El Congreso de EEUU interviene para recuperar el dinero de los bonos de AIG

El reparto de bonos entre los directivos de la compañía aseguradora AIG ha desatado una ola de indignación en la sociedad norteamericana y ha provocado una guerra sin precedentes entre una empresa símbolo de Wall Street y el poder político en Washington, donde el Congreso garantizó ayer a los ciudadanos que el dinero pagado como sobresueldos será recuperado de cualquier forma.

Sumándose a la promesa hecha el día anterior por el presidente, Barack Obama , de utilizar todas las vías legales a su alcance para bloquear los bonos de AIG, el jefe de la mayoría demócrata en el Senado, Harry Reid, anunció una iniciativa legislativa para conseguir que los 165 millones repartidos entre los ejecutivos de la mayor aseguradora del mundo sean devueltos.

Si no los devuelven por su propia voluntad, nosotros nos encargaremos de que lo hagan

Es inconcebible que el Gobierno no supiera lo que estaba pasando en una empresa de la que el Estado posee el 80%

"Si no los devuelven por su propia voluntad, nosotros nos encargaremos de que lo hagan", manifestó el influyente senador demócrata Charles Schumer, presidente del comité de Reglamento de la Cámara Alta. En una prueba del calor que este episodio ha alcanzado en este país, el senador republicano Charles Grassley ha propuesto que los ejecutivos de AIG resuelvan esto "al estilo japonés", es decir compareciendo ante sus compatriotas y "haciendo una de estas dos cosas: dimitir o suicidarse".

La rabia entre la opinión pública es, desde luego, extrema. Todos los programas de televisión y medios digitales ofrecen continuamente testimonios de una población atónita ante el hecho de que una empresa que lleva perdidos este año 65.000 millones de dólares y que ha recibido ya 170.000 millones de dólares de ayudas del Estado haya premiado a sus ejecutivos de una forma tan generosa. Esa indignación, infrecuente en un país que representa la quintaesencia del capitalismo y siempre ha fomentado la ambición por el éxito y el dinero, ha convertido el caso de AIG en un problema político de primera magnitud.

La oposición republicana ha acusado al Gobierno de incompetencia en el asunto. "Es inconcebible que el Gobierno no supiera lo que estaba pasando en una empresa de la que el Estado posee el 80%", manifestó ayer el jefe de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, John Boehner. Algunos de sus compañeros de partido han llegado a sugerir que el secretario del Tesoro, Tim Geithner, debería de presentar la dimisión como consecuencia de este episodio. "Esta una prueba más de que el secretario del Tesoro está desbordado por la situación", declaró el senador Richard Shelby, el más alto representante republicano en el comité de Banca del Senado.

Geithner parece, efectivamente, atrapado en medio de un asunto que no tiene fácil solución. Bloquear legalmente los bonos de AIG, como le ha pedido Obama -y exige a gritos la ciudadanía-, parece muy complicado desde el punto vista técnico y extraordinariamente delicado desde el punto de vista económico. Técnicamente, varios expertos han anticipado que nada puede hacerse contra unos pagos que estaban reglamentados por contratos perfectamente legales cuya revisión nunca fue solicitada por ninguna de las partes. Ahí puede haber existido algún tipo de negligencia por parte de las autoridades que entregaron las ayudas públicas. En otras empresas favorecidas por esas ayudas, como las automovilísticas, los ejecutivos fueron obligados a reformar los contratos para rebajar sus sueldos.

La vía de actuación que ahora parece más a mano es la de la someter a los beneficiarios de los bonos al escarnio público hasta obligarles a devolver el dinero. En esa línea parece actuar el fiscal general de Nueva York, Andrew Cuomo, al solicitar a AIG todos los datos, incluidos los nombres de los destinatarios, sobre el recorrido de los sobresueldos.

Cuomo ofreció ayer algunos detalles al respecto. Informó que 71 ejecutivos habían cobrado más de un millón de dólares. Uno de ellos superó la cifra de 6,4 millones de dólares, y entre los diez más remunerados juntaron 42 millones de dólares. Pero la intervención del poder político para regular los salarios de las empresas privadas tiene, además, un potencial efecto explosivo sobre las más básicas reglas del juego del sistema. Un analista financiero comentaba ayer que "nada bueno puede ocurrir si se añade a la incertidumbre económica la incertidumbre sobre la retribución de quienes tienen que resucitarla".

Lo mismo parece pensar el consejero delegado de AIG, Edward Liddy, quien ha advertido del riesgo que esta presión supone para el futuro de la empresa. "No vamos a poder atraer y retener a los mejores talentos si los empleados creen que su compensación está continuamente sujeta al ajuste arbitrario del Departamento del Tesoro", manifestó.

Liddy, que cobra un millón de dólares anuales y llegó a su cargo después de la intervención de la compañía por el Estado, está convocado a comparecer ante un comité de la Cámara de Representantes. Su presencia servirá para ratificar el clima de hostilidad actual en el Capitolio hacia el plan de rescate financiero, un clima que le puede hacer imposible a Obama aprobar planes similares que pueden ser imprescindibles en poco tiempo. De hecho, el Presupuesto presentado por la Casa Blanca aparta 250.000 millones de dólares para ese fin.