El grupo de Currin reduce sus contactos en Euskadi a los nacionalistas

El grupo internacional de contacto liderado por el abogado sudafricano Brian Currin, asesor de Batasuna, concluyó ayer su nueva visita de dos días al País Vasco con total discreción y sin dar detalles de las reuniones mantenidas. Fuentes cercanas a este grupo de mediadores explicaron que su agenda era "confidencial" debido a que ellos mismos solicitaron que así fuese.

Las reuniones parecen haberse circunscrito al ámbito nacionalista. Fuentes oficiales del PSE confirmaron que no han recibido ninguna petición del grupo para reunirse. Los mediadores, o facilitadores como ellos prefieren denominarse, sí mantuvieron ayer un encuentro con el PNV, según confirmó un portavoz de la ejecutiva nacional. El grupo también mantuvo una breve reunión con Aralar en la que, en un breve intercambio de opiniones, explicaron a la formación dirigida por Patxi Zabaleta el trabajo que afirman estar realizando para consolidar la paz tras la tregua de ETA, según fuentes del citado partido.

Dentro del polo soberanista, también se ha reunido con representantes de Eusko Alkartasuna, según confirmó la formación encabezada por Pello Urizar.

El grupo tampoco ha mantenido en esta ocasión ningún contacto con el Gobierno vasco, después de que se le trasladara meses atrás que el Ejecutivo no consideraba necesarios sus servicios.

Normalización política

Los mediadores explicaron en un comunicado previo a esta nueva visita al País Vasco que su intención es "agilizar, facilitar y posibilitar el logro de la normalización política". En el mismo texto reiteraron que están "al servicio de los partidos políticos para enriquecer el diálogo, no para decirles qué tienen que hacer". Sus contactos se han sucedido por la vía abierta desde la red Lokarri, que apoya el diálogo y el fin de la violencia.

El grupo constituido por Currin estima necesario que la izquierda abertzale cuente inmediatamente con un partido político legal que la represente en las instituciones. También quiere establecer "una comisión internacional de verificación del alto el fuego que tenga credibilidad y sea efectiva", algo que el Ejecutivo central rechaza alegando que esta tarea corresponde a las Fuerzas de Seguridad del Estado.