La Iglesia alerta de agresiones a subsaharianos

El obispo y vicario apostólico de Trípoli, Giovanni Martinelli, ha lanzado la alerta sobre los crecientes ataques contra los ciudadanos africanos subsaharianos en las dos partes de la Libia dividida, sobre todo, en la zona liberada. "Tienen cada vez más miedo, porque se está extendiendo por el país el prejuicio de que africano significa mercenario", afirmó el obispo, que recordó que muchos caseros libios están expulsando a los inquilinos negros de sus viviendas porque temen posibles represalias de los rebeldes. La ONG italiana EveryOne afirmó que tienen noticias de "innumerables episodios de agresiones, robos, expropiaciones e intimidaciones contra los inmigrantes subsaharianos", y señaló que varios centenares de ellos están esperando que mejore la mar para dejar el país rumbo a Europa.

Martinelli y el nuncio apostólico, Tommaso Caputo, lanzan además una llamada de socorro para que la UE ayude a salir de Libia a unos 2.000 refugiados de guerra eritreos, muchos de ellos mujeres y niños. "Están en una situación gravísima, son verdaderamente los últimos del Evangelio", dijo Martinelli, "y nosotros no podemos hacer nada salvo ayudarles a pagar el alquiler. Pido que alguien les dé refugio, porque ahora nadie se está preocupando por ellos".

El obispo contó a la agencia vaticana Fides que los eritreos acudieron el domingo a la catedral católica de Trípoli y que 54 de ellos tienen documentos de ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, y volarán en las próximas horas a Italia. Los demás, dijo el prelado, no tienen papeles.

Italia, el país europeo más cercano a Libia, deberá afrontar en primera línea la emergencia migratoria, aunque la suspensión del Tratado de Amistad con Libia y la restrictiva Ley de Seguridad aprobada hace dos años por el Gobierno de Silvio Berlusconi no facilitarán la tarea.

Ayer se supo que la Fiscalía de Agrigento (Sicilia) ha abierto una investigación contra los cerca de 6.000 inmigrantes llegados desde Túnez a la isla de Lampedusa en los últimos dos meses huyendo de las revueltas que hicieron caer al presidente Zine el Abidine Ben Ali. El supuesto delito cometido por los refugiados es el de inmigración clandestina. La Fiscalía lleva semanas dedicada en exclusiva a incautarse de las embarcaciones, anotar los nombres de los prófugos e interrogarlos.