Los corruptos ganan una batalla; la guerra continúa

El juez Baltasar Garzón pisó un avispero el 6 de febrero de 2009 cuando puso su firma sobre un auto que ordenaba la detención de los cabecillas de una trama de corrupción masiva, la más extensa conocida de la democracia pues afecta al PP, la formación que gobierna en instituciones de media España, y alcanza a eurodiputados, senadores y diputados nacionales de este partido, a cuatro comunidades autónomas y a media docena de ayuntamientos donde mandan los populares; y a varias decenas de empresarios y constructores. La investigación del juez Garzón, cuyo origen es la denuncia de dos ex concejales del PP en un municipio madrileño, acreditó que se trataba de una red delictiva interconectada al corazón y a las extremidades del Partido Popular.

Desde aquel 6 de febrero de 2009 en que Garzón pisó el avispero, el juez se ha convertido en la diana perfecta de los presuntos delincuentes, que desde el primer día intentaron sacarle a codazos de la investigación y que ahora intentan inhabilitarle como magistrado.

Desde entonces hasta hoy, los supuestos corruptos y otros interesados que aprovecharon la coyuntura han logrado convertir al juez Garzón en imputado pues tiene abiertos tres procesos en el Tribunal Supremo que pueden acabar con su carrera, la que más reconocimiento internacional ha cosechado de toda la judicatura española.

En los 20 años anteriores de ejercicio profesional, Garzón pisó todo tipo de callos para perseguir a criminales de Estado; a narcotraficantes; a terroristas, a genocidas y a corruptos, y recibió todo tipo de ataques, amenazas y querellas. Pero ninguno fructificó. Ahora todo parece distinto. El futuro del PP está en juego.

La última batalla ganada por los corruptos tiene que ver con las conversaciones que Garzón ordenó grabar en la cárcel a los abogados porque, según escribió en un auto, consideraba que los letrados podrían colaborar con los presos en nuevos delitos para ocultar los fondos multimillonarios que la trama había logrado tras años de connivencia en negocios ilegales con administraciones gobernadas por el PP.

Los corruptos implicados en la trama vinculada al PP, hay cerca de un centenar de imputados, andan felices esta mañana ante el varapalo judicial a la instrucción de Garzón. Sueñan con que la parte del sumario que ha quedado invalidada acabe anulando el resto y dejen impune el robo de decenas de millones de euros a las administraciones públicas que perpetraron durante años unos empresarios que crecieron a la sombra del PP que gobernaba José María Aznar y se beneficiaron del trato de favor de numerosos dirigentes populares con cargo público.

Pero los corruptos también conocen que, antes de las escuchas ordenadas en la cárcel que ahora serán anuladas, el trabajo de investigación de Garzón, de la Fiscalía Anticorrupción y de la policía, además de la confesión de diversos participantes en la trama, acumula cientos de pruebas de la existencia de una grosera corrupción que logró sacar de la Hacienda pública decenas de millones de euros para lucrar a los cabecillas de la trama y engordar las cuentas corrientes de al menos una decena de dirigentes del PP, entre ellos, según la investigación, el tesorero nacional del partido.