Recesión nuclear

La economía mundial sufrirá durante muchos meses las consecuencias de la catástrofe que asola Japón después del maremoto y que amenaza por convertirse en una gravísima crisis nuclear si, como aseguró ayer la OIEA, están confirmadas las grietas en las vasijas de contención de dos de los reactores de la planta de Fukushima. El primer efecto dañino es la hipótesis de que Japón se sumerja en otro largo periodo de recesión, con una deuda que supera el 200% del PIB y que deberá crecer todavía más para financiar la reconstrucción nacional. La contrapartida lógica, poco consoladora, es que la reparación de las infraestructuras debería generar a medio plazo una fase expansiva en la economía japonesa. A corto plazo, se prevé una subida mundial de las materias primas, producida por la mayor demanda de Japón.

Pero el impacto principal de Fukushima lo sufrirá, como es lógico, la energía nuclear. La amenaza radiactiva está produciendo ya un vuelco en la opinión pública, particularmente en la europea. Si en los últimos años los ciudadanos venían mostrando más confianza en que los riesgos de las nucleares podían controlarse y que constituían un remedio aceptable para reducir los niveles de CO2 en la atmósfera, la angustiosa incertidumbre que se vive en Japón vuelve a exacerbar los temores de los votantes. Hasta el punto de que Alemania ha decretado la suspensión temporal de la prórroga de la vida útil de sus nucleares, China ha parado (probablemente de forma momentánea) su plan nuclear y Reino Unido tendrá que reconsiderar sus ayudas públicas a las nuevas plantas atómicas. A efectos prácticos, la crisis nuclear japonesa significa el final de Garoña, con un Gobierno del PSOE o con uno del PP.

Todos los Gobiernos, incluido el español, han respondido al desastre de Fukushima anunciando una revisión de los parámetros de seguridad de las nucleares. La decisión es acertada. Pero la probabilidad de que un accidente natural o una cadena de ellos acabe por dañar a una nuclear (lo que los actuarios llaman el riesgo Katrina, un episodio insólito, pero muy destructivo) siempre existirá. Reforzar la protección, una decisión laudable, equivale, en primera instancia, a encarecer los costes de seguridad de las plantas para hipótesis de terremotos, inundaciones e incendios.

La lógica empuja en esta dirección: si los países sin tecnología propia necesitan en el futuro contar con la energía nuclear, será el sector público quien tenga que construir las plantas. Y si quieren tomar la decisión en los próximos dos años, se enfrentarán a un intenso rechazo popular. Pero no debe darse por sentado que Fukushima significa el fin de las nucleares. El peso en la comunidad internacional de los países con industria nuclear (EE UU, Francia, Rusia, Reino Unido, el propio Japón) permite suponer que las instituciones directoras, como el G-20, se mostrarán estrictas en aumentar la seguridad, pero no desaconsejarán el uso de este tipo de energía.