Aguirre destituye al consejero salpicado por la trama de corrupción

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha anunciado esta tarde que el consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo, le ha presentado "su dimisión" y ella la ha aceptado "para que los que están intentando desprestigiar al PP no puedan mezclar las cosas". López Viejo está envuelto en la trama de corrupción política y tráfico de influencias vinculada al PP que fue desmantelada hace tres días por el juez Baltasar Garzón. Hay cinco detenidos, dos de ellos ex cargos en el partido, y 30 imputados. El supuesto cabecilla de la red, Francisco Correa Sánchez, extendió sus negocios por Boadilla del Monte y Majadahonda (Madrid), Valencia, Marbella (Málaga) y Sotogrande (Cádiz).

Los denunciantes de la trama han investigado la supuesta relación de Correa con el consejero. Los denunciantes mantienen que López Viejo troceó contratos de la Comunidad de Madrid para adjudicárselos supuestamente a una sociedad denominada Down Town Consulting, de la trama empresarial de Correa por un valor superior a los cuatro millones de euros. "Me ha presentado su dimisión y yo la he aceptado", ha dicho Aguirre, para añadir que la razón es que López Viejo es el responsable de la organización de actos en la Comunidad de Madrid.

"Al parecer, alguna de las empresas con las que hemos trabajado coinciden con las que aparecen en la investigación del juez Garzón", ha reconocido la presidenta de Madrid. "Quiero agradecer a López Viejo su generosidad al dimitir para que los que están impulsando la campaña de desprestigio contra el PP no puedan utilizarlo", ha añadido Aguirre, que en todo momento ha subrayado que no ha cometido "ningún acto irregular". Nacido en Madrid en 1968, López Viejo accedió a la Consejería de Deportes en junio de 2007 y con anterioridad había sido concejal de los Ayuntamientos de Alcobendas y Madrid, donde fue responsable del servicio de Limpieza Urbana. También había sido diputado regional en dos legislaturas y hasta las pasadas elecciones era viceconsejero de Presidencia.

Prorrogadas las detenciones

También ha presentado su renuncia el gerente del Mercado Puerta de Toledo, ex alcalde de Majadahonda, Guillemo Ortega. En las conversaciones grabadas a Correa, éste insinúa que Ortega le pagó "facturas extrañas" de su empresa, Pasadena Viajes, cuando era regidor de Majadahonda, por el procedimiento de anticipo de caja. Sobre esta salida, Aguirre ha señalado que Ortega considera que "se puede defender mejor desde fuera del Gobierno de la Comunidad". De este modo, Ortega podrá "aclarar lo que tenga que aclarar". Ortega llegó a la Alcaldía en 2001 y en 2005 dimitió en el marco de la ruptura del grupo municipal originada por la decisión de enajenar dos parcelas públicas a un precio inferior al del mercado.

Sobre la rocambolesca situación en Boadilla del Monte, Aguirre ha confirmado que el alcalde, Arturo González Panero, ha puesto hoy su cargo a disposición del partido. El secretario general del PP madrileño, Francisco Granados, ha aceptado esa decisión y se la ha comunicado a Aguirre, quien a su vez la dio a conocer al presidente del PP, Mariano Rajoy. Y éste la ha anunciado en rueda de prensa. Sin embargo, el regidor de Boadilla "al parecer cambió de opinión", aunque Aguirre se ha mostrado convencida de que finalmente dejará el cargo. Aguirre ha considerado que es lo "mejor" que puede hacer "para no dañar al partido". La portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid, Inés Sabanés, ha opinado que las dimisiones son un "reconocimiento implícito de que el Gobierno regional está implicado, de una forma u otra, en la trama de corrupción".

Mientras tanto, Garzón ha prorrogado hoy hasta las 17.30 del miércoles la detención de los tres arrestados en la llamada operación Gürtel (correa en alemán). Son Correa -responsable de Special Events, una de las empresas investigadas y que ha organizado diversos eventos para el PP-; Antoine Sánchez, adminisrador de la constructora Catalunya Nord Record y de Inversiones Kintamani, y Pablo Crespo Sabarís, secretario de Organización del PP de Galicia hasta 1999. La medida se produce a petición de las fiscales Anticorrupción, Miriam Segura y Concha Sabadell, para poder practicar una serie de diligenias, que han sido declaradas secretas, antes de adoptar una decisión sobre la situación procesal de los tres arrestados.