El Gobierno y los agentes sociales volverán a reunirse ya que hay "margen" para el acuerdo sobre la reforma laboral

La reunión al más alto nivel convocada hoy entre Gobierno, patronal y sindicatos para fijar la reforma laboral ha terminado sin acuerdo, pero los contactos proseguirán durante unos días más ya que "todavía hay margen" para alcanzar un pacto, según han adelantado las tres partes que participan en las negociaciones en un escueto comunicado conjunto hecho público esta tarde. El Ejecutivo había instado a las partes a alcanzar un consenso antes de junio, con lo que la de hoy era la última posibilidad para acercar posturas. Sin embargo, los contactos se retomarán a lo largo de la semana para agotar todas las posibilidades de un acuerdo antes de que el Gobierno decida imponer su propio proyecto. Según ha adelantado hoy la vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, si no hay reforma tras cuatro meses oficiales -y casi dos años extraoficiales- de negociación, el Ejecutivo pondrá en marcha los cambios "antes de terminar este mes de junio".

"Se ha constatado que persisten las diferencias entre las partes en torno a algunos de los aspectos de las relaciones de trabajo que vienen siendo tratados en la mesa de diálogo social", destaca la nota. Sin embargo, añaden que pese a la divergencia de opiniones, "todavía hay "margen para llegar a un acuerdo". El comunicado no especifica cuándo volverán a reunirse, ni a qué nivel se seguirá negociando, es decir si el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, y los máximos líderes empresariales y sindicatos seguirán llevando las conversaciones como ha tenido lugar en la cita de hoy. No obstante, sean quienes sean los responsables de seguir adelante con los contactos, Salgado ha advertido de que "si no hay resultados", el Gobierno pondrá en marcha la reforma del mercado de trabajo "en muy corto plazo". Además, ha defendido que el Ejecutivo "está dispuesto a tomar las medidas que sean necesarias" por muy impopulares que resulten.

Consciente de que el tiempo apremia, el Ejecutivo prepara ya un documento de reforma laboral que pretende generalizar el contrato indefinido con despido más barato (33 días por año trabajado) a cambio de endurecer las causas del temporal para limitar su uso. Pese a todo, el Gobierno concede una última oportunidad a la negociación.

"Mal aspecto" para la CEOE

La principal medida del Gobierno es ampliar a otros colectivos (los parados y las conversiones de temporales a fijos) el llamado contrato de fomento de la contratación indefinida, de forma que el ordinario (45 días por año) se mantenga sólo para los ya en vigor y para fichajes. Hasta ahora, la fórmula con despido más barato se aplica a jóvenes, mujeres subrepresentadas, mayores de 45 años, parados que lleven más de seis meses inscritos, discapacitados y trabajadores con cargas familiares, es decir, a la mayoría de los supuestos, aunque su utilización es escasa (apenas el 15% de los nuevos fijos). Introducir las dos condiciones que pretende el Gobierno supondría en la práctica ese abaratamiento del despido que Zapatero rechazó durante mucho tiempo y que las nuevas circunstancias le han llevado a reconsiderar.

Esa medida tiene por sí sola el potencial para justificar la huelga general con la que han amenazado UGT y Comisiones Obreras si hubiera un decreto que lesionara los derechos de los trabajadores. El Ejecutivo, no obstante, pretende introducir una compensación por el lado de la contratación temporal, que consiste en endurecer las causas por las que el empresario puede acogerse a esa fórmula. Aunque la legislación las acota, en la práctica el contrato temporal se ha convertido en la vía flexible de acceso al mercado laboral. En su propuesta del 12 de abril, el Ministerio de Trabajo abogaba por fijar plazos máximos para el contrato de obra (ahora ilimitado) y prescindir del contrato eventual para actividades estacionales cíclicas, como el turismo.