Y la Justicia levantó alfombras

La parte más fea de la política, la corrupción, ha llegado a los dos grandes partidos catalanes, CiU y el PSC, poniendo fin al mantra que rezaba que "en Cataluña no hay corrupción urbanística". En apenas tres meses, el año pasado se sucedieron dos casos que hicieron mella donde más dolía a cada una de esas formaciones. El caso Palau trasladó a los juzgados las presuntas comisiones por obra pública que presuntamente requirieron los Gobiernos de Jordi Pujol a la constructora Ferrovial y resucitó el fantasma del 3%, que parecía estar enterrado desde que lo mentó el ex presidente Pasqual Maragall. La Operación Pretoria, que puso en marcha el juez Baltasar Garzón, se llevó por delante al ex alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, uno de los ediles más populares y con más tirón del cinturón rojo de Barcelona, además de dejar imputados a una veintena de cargos públicos y empresarios.

Los nacionalistas defendieron a los suyos, mientras que Montilla pidió perdón

Los casos del Palau de la Música y Santa Coloma de Gramenet se han convertido, por su dimensión, en los epicentros de la corrupción en Cataluña. La primera causa tocó de lleno a una de las instituciones y uno de los apellidos más ilustres del catalanismo, el de Fèlix Millet, instalado en las principales entidades y consejos de administración catalanes, y homenajeado hasta la saciedad en los últimos años. Lo que empezó siendo, sin embargo, un caso de presunto expolio del Palau para el enriquecimiento personal de Millet ha acabado por acorralar a Convergència por el presunto cobro de comisiones procedentes de la constructora Ferrovial con Millet como intermediario.

La Oficina Antifraude de Cataluña y los peritos de Hacienda emitieron sendos informes en los que apreciaron "indicios" de que el dinero de Ferrovial, disfrazado de patrocinio al Palau, iba a CDC por varias vías: de forma directa a través de sus tesoreros, mediante la Fundación Trias Fargas -hoy denominada Catdem- y usando a empresas de mercadotecnia electoral que facturaban cantidades al Palau por trabajos que presuntamente nunca realizaron. Y también concluyeron que esos pagos correspondían a supuestas comisiones por grandes obras, como las de la línea 9 del metro y la Ciudad de la Justicia. A raíz de esos informes, la Fiscalía de Barcelona ha pedido al juez instructor que impute al tesorero de CDC, Daniel Osàcar. El ministerio público ha pedido encausar, además, al secretario de Inmigración del partido, Àngel Colom, quien admitió haber cobrado de Millet 75.126,51 euros.

El PSC también se ha visto salpicado por el caso por la polémica operación que tenía como fin construir un hotel junto al Palau de la Música, por la que el ex secretario general de Presidencia y concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona, Ramón García-Bragado, ha sido imputado por el juez.

Si el emblemático inmueble modernista era la imagen de la corrupción en la capital catalana, en Santa Coloma de Gramenet lo era Cubics, un edificio todavía en construcción que simbolizaba un salto adelanto para una ciudad gobernada con mayoría absoluta por el PSC. A raíz de esa operación iniciada por Garzón fueron arrestados el alcalde de la ciudad, Bartomeu Muñoz; su concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco; el ex diputado Luis García Sáez, Luigi, y los ex altos cargos de Pujol Macià Alavedra y Lluís Prenafeta. Un año después, una veintena de empresarios y cargos públicos están imputados y la investigación ha arrojado multitud de informes que proporcionan abundantes pruebas de irregularidades administrativas que podrían constituir varios delitos: tráfico de influencias, blanqueo de capitales o cohecho.

Tras el escándalo de Pretoria, el PSC lanzó un plan contra la corrupción para frenar el desgaste que supuso el caso para el tripartito y la desafección ciudadana. El líder del partido, José Montilla, incluso salió a pedir perdón a los ciudadanos y admitió el daño que la trama había hecho a sus siglas. Los imputados fueron expulsados del partido y García-Bragado fue apartado de su cargo. Convergència, en cambio, defendió la inocencia de Prenafeta y Alavedra, que se dieron de baja del partido, hizo lo mismo con Osàcar y atribuyó el caso Palau a una conspiración para dejarles fuera del acceso a la Generalitat.