El Gobierno estudia la posibilidad de impugnar todas las listas de Bildu

El Gobierno estudiará en los próximos días la posibilidad de impugnar todas las listas de Bildu, según fuentes de Interior. Por el momento ha recibido todas las candidaturas para analizar si es posible pedir al Tribunal Supremo que las rechace.

La policía ha entregado ya un informe a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado en el que se señala a Bildu como el plan B de Batasuna. Y en los próximos días emitirá otro informe similar la Guardia Civil.

En coincidencia, el PP quiere que el Gobierno impugne todas las listas de Bildu a las elecciones autonómicas y forales del 22 de mayo, en lugar de actuar de forma selectiva solo contra algunas claramente "contaminadas".

Fuentes del PP explican que el responsable de Justicia e Interior del PP, Federico Trillo, está en contacto permanente con el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, para buscar una fórmula para impedir la presencia en las urnas de candidatos vinculados al entorno de ETA. La dificultad es que esta vez no es una formación o candidatura creada expresamente para esta formación, sino que se utiliza como plataforma a partidos legales.

El Supremo ya citó un documento de ETA que diseñaba una coalición

Los servicios jurídicos del Estado dudan de si impugnar lista por lista o si impugnarlas en bloque, para que el Tribunal Supremo pueda decidir. El Gobierno tomará la próxima semana la decisión, pero, en principio, se inclina por buscar la forma de proceder contra todas sobre la base de uno de los argumentos del Tribunal Supremo, que sirve también de prueba principal del informe de la policía.

En la sentencia que denegó la inscripción de Sortu, el Supremo se remitía a un documento de ETA que hablaba de crear un "gallinero de partidos", usando formaciones legales como EA, a la que citaba expresamente. La impugnación global se basaría, precisamente, en el hecho de que Bildu sigue ese diseño.

El PP asegura que lo que se quiere evitar es que ocurra como con ANV en las anteriores elecciones, cuando se impugnaron solo algunas listas y terminaron por colarse otras que luego se mostraron claramente vinculadas a la izquierda abertzale ilegalizada.

La vicesecretaria de Organización y Electoral del PP, Ana Mato, citó ayer expresamente el precedente de ANV. El Gobierno cuenta esta vez con instrumentos jurídicos nuevos como consecuencia de las reformas legales que pactaron PSOE y PP recientemente. Por ejemplo, la ley les permite ahora anular listas de una formación limpia sin ilegalizarla, cuando se compruebe que tiene vínculos con ese entorno de ETA o que incluye a candidatos "contaminados".

Además, puede impugnar las candidaturas casi hasta el mismo día de las elecciones si surgen nuevos datos en la investigación. Por último, cuentan con la "incompatibilidad sobrevenida", según la cual los cargos electos de un partido o coalición que sea ilegalizada perderán su escaño, salvo que en el plazo de quince días formule voluntariamente una declaración expresa de separación y rechazo de las causas que determinaron la ilegalidad.