Irlanda pide el rescate a Europa y aprueba un drástico recorte social
El segundo país europeo en medio año que requiere auxilio necesitará unos 80.000 millones
La crisis del euro se cobró ayer su segunda víctima en poco más de seis meses. Tras una semana resistiéndose a aceptar las ofertas de rescate, Irlanda capituló ayer y anunció que necesita el salvavidas europeo y del Fondo Monetario Internacional (FMI). Pidió una línea de crédito que ascenderá a unos 80.000 millones de euros para reestructurar su sistema financiero, tieso tras el pinchazo de una enorme de burbuja inmobiliaria, y para calmar las aguas en el mercado de deuda, donde el Tigre Celta ha recibido de lo lindo en las últimas semanas. "Son momentos difíciles para Irlanda", acertó a decir el primer ministro, Brian Cowen, en una comparecencia ante los medios pasadas las nueve de la noche, tras un consejo de ministros maratoniano. La eurozona y el FMI dieron el visto bueno a la petición de ayuda, que podría cerrase en las próximas dos semanas, y el Tesoro británico se sumó asegurando que "está listo" para participar en el rescate.
El sector financiero se reestructurará para reducir su tamaño
El Gobierno se niega a subir el discutido impuesto de sociedades
Grecia fue el primero en caer, y ahora Irlanda confirma que la crisis europea está bien viva. Porque no hay una crisis griega ni una irlandesa: los mercados tienen en el disparadero a toda la periferia de Europa. Es el euro, en última instancia, el que vuelve a estar en la diana. Y el ataque llega siempre por el flanco más débil: el coste de la deuda irlandesa se ha disparado en los mercados y el agujero de los bancos se ha convertido en un problema "demasiado grande para el país", reconoció el ministro de Finanzas, Brian Lenihan. "La petición de rescate debería ayudar a rebajar la tensión en los mercados", aseguró Julian Callow, economista jefe de Barclays, ante el miedo al contagio hacia Portugal y, en última instancia, a España. Ese es el gran temor de los socios de Irlanda en la eurozona, cuyos ministros de Finanzas mantuvieron una reunión de urgencia para estudiar la crisis irlandesa. El contagio puede llegar por dos vías: a través de los bancos -las entidades alemanas y las británicas tienen riesgos acumulados de más de 250.000 millones en la banca irlandesa- o en los mercados de deuda, que viven momentos de gran tensión.
Irlanda es un país cargado de deudas, casi sepultado por ellas. Públicas, pero sobre todo privadas: las familias, las empresas y los bancos están endeudados hasta las cejas tras una burbuja inmobiliaria que se fue hinchando durante más de 10 años de crédito fácil y barato. Ese boom permitió a los irlandeses tener mayor renta per cápita que los alemanes; el salario mínimo roza los 1.500 euros mensuales. Pero cuando las burbujas explotan dejan un reguero de víctimas y profundas cicatrices: junto a la petición del rescate, el Ejecutivo aprobó también un severo plan de austeridad que obligará a Irlanda a ajustarse el cinturón. Dublín trata de anticiparse así a las condiciones que exigirán la eurozona y el FMI para dar el visto bueno a las ayudas. Pero son las instituciones europeas y el Fondo quienes tienen la última palabra sobre los deberes de Irlanda a partir de ahora.
Tratándose de economía, ningún rescate sale gratis: junto con la petición de ayuda (en realidad, una línea de crédito a un tipo de interés que podría rondar el 5%, si se repiten las condiciones del rescate griego), el Gobierno irlandés aprobó un paquete de recortes severo, de 6.000 millones el año próximo y un total de 15.000 millones -el 10% del PIB- en los próximos cuatro años. Apenas hay detalles aún, pero lo que es seguro es que los irlandeses pagarán más impuestos -tras unos años en los que el país hizo bandera de la baja fiscalidad- y sufrirán el tijeretazo en el gasto público en los sueldos de los funcionarios, en el citado salario mínimo, en los subsidios, en las prestaciones sociales y en las inversiones. Ese plan de recorte debe recibir aún el visto bueno de los socios europeos, que podrían pedir más austeridad al Gobierno de Brian Cowen, atendiendo a eso de que quien paga, manda. En el centro del debate está un impuesto de sociedades del 12,5%, el más bajo de la zona euro, que para el Gobierno irlandés es esencial para superar la crisis y para el resto de Europa supone un ejemplo flagrante de competencia fiscal desleal. Cowen reiteró que ese 12,5% no estará en el debate.
El nuevo plan de austeridad, además, aún tiene que pasar por un Parlamento en el que el partido del Gobierno está cada vez más debilitado. Las cicatrices que dejan los estallidos de grandes burbujas suelen ser muy dolorosas. Y en Irlanda van a tardar en cerrarse: en las próximas semanas hay varias elecciones parciales que podrían castigar la débil mayoría del Fianna Fail (el partido liberal, en el poder desde tiempos inmemoriales) y pueden dificultar la aprobación del paquete.
Rescate europeo y austeridad fiscal son el futuro inmediato de Irlanda. Pero Lenihan explicó que el Ejecutivo tiene también en la mirilla al sistema financiero, causante de muchos de los males de Irlanda y sobredimensionado tras los años de burbuja. La banca sigue siendo un quebradero de cabeza para Irlanda porque el agujero en su cuenta de resultados no deja de crecer. "La reestructuración de la banca incluirá una reducción de su tamaño con el objetivo de que el sistema financiero pueda sostenerse por sí mismo en el futuro", dijo Lenihan a los periodistas en una rueda de prensa tensa y multitudinaria.
La irritación en Dublín era ayer evidente. Hubo tensión a la entrada de los miembros del Gobierno en el consejo de ministros extraordinario, con protestas de varios ciudadanos. Y lo previsible es que esa tensión aumente a medida que se conozca el detalle de las subidas de impuestos y recortes de gasto. "Los casi 100.000 millones que se piden a la eurozona no son una ayuda, sino un préstamo que habrá que devolver con altos tipos de interés. La factura sale a unos 23.000 euros por irlandés: los ciudadanos tendrán que pagar mucho dinero para salvar a sus bancos y por la pésima gestión del Gobierno", advirtió a este diario Philipe Legrain, de la London School of Economics.
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