La UE aportará 6.000 millones a la democratización del Norte de África

Moralmente forzada a hacer expiación por su contrastada connivencia con los regímenes autoritarios y corruptos del Mediterráneo meridional, la Unión Europea se propone dar un nuevo enfoque democratizador a la relación con esos vecinos. El instrumento será una Asociación para la Democracia y la Prosperidad Compartida aprobada ayer por la Comisión y glosada por José Manuel Durão Barroso como un catalizador para la transformación democrática de la región. El plan, con 6.000 millones de euros en juego, será discutido el viernes por los líderes europeos, de quienes se espera que incidan en la condicionalidad del apoyo: las ayudas estarán relacionadas con la solidez de los avances en derechos humanos y democracia.

A la hora en que algunos países árabes se alzan contra sus opresores, la UE se mira en el espejo y se avergüenza. Las tan aireadas cláusulas de respeto a los derechos fundamentales contenidas en cada acuerdo de colaboración suscritos con esos países, y muchos otros en otras latitudes, eran papel mojado cuando entraban en conflicto con potenciales negocios.

Ante los cambios históricos que está viendo la región, "la UE tiene que adoptar la clara y estratégica opción de apoyar la búsqueda de los principios y valores que tanto aprecia, aun reconociendo las dificultades", señala desde su comienzo el documento de 16 páginas que dibuja el contenido de la nueva asociación, "innovadora y ambiciosa" y volcada en "apoyar plenamente los deseos de los pueblos de la vecindad".

Las grandes líneas de actuación cubren desde la intervención inmediata (como los 30 millones de ayuda humanitaria y los 17 ya probados para sostener la transición democrática en Túnez) a actuaciones de calado y a largo plazo como potenciar el diálogo político, incrementar el apoyo a la sociedad civil, flexibilizar los movimientos de personas (desde estudiantes de Erasmus Mundus a investigadores y profesionales), liberalizar el acceso a los mercados (incluidos los de productos agrícolas y pesqueros de Túnez y Marruecos, que inquietan a los agricultores andaluces) o cooperar en el campo de la energía, en especial las renovables.

Para promover el desarrollo económico y la creación de empleo con que estabilizar sociedades y evitar emigraciones, la Comisión insta a que el Banco Europeo de Inversiones ponga a disposición de la región 6.000 millones de euros en los próximos tres años y que el estatuto del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, nacido para cubrir las necesidades de la Europa central y oriental tras la caída del Muro, extienda al Mediterráneo su área de actuación.

"Habrá que pensar en un enfoque basado en incentivos con una mayor diferenciación entre países", señala el plan aprobado por la Comisión. "Los que avancen más y más rápido en las reformas contarán con mayor apoyo de la UE".

En este vertiente de la condicionalidad abundará el Consejo Europeo del viernes, del que se espera que deje reducidas las 16 páginas del plan de la Comisión a unos cuantos párrafos de alto significado político.

Mientas piensa en la nueva relación con los vecinos, la Unión no pierde de vista la situación en Libia. Ayer se acordó incluir a la Autoridad Libia de Inversión, el vehículo del régimen para actuar en el exterior, y entidades anejas en la lista europea de sanciones, lo que supone que todos sus activos y operaciones quedarán congelados desde el viernes en toda la UE. Entre sus inversiones figuran un 7,5% en el club de fútbol de la Juventus o el 3% en Pearson, editor del Financial Times.

Como preparación para la cumbre del viernes y la reunión previa de mañana de los ministros europeos de Exteriores, la UE envió el domingo una misión técnica a Trípoli, encabezada por Agostino Miozzo, un responsable de situaciones de crisis, para evaluar la situación sobre el terreno y las necesidades de los europeos que allí quedan, unos 1.300 de los que 200 están a la espera de salir.

En su limitada visita a la capital, la delegación percibió normalidad de vida cotidiana, sin violencia, bombardeos ni disparos. Embajadores de los ocho países que aún mantienen legaciones en Trípoli dijeron no tener noticia de bombardeos sobre civiles ni del uso de mercenarios, aunque sí sabían de violaciones de derechos humanos cuya responsabilidad no estaban en condiciones de discernir.

El director general para Europa del Ministerio de Exteriores libio, Ahmed Jarrod, y los embajadores pidieron a Miozzo que la ONU envíe cuanto antes una comisión investigadora independiente para determinar exactamente lo ocurrido.

Michael Mann, portavoz de Catherine Ashton, coordinadora de la política exterior comunitaria, subrayó ayer que las decisiones políticas europeas se toman en Bruselas y que la última palabra sobre Libia la tiene el Consejo Europeo. "La posición oficial del presidente Barroso sigue siendo la misma: Gadafi tiene que marcharse", señaló Mann.