Gallardón asegura que cumplirá los parámetros europeos "en cinco años"
El alcalde anuncia que Madrid tendrá 31 estaciones de combustibles alternativos
La contaminación ha pasado a estar en el primer plano de la agenda municipal. Día sí, día también el Ayuntamiento de Madrid hace referencia al tema, siempre para defender su postura de que se están haciendo bien las cosas. Ayer el anticiclón dio un respiro -nunca mejor dicho- a la ciudad, y la lluvia y el viento del domingo hicieron desaparecer la boina negra que ha cubierto Madrid las últimas semanas. Pero el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, volvió a hablar del tema durante la presentación de la red municipal de suministros de combustibles alternativos. En esta ocasión acudió acompañado de Ana Botella, concejal de Medio Ambiente.
Ambos alabaron la política medioambiental del Ayuntamiento. No hubo asomo de autocrítica. El alcalde reconoció que se superan los límites de dióxido de nitrógeno (producido fundamentalmente por los vehículos diésel), pero deslizó una promesa: la legislación se va a cumplir antes de cinco años, "el plazo que marca Bruselas". "No hay ninguna duda", aseguró el regidor. "Estoy convencido".
Las restricciones al tráfico no son la solución, según el regidor
Botella considera un avance que todos los camiones de basura usen gas natural
En realidad, el plazo de cinco años del que habla el alcalde se daría en el caso de que Madrid pida al Gobierno de España que solicite una moratoria a Bruselas. No lo ha hecho por ahora (tampoco Barcelona), aunque desde el Ayuntamiento aseguran que tiene todo este año para solicitarlo. Luego, la Comisión Europea, tras estudiar la documentación aportada, tendrá que pronunciarse a favor o en contra de conceder dicha moratoria. Para ello pide que se justifique que durante los años previos a la obligación de cumplimiento de los índices (en 2010) se ha hecho todo lo posible para cumplir con los requisitos. Hay que presentar, además, planes que expliquen qué medidas se pretenden tomar en el caso de que la moratoria se concediera.
Madrid actualmente incumple la legislación. La capital registró 44 microgramos por metro cúbico de dióxido de nitrógeno en 2010, cuando el máximo permitido por la UE es de 40. Gallardón volvió a recordar las medidas que su Gobierno ha tomado: construcción de 200 kilómetros de red de metro, establecimiento del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER), las zonas de prioridad residencial (como el Barrio de las Letras o Embajadores), el soterramiento de la M-30...
El acto de ayer servía para dar a conocer la red de suministro de combustibles alternativos. El Consistorio asegura que durante este año contará con 31 estaciones distintas para repostar gas natural, gas licuado o bioetanol, además de 280 puntos de recarga eléctrica. En comparación, en 2007 Madrid contaba con 11 puntos de recarga de combustibles menos contaminantes. Entre las nuevas estaciones se encuentran cuatro de gas natural comprimido, que se situarán en Moncloa-Aravaca, San Blas, Villaverde y Vicálvaro.
Botella se refirió al esfuerzo del Ayuntamiento en renovar su flota municipal con vehículos menos contaminantes. Según fuentes de su concejalía, todos los camiones de basura funcionan ya con gas natural, así como el 100% de los vehículos del Servicio de Limpieza Urgente (Selur), mientras que los vehículos que se utilizan en parques y jardines son eléctricos, y los que se sirven para inspección municipal de limpieza y residuos usan bioetanol.
La situación que ha vivido Madrid estos días es, según el alcalde, un "episodio anticiclónico" que hace 10 años hubiera originado que se llegara, "si no a los niveles de alerta, sí de aviso a la población", cosa que ahora no se ha producido. Reiteró que establecer restricciones a la circulación supondría un golpe económico importante en estos tiempos de crisis. Según sus datos, en Madrid se producen al día 2,5 millones de desplazamientos en vehículos privados, de los que el 30% son de ciudadanos de Madrid y el 70% restante de personas de otros municipios. El alcalde acabó culpando de la contaminación al Gobierno por favorecer fiscalmente la compra de vehículos diésel.
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