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La precampaña se ensucia

Los escándalos sepultan el debate económico

El PP usa el 'caso Faisán' y los ERE de Andalucía contra el Gobierno, que responde con Gürtel y Camps

Cuanto más ruido hay, menos se escucha. Por eso el PP acudió ayer al pleno del Congreso aporreando todos los asuntos a su alcance para que no se escuche que acaba de confirmar como candidato a Francisco Camps, cada vez más cerca de sentarse en el banquillo bajo la acusación de cohecho continuado. Una de las consecuencias de la escandalera es que no se percibe la intervención de Mariano Rajoy buscando poner en evidencia los cambios de criterio de José Luis Rodríguez Zapatero sobre la economía.

La mañana de ayer en el Congreso les cundió a los populares. Pidieron en la sesión de control al Gobierno la destitución de Alfredo Pérez Rubalcaba por el caso Faisán, la dimisión de Manuel Chaves por los falsos ERE en Andalucía y la asunción de responsabilidades políticas a José Blanco por un caso de fraude electoral que se investiga en Melilla.

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Semana a semana, el intercambio de acusaciones sobre asuntos turbios ha ido sustituyendo al debate sobre la crisis económica, que había monopolizado toda la legislatura. Al PP, además, le ha venido de perlas el caso Faisán para intentar erosionar a Rubalcaba, a quien su propio líder de la oposición da como seguro oponente en las generales de 2012. En respuesta a esa estrategia de los populares, el Gobierno ha decidido salir a por todas y en las respuestas de los ministros se incluyeron referencias más o menos explícitas a Gürtel. De esa forma, embarrado el terreno de juego, el balón no circula y nada importa sobre qué versen las preguntas al Gobierno, porque lo que queda es el ruido y el intercambio de golpes bajos sobre los respectivos escándalos. Nadie prestó atención a que Rajoy preguntara sobre los giros del Gobierno sobre la economía y que Zapatero, para explicar sus bandazos, sentenciara: "La economía no permanece quieta".

Pasó inadvertido también que Rajoy descalificara las propuestas del Gobierno para reformar las cajas de ahorro, en vísperas de que se apruebe el decreto de reestructuración. "El decreto", dijo el líder del PP, "ha generado una gran polémica, una gran confusión, y espero que rectifique los anuncios iniciales de su vicepresidenta". Es la primera vez en la legislatura que el PP pone distancia con normas sobre el sistema financiero y se une al rechazo de CiU a la propuesta inicial de Elena Salgado, lo que anticipa una dura tramitación parlamentaria.

El fuego de los proyectiles de grueso calibre lo abrió ayer Soraya Sáenz de Santamaría, portavoz del PP, colando en una pregunta sobre autónomos que "en Andalucía, si eres socialista, cobras la jubilación aunque nunca hayas trabajado". Le respondió Rubalcaba lanzando al otro lado del hemiciclo el caso Gürtel y esparciendo por los escaños de la oposición todo el lodo de ese escándalo. "Coger los cientos de millones de euros de la trama Gürtel, dividir por el salario mínimo de un español y saber el número de desempleados que podríamos haber contratado en España, si usted o, perdón, la gente de su partido no hubiera, presuntamente, robado".

Obviamente, no se habló de medidas sobre los autónomos, que era el objeto inicial de la pregunta, y siguió el enfrentamiento. Contra el vicepresidente primero se lanzó, una semana más y van 34 preguntas, el diputado Ignacio Gil-Lázaro a propósito del caso Faisán, y Rubalcaba volvió a responder varios tonos por encima del que utiliza habitualmente en el pleno del Congreso para tratar otros asuntos. El tono del número dos del Gobierno sobre el Faisán está siempre muy por encima del que le es propio después de tantos años de experiencia parlamentaria. "El señor presidente del Gobierno está obligado a cesar de inmediato a un ministro que dice públicamente que le ocultó semejante escándalo, y si no lo hace, demostrará que algo inconfesable le une en este asunto al señor Rubalcaba y, por tanto, demostrará que comparte con el señor Rubalcaba la equis del Faisán. Este caso será su tumba política", espetó Gil Lázaro. Rubalcaba no le contestó sobre ese caso, pero sí sobre los esfuerzos del Gobierno durante la tregua de 2006 para evitar que ETA se rearmara. "Estamos ganando porque no creímos a ETA durante la tregua, porque impedimos que pasara lo que pasó en 1998. Esa es la historia, la que a usted seguramente no le gusta escuchar en esta Cámara", dijo. El estruendo siguió con Fátima Báñez (PP) preguntando a Manuel Chaves sobre los falsos ERE en Andalucía y asegurando que "metieron la mano en la caja los compañeros socialistas y se repartían a su antojo 700 millones de euros en fondos de la solidaridad. Al menos tenga la decencia de dimitir". El vicepresidente tercero, ex presidente de la Junta andaluza, contestó acusando al PP de "calumnia, difamación y mentira" y recordando de nuevo que en el caso Gürtel han descalificado al fiscal y a los jueces como estrategia de defensa.

José Luis Rodríguez Zapatero y José Bono, en los pasillos del Congreso.
José Luis Rodríguez Zapatero y José Bono, en los pasillos del Congreso.ÁLVARO GARCÍA

Casi dos horas de confidencias

Si hubieran querido se habrían reunido de forma discreta y nadie se hubiera enterado, como habitualmente. Pero José Luis Rodríguez Zapatero y José Bono quisieron hacer ayer alarde de su encuentro y, de paso, juguetear con la prensa.

El presidente del Gobierno y el presidente del Congreso salieron juntos del hemiciclo y se dirigieron al despacho de este último. Estuvieron reunidos durante casi dos horas y a la salida ninguno de los dos quiso revelar el motivo del encuentro, ni los asuntos que trataron.

"El calendario legislativo", dijo Zapatero y "de todo un poco", añadió. "Hemos hablado de lo que ustedes imaginan", aseguró Bono a los periodistas, sin más explicaciones.

Algunas versiones aseguran que hablaron de la tramitación de proyectos de ley pendientes y de la comparecencia de la próxima semana del presidente del Gobierno en el pleno para hablar de la política social. Ninguno de los dos negó que en la reunión se trataran de los planes del presidente del Congreso para modificar el régimen económico de los diputados y senadores, es decir, lo que se conoce como los privilegios de los parlamentarios. Ese asunto está pendiente de la propuesta concreta de Bono, una vez que los grupos han fijado sus posiciones.

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