Las protestas fuerzan al Gobierno de Mas a aplazar el recorte en sanidad hasta el 22-M

El Gobierno de CiU otea las elecciones y ha decidido ahora dar marcha atrás a su plan de recortar la sanidad para ajustar el déficit. Presionado por sus propios asesores, la masiva movilización ciudadana y la enérgica reacción de los trabajadores del sector, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, acordó ayer guardar en el cajón el severo plan restrictivo. El Ejecutivo asegura que quiere negociar con los profesionales sanitarios un tramo del recorte y la oposición asocia la medida a la proximidad del 22 de mayo.

En el límite del plazo que él mismo se dio, el consejero de Sanidad, Boi Ruiz, dio un paso atrás y hoy no presentará el plan de recortes diseñado de forma individualizada por cada centro sanitario. Su lugar lo ocupará el segundo de su departamento, Josep Maria Padrosa, director del Servicio Catalán de la Salud. Ruiz tampoco comparecerá en la comisión de salud del Parlament. Su intervención ya fue anulada la semana pasada. Sin embargo, sí se reunirá con la patronal y los sindicatos, y ha convocado a los diputados a una sesión informativa.

Tras la protesta de hace dos semanas, que congregó en el centro de Barcelona a 22.000 personas, el Gobierno se mostró dispuesto a conversar con el sector. Todo indica que Xavier Trias, alcaldable de CiU por Barcelona y médico de profesión, ha influido decididamente en la congelación del plan.La idea inicial era reducir el presupuesto de sanidad -de 10.000 millones de euros en 2010, con el anterior tripartito- una media del 10%. "Es probable que sea un poco menos", se aventuró a decir Francesc Homs, portavoz del Gobierno. "¿Han dado marcha atrás o estamos donde estábamos?", se le preguntó. Y tras recordar la voluntad negociadora del Gobierno, avisó: "Si queremos que el sistema sanitario sea de alto nivel, algunas cosas deberemos hacer, porque en la línea anterior no vamos a ninguna parte".

El esquema con el que trabaja el Gobierno plantea dos objetivos: aplicar la restricción con dos velocidades: la primera se centraría en ahorrar en el gasto corriente, en el que se incluye la partida farmacéutica, y la simplificación estructural y administrativa; la segunda es la que precisa negociación con los profesionales del sector, incluidas las juntas clínicas y la mesa sectorial, en la que están incluidos los sindicatos. Homs calculó que el recorte estrictamente administrativo puede alcanzar el 5% o 6% del total y el resto del tramo es el que pretenden consensuar con los profesionales.

Y ahora queda una incógnita sobre la mesa: qué ocurrirá con los servicios sanitarios ya clausurados, como las urgencias ambulatorias del Clínic, y aquellos cuyo cierre era inminente, como los quirófanos por la tarde en el hospital Joan XXIII. Se tiene la sensación de que no habrá marcha atrás en lo que ya se ha cerrado. Y tampoco está claro el calendario final de aplicación de los recortes, con el consiguiente desfase que puede comportar en la asistencia sanitaria. Homs se amparó en que no hay una excesiva prisa porque no están elaborados los presupuestos, cuya confección condiciona al ingreso de los 1.450 millones del fondo de competitividad.

Toda la oposición, sin excepción, vio en la decisión de CiU una estrategia "electoralista" y "partidista" para no acusar en las urnas el coste social de los recortes y lamentó que Ruiz no comparezca en comisión.