Emarsa financió la fundación Agua y Progreso a pesar de sus pérdidas

La empresa Emarsa, propiedad de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), financió en 2009 y 2010 con 24.000 euros la fundación pública Agua y Progreso, creada por la Generalitat en 2004 para defender el trasvase del Ebro, según se desprende de la documentación contable de la empresa. Emshi acordó el pasado julio, gracias a la mayoría del PP en el órgano metropolitana, liquidar Emarsa tras acumular un déficit de 16 millones de euros. Desde su creación, hace seis años, la fundación Agua y Progreso ha organizado campañas y actos de protesta por la derogación del trasvase del Ebro aprobada por el Gobierno del PSOE en 2004.

Las irregularidades no paran de aflorar, de ahí que los socialistas primero y después la propia junta de gobierno del Emshi hayan trasladado la contabilidad a la fiscalía de la Audiencia Provincial de Valencia para que investigue. La empresa pública, que dirigía Esteban Cuesta, miembro de la dirección local del PP y presidente de la Agrupación del distrito de Pedanías Oeste del Ayuntamiento de Valencia, se encargaba de la depuración de aguas negras del área metropolitana de Valencia, de ahí que sea difícil entender la contribución de 24.000 euros a una fundación de la Generalitat para mantener viva la reivindicación del trasvase. Emarsa gastó además en 2009 un total de 140.249 euros en viajes, todos facturados por una misma empresa, Viajes Benimàmet, pedanía de la que el gerente Esteban Cuesta fue alcalde. Y todo ello mientras la situación de la empresa era prácticamente de ruina técnica.

Las irregularidades denunciadas por los consejeros socialistas en la empresa antes del verano se acumulan. Ramón Marí, alcalde de Albal y portavoz de todos ellos, cifra en 20 millones de euros el valor de las contrataciones realizadas por Emarsa sin concurso público entre los años 2003 y 2009."Mientras el volumen de trabajo de Emarsa se ha reducido entre 2003 y 2009, la contratación de servicios externos sin control se ha incrementado el 700%, lo que ha activado todas nuestras sospechas", apunta Marí. Las auditorías revelan que Emarsa no tramita ningún expediente de contratación y recomiendan año tras año que se garantice la fiscalización de los contratos y expedientes.

La auditoría operativa de 2009 realizada por la firma Mazars revela la existencia de "firmas autorizadas para disponer individualmente sin límites" de los fondos. Mazars recomienda "establecer límites razonables de disposición individual y exigencia de firmas mancomunadas por encima de esos límites".

Así, a los 16 millones de euros de deuda se añade un contrato blindado firmado a principios de 2010 con la sociedad Notec que, de rescindirse, le supondría al Emshi el pago de una indemnización de entre 34 y 40 millones de euros.

Los técnicos han encontrado otras anomalías, como el intento de cuatro empresas de informática y de mantenimiento de facturar un millón de euros a Emarsa por servicios y obras no realizadas. Cada día, la lista de interrogantes se hace más larga.

Por último, los sueldos de los once primeros directivos de Emarsa han supuesto para la sociedad gestora de la depuradora de Pinedo un gasto de 1,2 millones de euros anuales (se incluyen los gastos de la Seguridad Social).

Escándalo

La secretaria provincial de Valencia del PSPV, Carmen Martínez, y el propio Marí calificarón de auténtico escándalo los datos que cada día afloran sobre la gestión de Emarsa. "Nos han negado hasta el orden del día completo", describía Martínez en alusión a la imposibilidad de su partido para acceder a las cuentas de una sociedad, donde el PP tiene la mayoría. Martínez apuntó a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, como responsable del desaguisado en Emarsa. La dirigente socialista recordó que sólo el Ayuntamiento de Valencia tiene el 48% de los votos de la Emshi, propietaria de Emarsa y remachó que un gran número de directivos de Emarsa eran o son del entorno del PP local. Martínez insinuó que el caso revelará un posible caso de financiación irregular del partido en la ciudad de Valencia. La alcaldesa ya ha dicho que la llevará a los tribunales por la gravedad de las acusaciones.