La Junta descarta dimisiones políticas

El Gobierno andaluz limitó ayer a unos "sinvergüenzas" la responsabilidad política en el caso del presunto fraude en los expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados con dinero público, un caso en el que, por el momento, se ha descubierto irregularidades en 14 empresas en los que hay 39 casos de personas que habrían cobrado prejubilaciones sin trabajar nunca en ellas. El Ejecutivo andaluz sitúa el máximo nivel de responsabilidad en el ex director general de Empleo desde finales de 1999 hasta 2008 Javier Guerrero quien se autoinculpó ante la policía judicial al afirmar que manejó durante esos años un "fondo de reptiles".

Guerrero se ha retractado de estas manifestaciones, pero el hecho es que ha puesto en duda toda la política de ayudas a empresas en crisis del Gobierno andaluz desde esa fecha, en el que se concedieron subvenciones por 647 millones de euros. Este asunto ha abierto un enorme flanco político no solo al Ejecutivo autónomo sino también al central, ya que tres ministros tuvieron que contestar ayer a preguntas sobre los ERE en el Congreso de los Diputados.

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El caso de los ERE fue debatido ayer en el pleno del Parlamento andaluz en la primera sesión del actual periodo de sesiones, en el que el consejero de Empleo, Manuel Recio, compareció a petición propia y de los tres grupos de la Cámara. Recio no aportó ningún dato nuevo de los ya conocidos -tampoco el PP, como algunos temían-, pero a diferencia de otras declaraciones públicas sí defendió con énfasis la gestión de sus antecesores, José Antonio Viera y Antonio Fernández, que consideró "brillante". Las irregularidades en los ERE investigados se produjeron durante sus mandatos.

Hasta ayer, Recio se había puesto de perfil, lo que contrastaba con la encendida defensa que la vieja guardia del PSOE ha hecho de los dos exconsejeros. El actual responsable de Empleo defendió la legalidad del proceso de concesión de prejubilaciones que está beneficiando a 6.069 personas.

En una reunión a puerta cerrada del grupo socialista, Viera defendió su gestión y reconoció haberse sentido poco arropado en estos días, según la versión de algunos de los asistentes.

Recio defendió la iniciativa de la Junta de poner en conocimiento de la justicia todos los casos irregulares y de manera solemne aseguró que el "que la hace la paga". "No vamos a temblar ante posibles irregularidades vengan de donde vengan y las cometa quien las cometa", subrayó.

Tanto el Partido Popular como Izquierda Unida insistieron en reclamar "dimisiones" y en elevar el listón de las responsabilidades políticas. En este sentido, el portavoz del PP, Antonio Sanz, disparó muy alto y apuntó hacia la actual y la anterior cúpula del Gobierno andaluz y del PSOE. "Es imposible que el procedimiento se haya manipulado sin el aval de Griñán, de Chaves, de Zarrías y de los ex consejeros de Empleo. Son las X, la Y y la Z de este escándalo", aseveró. Sanz aludía a los informes que la Intervención General de la Junta emitió en 2005, 2006 y 2007 en los que Hacienda mostraba su disconformidad con el trámite administrativo elegido, si bien los informes no eran vinculantes.

El actual presidente de la Junta, que pidió ayer a sus diputados que no cayeran en la "trampa" del PP de embarrar el debate político, era el consejero de Hacienda cuando se emitieron esos informes. Sanz pidió una comisión de investigación parlamentaria, a lo que se opone el PSOE, y aseguró que "el nexo común" de todos los casos irregulares "son las siglas del PSOE".

Recio le contestó: "Más que perseguir la verdad lo que hace es perseguir socialistas. Confunde la parte con el todo, la excepción con la norma". El diputado socialista Ángel Gallego acusó al PP de poner en marcha un "sistema inquisitorial y nazi" contra los socialistas.

El coordinador de IU, Diego Valederas, pidió "máxima transparencia" ante un asunto que considera "escandaloso", pero al mismo tiempo defendió los ERE como un instrumento que se debe mantener para defender a los trabajadores que lo necesitan. IU insistió en la petición de una comisión de investigación y exigió responsabilidades políticas por haber mantenido a Guerrero durante nueve años al frente de la Dirección General de Empleo "o por no haber tenido los controles suficientes".

El caso de los ERE volverá a monopolizar la sesión de hoy.