Nuevo factor de riesgo

La estabilidad de la eurozona cuenta desde ayer con un nuevo y grave factor de riesgo. El primer ministro José Sócrates presentó su renuncia al presidente de la República Cavaco Silva después de que el Parlamento rechazara el plan de austeridad, denominado Programa de Estabilidad y Crecimiento (PEC), presentado por el Gobierno para su aprobación. Plan que, por cierto, contaba con todos los pronunciamientos favorables de la Comisión Europea y el Banco Central Europeo. Si la única salida son las elecciones, la solución más favorable para Portugal sería que el próximo Gobierno que salga de las urnas cuente con una amplia mayoría que respalde el plan de ajuste del déficit que exigen Bruselas y los mercados. El principal partido de la oposición, el PSD de Pedro Passos Coelho, ya ha anunciado su disposición a cumplir el PEC. Pero mientras llegan los comicios, la situación de Portugal será insostenible. Ayer, el diferencial de las obligaciones del Tesoro a cinco años supera ya el 8% y a 10 años llegaban ya al 7,63%.

En estas condiciones, lo más probable es que las autoridades portuguesas tengan que solicitar un plan de rescate, similar a los que ya han experimentado Grecia e Irlanda. Portugal está sumido en una recesión y está siendo castigado sistemáticamente por los inversores, debido a las dudas persistentes sobre la solvencia de sus finanzas públicas. Tales dudas no están respaldadas por el comportamiento político del Gobierno, dispuesto a los ajustes presupuestarios obligados. Pero los analistas y las agencias de rating han jugado a la profecía que se autocumple. Con el pretexto de que su bajo crecimiento le impediría aumentar los ingresos públicos, ajustar los gastos y devolver la deuda, casi todos los análisis económicos inducían a no invertir en activos lusos. Al final, la inestabilidad política y la persistencia de los recelos de los mercados ha situado al país al borde de la intervención y a la zona euro en una nueva etapa de turbulencias financieras.

Ante una situación tan grave como la de Portugal, resulta imperativo que la cumbre europea que empieza hoy reaccione con rapidez. En primer lugar, debería resolver cuanto antes los detalles de la ampliación del Fondo de Rescate, con el fin de que tenga una capacidad de préstamo de 500.000 millones de euros. La situación óptima sería que los cambios se aprobaran con rapidez para que Portugal estuviese en disposición de acogerse a ellos. En este sentido, cualquier retraso en los acuerdos sería preocupante.

El Gobierno español ha reaccionado con demasiado optimismo al asegurar que la crisis de Portugal no afectará a España. El matiz obligado es que no debería afectar en función de las decisiones políticas adoptadas y de los fundamentales económicos y financieros de la economía española. Pero una intervención de Portugal provocaría una nueva espiral de causas de sospecha. Por ejemplo, la deuda portuguesa en poder de la banca española. Y se reiniciaría el modelo de las profecías de los analistas que tienden a autocumplirse.