El PP se olvida del juez que dejó libre a Troitiño y carga contra Bermúdez

Ni Alfonso Guevara, presidente de la Sección Tercera de la Audiencia Nacional -la que puso en libertad a Antonio Troitiño el 13 de abril aplicando un criterio erróneo- ni los magistrados que lo acompañaron en la decisión, Guillermo Ruiz Polanco y María Ángeles Barreiro, tienen en opinión del PP ninguna responsabilidad en el sainete judicial que acabó en la fuga del etarra. El portavoz popular de Justicia, Federico Trillo, se olvidó ayer del tribunal que acordó la excarcelación y puso el ojo en el presidente de la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez, que ha sido uno de los que más esfuerzos ha hecho en favor de la decisión de devolver a prisión a Troitiño, condenado por 22 asesinatos.

El juez, ponente de la sentencia del 11-M, descartó las teorías conspirativas del PP

En un comunicado hecho público ayer, Trillo exigió al Consejo General del Poder Judicial que investigue "las contradicciones internas de la Audiencia Nacional", aunque fuentes de su partido no confirmaron si su protesta se convertirá en una queja formal ante esa institución. La nota reclama al Poder Judicial que analice "la demora en la resolución adecuada [se entiende que para volver a encarcelar a Troitiño], pero "mucho más lo que ha llevado al presidente Gómez Bermúdez a plantear para la semana que viene la reunión plenaria donde tenía que verse el asunto".

Es decir, que para el PP la responsabilidad más grave recae sobre el presidente de la Sala de lo Penal. Ni Guevara, ni ninguno de sus compañeros -que se saltaron el criterio acordado por el tribunal para estos casos sin dar ningún tipo de justificación- aparecen citados.

El ataque contra Gómez Bermúdez es sorprendente si se analiza la cadena de resoluciones judiciales. Es cierto que convocó el pleno de la Sala de lo Penal para el lunes 25 de abril. Pero lo hizo, en primer lugar, a petición del fiscal, que, en el recurso de súplica en el que pedía que Troitiño volviera a la cárcel hasta 2017, presentado un día después de su excarcelación, el 14 de abril, subrayaba la "discrepancia entre las distintas secciones de la Sala, que aconsejaría un acuerdo del pleno de la Sala que fijara una postura unánime sobre la cuestión".

Ese mismo día, Bermúdez convocó el pleno para el 25 de abril. El magistrado hizo lo que pudo con la información que tenía en ese momento y teniendo en cuenta los plazos legales. Citó a todos los jueces para esa fecha porque la defensa del etarra disponía de cuatro días para informarse del recurso del fiscal y presentar su escrito con las alegaciones que estimara pertinentes. Como ese plazo terminaba el miércoles 20 de abril, y el puente de Semana Santa es inhábil, la única alternativa era fijar como fecha el lunes 25.

Sin embargo, el lunes 18 ocurrió algo inesperado. La defensa de Troitiño no agotó el plazo legal y presentó su escrito, lo que dejó a la Sala libre para adelantar su decisión. Así, el martes 19 de abril Gómez Bermúdez desconvocó el pleno y volvió a dejar el caso en manos de la Sección Tercera. En su escrito explicaba las dificultades para adelantar el pleno. Hay "falta de quorum", es decir, no es posible convocarlo de inmediato porque la mayoría de los magistrados están fuera de Madrid disfrutando de sus vacaciones.

Lo siguiente es conocido. La Sección Tercera se reúne de urgencia y hacia las seis de la tarde se desdice de su anterior decisión y ordena la detención e ingreso en prisión del etarra, que hasta ahora no ha servido para nada.

Bermúdez fue elegido hasta en tres ocasiones por la mayoría de vocales conservadores (nombrados a propuesta del PP) del anterior Poder Judicial para ocupar la presidencia de la Sala de lo Penal, después de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo anulara su nombramiento por falta de motivación.

La pasión demostrada en el empeño en nombrarlo, sin embargo, no duró mucho. Su elegido se convirtió en blanco de sus críticas tras el juicio de los atentados del 11 de marzo de 2004. Fue ponente de la sentencia, que descartó cualquier tipo de teoría conspirativa, defendidas por el PP. Alfonso Guevara, contra quien ese partido no ha cargado, también firmó esa resolución.