieron a hacer los sospechosos de delinquir fue llamar al "caso Naseiro", caso Manglano, por el juez de Valencia que lo instruyó, Luis Manglano, pero contra el que nadie se atrevió a presentar una querella. Con Garzón, en cambio, se ha abierto la veda.