CC OO paralizó una indagación interna sobre los ERE en 2009

El sindicato Comisiones Obreras paralizó en 2009 una investigación interna que buscaba aclarar las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos. La comisión ejecutiva de la sección de textil y químicas (Fiteqa) de Málaga propuso informar a la ejecutiva regional "de las posibles irregularidades de los fondos públicos en la Federación de Andalucía", según refleja el acta de la comisión del 8 de julio de 2009. Pero la iniciativa se frenó en seco bajo la amenaza de expulsar a la ejecutiva malagueña y sustituirla por una gestora.

Los impulsores de la investigación propusieron dar información "sobre prejubilaciones con fondos públicos" a la Dirección General de Trabajo de la Junta andaluza, que les había advertido de que ya entonces investigaba los posibles fraudes. Esa supuesta investigación que les había comunicado el entonces director general de Trabajo Juan Márquez, no tuvo frutos y el escándalo no trascendió hasta que un año más tarde lo descubrió el juzgado.

CC OO creó una comisión instructora que abrió un expediente sancionador a la ejecutiva malagueña, pero finalmente cerró el caso en noviembre de 2009 tras la retirada de tres polémicos puntos propuestos cinco meses antes y que habrían destapado la práctica irregular de incluir intrusos (personas que nunca trabajaron en las empresas beneficiadas).

El secretario general de CC OO de Andalucía, Francisco Carbonero, admitió ayer que conoció la petición de investigar el caso, pero afirma que nunca se enteró de la amenaza de expulsar a los denunciantes y del cierre de la investigación. Tanto CC OO como UGT percibían de manera indirecta el 1% de las subvenciones destinadas a los ERE a través de su participación en Atlantis Seguros (el 40% del capital). En el expediente de Delphi en Cádiz, la minuta de Atlantis alcanzó 1,2 millones, cobrado a través de la consultora Uniter.

Entrega de las actas

Por otra parte, la Junta andaluza tiene previsto entregar hoy las actas de las reuniones celebradas por el Consejo de Gobierno de los últimos 10 años en un sobre lacrado para su custodia. El presidente José Antonio Griñán subrayó que confía "plenamente en que nadie en el juzgado va a abrir las actas", en clara alusión a la sospecha vertida por la juez Mercedes Alaya en un auto sobre que el Ejecutivo podría manipular los documentos si decidía enviar el caso al Tribunal de Conflictos de Jurisdicción del Supremo para que resuelva el conflicto.