Zapatero apoya las reformas sin castigar a los autócratas

"España no tiene apenas intereses económicos en este país, así que puedo hablaros con toda libertad", les dijo Zapatero a los representantes de la sociedad civil tunecina el pasado miércoles. La frase también vale a la inversa: España tiene fuertes intereses en Catar y Emiratos Árabes Unidos -dos monarquías petroleras en las que Zapatero cosechó la pasada semana miles de millones en contratos e inversiones-, así que no puede expresarse libremente.

El contraste entre la visita a Túnez y la gira por el golfo Pérsico parece una muestra de cinismo político. Fuentes de La Moncloa lo niegan de plano. La visita a Catar y Emiratos estaba planeada desde hace meses, mientras que la de Túnez se improvisó en apoyo a la frágil transición. "Es verdad que no hay ninguna democracia en el Golfo, pero no todos los regímenes son iguales. En Catar o Emiratos se respetan los derechos humanos y el primero alberga un medio de comunicación perfectamente homologable a los occidentales, como Al Jazeera", alegan.

Catar o Emiratos no son tan represivos como Arabia Saudí, pero con esta última aprobó el pasado viernes el Consejo de Ministros un acuerdo de cooperación policial. La amenaza de Al Qaeda o la lucha contra la inmigración ilegal sirven aún de excusa para colaborar con regímenes autocráticos.

Reorientar los fondos

La ola de revueltas en el mundo árabe está obligando a la diplomacia española, y a la europea, a revisar sus relaciones con esa región. El viaje de Zapatero a Túnez es un primer paso. "Se trata de respaldar las reformas con apoyo político, técnico y económico". España ha prometido créditos por 300 millones, en tres años, pero se trata de comprometer al conjunto de la UE. "Los fondos europeos deben reorientarse para que sirvan a la construcción del Estado de derecho, con programas de fortalecimiento de las instituciones", explican las mismas fuentes. Hay que concluir cuanto antes el acuerdo de asociación privilegiada de la UE con Túnez y ampliar los créditos del Banco Europeo de Inversiones (BID), que prevé dedicar hasta 6.000 millones a la región de aquí a 2013.

España no suscribe, sin embargo, la idea de David Cameron de condicionar la concesión de fondos europeos a la aprobación de reformas. Y a la verificación de su cumplimiento. "Debemos premiar a quienes emprendan reformas, pero no castigar a quienes no las hagan. Lo contrario sería una injerencia", sostienen las fuentes consultadas.