Grecia aprueba una nueva subida fiscal a la desesperada para evitar la quiebra

En las calles de las grandes ciudades griegas hay protestas cada vez más subidas de tono. Y en Europa y en Washington, más y más dudas sobre el cumplimiento de los objetivos de déficit, sobre si hay que seguir prestando ayuda y, en definitiva, sobre las posibilidades de Atenas de evitar la bancarrota. En medio de una recesión profunda y de una tensión social y financiera que amenaza derribo, el Gobierno socialista de Yorgos Papandreu ha anunciado el enésimo paquete de medidas para tratar de evitar a toda costa la quiebra. Más de lo mismo: subida de impuestos y recorte del gasto prácticamente a la desesperada para tratar de sumar 2.000 millones de euros a sus maltrechas arcas públicas.

Berlín dice que una suspensión de pagos ordenada no debe ser tabú

Papandreu ha presidido a media tarde de hoy una reunión extraordinaria de la que ha salido con un nuevo impuesto para todos los dueños de cualquier propiedad inmobiliaria, que se aplicará este año y el próximo. La Hacienda helénica cobrará a los propietarios, a través de las facturas de la luz, una media de cuatro euros por metro cuadrado, en una amplia horquilla que va desde el medio euro en las zonas más pobres a los 10 euros por metro cuadrado en las más pudientes del país. Además, los políticos y altos funcionarios se verán obligados a renunciar a una paga mensual: esas dos medidas suman en total los citados 2.000 millones, que permitirán, en principio, solventar parte del agujero en las cuentas públicas. Atenas trata así de salvar a toda costa el nuevo tramo de las ayudas de la UE y del FMI, imprescindible para seguir pagando las facturas. "Hay que hacer un esfuerzo nacional", ha dicho el ministro de Finanzas, Evangelos Venizelos, en Salónica. Papandreu participa también de esa versión griega del churchilliano sangre, sudor y lágrimas: ha llamado a sus conciudadanos a "hacer lo que sea necesario para poner otra vez en pie" el país.

Las presiones arrecian. Alemania prepara un plan de recapitalización de sus bancos por si Grecia suspende pagos, y el ministro de Economía, Philipp Roesler, ha echado este domingo más leña al fuego al considerar que un impago ordenado de Grecia no debe ser tabú. El FMI ha convocado una cumbre extraordinaria para el miércoles ante las dudas acerca de las posibilidades de que Grecia cumpla con lo prometido. El divorcio entre Atenas y la Troika (los enviados del FMI, al Comisión Europea y el Banco Central Europeo) se hizo patente hace unos días, cuando el Gobierno helénico se plantó y amagó con incumplir los acuerdos suscritos en la cumbre del pasado julio, que daba más dinero a Grecia a cambio de un ajuste aún más duro y de la participación de la banca en el pago de la factura. Ante la recesión galopante (una caída de más del 5% del PIB este año), en los mercados se llegó a dar por prácticamente hecha la suspensión de pagos. Pero finalmente Atenas ha dado marcha atrás para seguir contando con ayuda internacional.

"Grecia ha dado su brazo a torcer y ha atendido las demandas del FMI y de sus socios: más ajustes si quiere seguir recibiendo fondos. Porque sin ellos, Atenas estaría condenada al impago y podría provocar un accidente en la zona euro", ha explicado en Washington Ángel Ubide, del Peterson Institute. Ya el sábado, Papandreu había dado muestras de que Grecia hará todo lo posible para evitar la bancarrota, en un discurso televisado destinado a aplacar la ira que crece a diario en la calle. El primer ministro ha seguido en esa línea: "La batalla por poner en marcha el ajuste pactado en julio [con fuertes recortes y un exigente calendario de privatizaciones] es ahora lo más importante". Papandreu amaga incluso con gravar los depósitos de los griegos en Suiza, tras una huida de capitales que ha dejado muy maltrecha la banca helénica. Los mercados, cada vez más escépticos, tienen ahora la palabra, pero Grecia y el euro deben salvar una bola de partido prácticamente a diario: el miércoles será el FMI quien tenga el futuro del país en sus manos.