La descoordinación deja en el aire las oposiciones para docentes

El descontrol y la descoordinación en la interpretación del artículo 23 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado ha desatado un enfrentamiento entre el Ministerio de Economía y siete comunidades autónomas, a las que el departamento de Elena Salgado acusa de saltarse las limitaciones del plan de austeridad en la convocatoria de sus oposiciones para docentes. En mitad de esta pugna están miles de aspirantes que estudian para lograr una plaza y que permanecen en vilo.

El Ministerio de Economía y Hacienda ha recurrido ya las oposiciones para docentes no universitarios de Castilla y León, Cataluña y Navarra. En los tres casos ha solicitado la suspensión cautelar de los concursos. La Abogacía del Estado, que es la que formalmente presenta los recursos, entiende que así se evitarán daños posteriores si los tribunales admiten la ilegalidad de las oposiciones cuando las pruebas ya se hayan celebrado y las plazas estén ocupadas. Además, Economía ha dado instrucciones en Andalucía, Extremadura, Aragón y Baleares para que se recurran ante los tribunales superiores de justicia sus convocatorias al entender que también se saltan las restricciones presupuestarias. En total, los recursos afectarían a 6.341 de las 8.720 plazas ofertadas este año en todo el país.

Las comunidades han interpretado de forma dispar las limitaciones

El ministerio de Chaves intenta frenar los cuatro recursos pendientes

El problema radica en la interpretación que las comunidades han hecho de la denominada tasa de reposición. En años anteriores ya se habían introducido restricciones a la hora de reponer a los funcionarios que se jubilan o fallecen. Pero, por primera vez, hay también limitaciones para los docentes no universitarios. Para el conjunto de los funcionarios se fija una tasa de reposición del 10% y para el sector educativo se eleva al 30%. Las autonomías han interpretado estos porcentajes y su reparto.

Castilla y León, donde la consejería estima que unos 11.000 opositores aspiran a las 510 plazas que ha ofertado, calculó el 30% teniendo en cuenta las jubilaciones de los dos últimos ejercicios. Esta comunidad interpretó que al convocarse las oposiciones a maestros cada dos años podía acumular también las vacantes. Aragón, que oferta 320 plazas, también sumó las jubilaciones de los dos últimos ejercicios y le añadió el aumento de docentes por las nuevas necesidades para obtener su porcentaje.

En el caso de Andalucía (37.000 opositores inscritos para 3.796 plazas de infantil y primaria) y Baleares (1.500 personas para 150 plazas) la interpretación de la ley fue otra. Los responsables políticos de las dos comunidades entendieron que su prioridad era la enseñanza, así que decidieron cubrir el 100% de las bajas de docentes y congelar o reducir al máximo el resto de ofertas de empleo público. Así, según sus cálculos, lograrían que la tasa de reposición del conjunto de sus funcionarios se ajustara al 10%.

Cataluña (15.000 personas inscritas para 1.241 plazas de profesores) buscó una tercera vía. La Generalitat aplicó el 30% sobre las jubilaciones y fallecimientos de docentes de secundaria. Pero también sobre las excedencias, renuncias y puestos de nueva creación del último año. Cataluña consideró que podía ofertar 1.241. La Abogacía del Estado sostiene en su recurso que los Presupuestos le permiten sacar solo 430.

Navarra (1.300 personas pelearán por 132 plazas) encontró otro camino. Sumó las jubilaciones del conjunto de funcionarios de la comunidad y sobre esa cifra calculó el 30% de plazas que luego ofertó para docentes. Extremadura, cuyo Gobierno insiste en que finalmente Economía no recurrirá su oferta, no ha querido desvelar la fórmula que ha empleado.

"Existe un problema grave de interpretación, pero no por nuestra parte", se lamenta la consejera catalana de Enseñanza, Irene Rigau, para quien la tasa de reposición "no está determinada en ningún libro". Lo llamativo de este embrollo es que al menos dos comunidades tenían el visto bueno del Ministerio de Política Territorial y del de Educación a su interpretación de la tasa. Así lo han resaltado los responsables educativos de Andalucía y Cataluña.

El ministerio de Manuel Chaves no había sido informado previamente de los recursos de Economía. Fuentes del departamento de Chaves reconocen que llevan días intentando buscar una salida, que supondría que no se presentaran los cuatro recursos pendientes y buscar otra solución para los que se han interpuesto. Aunque reconocen que es una tarea complicada. La Generalitat, que ha tildado el recurso de "agresión", también ha reclamado que se retire el presentado contra su oferta. A finales de la semana pasada, la Abogacía no había recibido nuevas órdenes, es decir, los recursos pendientes se tienen que interponer.

Lo que sí se está haciendo es agotar los plazos al máximo. Economía tiene dos meses desde la publicación de los decretos de oferta de empleo en el boletín oficial de cada comunidad para llevar su escrito a los tribunales superiores de justicia. Los dos siguientes en la lista serían el de Andalucía, que publicó su oferta en el BOJA el 11 de marzo, y Baleares, que lo hizo el 15 de marzo en su BOIB.

Mientras, los sindicatos, que han recibido con estupor la decisión de Economía, intentan hacer presión. ANPE, CC OO, CSIF, UGT y USTEA han convocado concentraciones ante las subdelegaciones del Gobierno de las ocho capitales andaluzas el miércoles para intentar frenar el inminente recurso de Economía contra la oferta de empleo de esta comunidad.

Con información de Juan A. Aunión, Ferran Balsells y Andreu Manresa.