La Generalitat pide que no se impute a cargos de CDC por el 'caso Palau'

La Generalitat de CiU pretende que el juez del caso Palau no impute a altos cargos de Convergència Democràtica (CDC) por el supuesto cobro de comisiones ilegales por valor de 5,9 millones de euros de la empresa Ferrovial. Con el nuevo Ejecutivo presidido por Mas, el Consorcio del Palau de la Música ha cambiado de criterio de forma sorprendente y ha enviado dos escritos al juez en los que le solicita que no impute al ex tesorero del partido Daniel Osàcar ni al actual secretario de Inmigración convergente, Àngel Colom.

En el consorcio están representados tres niveles de la Administración: el Ministerio de Cultura, el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat, que tiene la mayoría y ha tomado la decisión de forma unilateral a través de sus servicios jurídicos, como avanzó ayer el diario Avui. Estos servicios dependen directamente de Presidencia.

Los letrados de la Generalitat basan su petición en las declaraciones de Jordi Montull, uno de los saqueadores confesos del Palau de la Música. En el primero de esos escritos, que fue entregado el lunes en el juzgado, la abogada Yolanda Hernández Darnés recuerda que, según Montull, el nombre de "Daniel" que aparecía en el informe de los peritos judiciales a no alude al entonces tesorero Daniel Osàcar. El texto no solo da credibilidad plena a las declaraciones de Montull; también subraya que, en su comparecencia, Elisabeth Barberà -que fue secretaria personal del principal responsable del saqueo, Fèlix Millet- dijo no conocer a Osàcar ni haberlo visto nunca en el Palau.

La Generalitat, en nombre del consorcio, concluye que no hay nuevos elementos de prueba ni necesidad de abrir una pieza separada para investigar el supuesto cobro de comisiones. El 15 de noviembre del año pasado, todavía bajo el tripartito, el consorcio pidió la imputación de Osàcar y Colom en consonancia con la fiscalía. Dos meses después, con CiU asentada en la plaza de Sant Jaume, el planteamiento ha girado 180 grados.

La decisión del consorcio, tomada a espaldas del ministerio y del Ayuntamiento barcelonés, levantó una enorme polvareda política, aunque el Gobierno catalán trató de esquivar el golpe. En el Parlament, el jefe de la oposición, el socialista Joaquim Nadal, pidió explicaciones a Mas. Este renunció a aclararlo en su turno de réplica. Por la tarde, Presidencia se limitó a enviar un escueto comunicado en el que viene a decir que los servicios jurídicos defienden lo que creen que es mejor para el consorcio.El Gobierno expresó en el comunicado su "plena confianza en la profesionalidad" de los abogados y aseguró que su único interés en el caso Palau es defender "el interés público y el Estado de derecho". No lo ve de la misma forma la oposición, que considera una deslealtad el cambio de criterio y pide que el consorcio vuelva a estar en sintonía con la fiscalía y solicite la imputación de los cargos de Convergència.

Nadal retó a Mas a aclarar si el Gobierno ha presionado al consorcio para evitar la imputación de personas de su partido. ICV-EUiA y Ciutadans también solicitaron explicaciones al presidente sobre el cambio de criterio del consorcio. Los ecosocialistas pidieron saber si los servicios jurídicos han recibido "instrucciones" y Albert Rivera aseguró que si Mas guarda silencio "estará demostrando que utiliza la presidencia para frenar la imputación de personas de su círculo de confianza".

Las otras Administraciones implicadas en el consorcio expresaron su "sorpresa" por que la decisión se haya tomado a sus espaldas. "Nos hemos enterado por los medios de comunicación", dijo la portavoz del Gobierno municipal, Assumpta Escarp. "El consorcio ha seguido siempre los pasos que ha marcado la fiscalía. No quiero creer que el cambio en la Generalitat tenga que ver con esto", añadió el representante del Consistorio en la institución, Jordi Martí, que pedirá una reunión urgente de la entidad.

El informe entregado al juez por la Agencia Tributaria en agosto del año pasado constata que CDC se embolsó 5,9 millones en comisiones ilegales de hasta el 4% de las obras públicas adjudicadas por los Gobiernos de Jordi Pujol desde el año 2000. Según los peritos, el Palau se quedaba con entre el 0,5% y el 1,5% del importe de esas obras. El resto iba a parar a las arcas del partido nacionalista, tanto en metálico como a través de la Fundación Ramon Trias Fargas.

Tras esas revelaciones, la fiscalía y el consorcio solicitaron que se abriera una pieza separada, así como la imputación de Osàcar y de Colom. Ya entonces, la decisión irritó profundamente al candidato Mas, que vio en ello intereses electoralistas. Pero, una vez más, la lentitud del juez Juli Solaz impidió que el caso avanzara. Solaz está ahora fuera de escena -hace unos días abandonó el juzgado para ocupar un puesto en la Audiencia de Barcelona- y la investigación sigue pendiente. Después del triunfo de CiU en las elecciones, Osàcar, de 75 años, renunció al cargo de tesorero, para alivio de Mas.

La intención del Gobierno catalán de bloquear la investigación podría suponer un daño económico para el erario público. La abogada de la Generalitat que firma los escritos, sin embargo, no lo ve así. A su juicio, la decisión de la fiscalía de abrir una pieza separada puede "arrastrar" hacia allí "todo el contenido de la pieza principal", de forma que "se lesionarían de forma grave los intereses del Palau".

En el primero de los escritos se afirma que deben evitarse las imputaciones "por razones de seguridad jurídica" y se solicita que no se abra una pieza separada. En el segundo, entregado solo un día después (el martes), se precisa que "si se procede a la apertura de una pieza separada", no se impute a los cargos de CDC.

Un portavoz del Palau de la Música rechazó ayer comentar la decisión del consorcio y aseguró que la institución pretende que se aclaren los hechos y se depure cualquier responsabilidad por el saqueo.